Contra Línea
Más de 4 mil 300 personas han sido víctimas de trata de personas en territorio nacional. Datos del SESNSP exhiben que del 57 al 77 por ciento de las víctimas son mujeres. Especialistas en la materia aseguran que México se ha vuelto un foco rojo: por ser país de tránsito, origen y destino de personas esclavizadas
En México se han registrado 4 mil 374 víctimas de trata entre enero de 2015 y febrero de 2021, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Las cifras oficiales indican que en 2015, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se anotó el número más alto de víctimas de trata con 1 mil 171; le siguen: 2016, con 782; y en 2018, con 574. Luego, ya en la administración actual, en 2020 con 673. Mientras que los años en que bajaron los casos fueron: 2019, con 544 víctimas, y 2017 con 573. Y en lo que va de este 2021 se lleva un registro de 95.
En el informe Presuntas víctimas mujeres de trata de personas: tendencia nacional se evidencia que el porcentaje mayor de víctimas corresponden al sexo femenino. En 2015 fue de 57.72 por ciento; para 2016, se elevó al 77.62 por ciento (el más alto en el periodo analizado); 2017 llegó a 66.31; 2018, 62.71; 2019, 59.58; y 2020, 67.45 por ciento. De enero de 2021, donde el registro total de víctimas es 36, hay 18 mujeres que sufrieron este delito.
El Protocolo de Palermo define como trata de personas a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, “recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
“Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”, señala.
Teresa Ulloa Ziáurriz, directora Regional en la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por su sigla en inglés), comenta que es preocupante la situación que hay en el país, pues pareciera que “no se está haciendo nada. Han aumentado las redes, las rutas, los lugares donde se explota.
“Estamos clasificados como que México produce el 60 por ciento de toda la pornografía infantil y, durante el confinamiento, aumentó al 73 por ciento el consumo de este delito. Nadie ha hecho nada. Lo único que hizo la policía cibernética fue bajar las páginas. Yo no he sabido que hayan entrado a investigar”.
Diagnóstico de EU
El Reporte sobre trata de personas 2020, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, indica que México se encuentra en un Nivel 2 de riesgo en esta materia, correspondiente a los países que cuyos gobiernos no cumplen plenamente con los estándares mínimos para eliminar este delito, pero hacen esfuerzos significativos para cumplir con esos estándares. “El gobierno de México no cumple plenamente las normas mínimas para la erradicación de la trata de personas; sin embargo, se empeña en lograrlo”, detalla.
“Tristemente, nuestro país no tiene estudios propios, y tenemos que basarnos en los que hace el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre México”, comenta el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia de México (Redim), Juan Martín Pérez García.
El defensor de derechos humanos destaca que en la nación ya se tiene evidencia de “trata histórica”, con lugares que son “paraísos de impunidad”: como Cancún, Quintana Roo, donde se registró el “caso terrible” del empresario Jean Succar Kuri, acusado de manejar una red de pornografía infantil, “que sigue operando”.
El especialista en los derechos de la infancia acusa que la “mafia rusa” también “está a todo lo que da” con este tema en Cancún. También hay indicios en Puerto Escondido y Zipolite (Oaxaca). Y en Acapulco (Guerrero), “operan redes históricas, con grupos norteamericanos”, así como en Puerto Vallarta (Jalisco).
El director Ejecutivo de la Redim suma a Baja California y Baja California Sur como entidades donde se ha identificado la práctica de este crimen, especialmente “el patio trasero de Estados Unidos, Tijuana, donde hay un grupo de redes de macro criminalidad que operan desde hace mucho tiempo y que tienen protección institucional”.
Indica que los delincuentes dedicados a esta actividad operan con la población migrante, aunque de esto se conoce muy poco por la falta de documentación. Asimismo, la web profunda se ha convertido en “un mercado impresionante para vender e intercambiar material de producción casera… Hay personas que están encontrando que hacer producción propia, con los hijos, con los sobrinos y demás genera ingresos; hay casos que se están documentando y denunciando, pero es enorme y no es tan poco fácil de identificar”.
El análisis estadunidense reconoce que en esta administración se han llevado a cabo acciones para combatir esta problemática. Precisa: “Las autoridades iniciaron 133 investigaciones federales (así como un caso de trabajo forzoso) y al menos 545 investigaciones estatales por trata en 2019, en comparación con 112 federales y 304 estatales en 2018; 127 federales y 298 estatales en 2017; 188 federales y 288 estatales en 2016; y 250 federales y 415 estatales en 2015. Asimismo, iniciaron los enjuiciamientos de al menos 522 personas en casos federales y estatales en 2019, con respecto a 510 en 2018, 609 en 2017, 479 en 2016 y 578 en 2015. El gobierno citó además que otras 30 personas se encontraban en detención preventiva por delitos de trata; estos casos están en espera de enjuiciamiento”.
Entre las observaciones, expone el documento, los tratantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras en México y a víctimas mexicanas en el exterior. Los grupos más expuestos a este delito son las mujeres, los niños y los menores no acompañados, los indígenas, los migrantes, las personas de la diversidad sexual LGBTQI (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer e intesexual) y las que tienen discapacidades físicas e intelectuales.
“Los tratantes reclutan y explotan a mujeres y niños mexicanos y, en menor medida, a hombres y personas transgénero para la trata sexual en México y en Estados Unidos, haciéndoles falsas promesas de empleo o de relaciones románticas, o mediante extorsión”, precisa el informe estadunidense.
Además, este tipo de delincuentes someten a sus víctimas a trabajo forzoso en la agricultura, el servicio doméstico, los cuidados infantiles, el sector de manufactura, la minería, la elaboración de alimentos, la construcción, el turismo, la mendicidad y la venta callejera, tanto en México como en Estados Unidos.
“Explotan también a los jornaleros y a sus hijos por medio de trabajo forzoso en el sector agrícola de México. Esos trabajadores migran de los estados más pobres a las regiones agrícolas para cosechar verduras, café, caña de azúcar y tabaco; reciben poca o ninguna remuneración, atención médica y tiempo libre; se alojan en viviendas en condiciones ínfimas y, en el caso de los niños, se les niega la educación escolar”, enfatiza.
La delincuencia organizada lucra con la trata sexual y obliga a las víctimas de este delito a participar en actividades ilícitas, “incluso como asesinos o vigilantes y en la producción, el transporte y la venta de drogas”.
CNDH pide atención en refugios
Otro de los documentos que señala la magnitud y deficiencias en la atención del delito es el Diagnóstico sobre la situación de trata de personas en México 2019, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en un periodo comprendido entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017 contemplaba a 5 mil 245 víctimas de trata en el país.
En éste se hace énfasis en que a nivel nacional “únicamente 12 procuradurías y fiscalías generales cuentan con algún albergue, refugio o casa de medio camino donde se pueden atender a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas. En conjunto, se reportan 10 refugios, nueve albergues y una casa de transición, pero uno de los albergues dejó de operar en noviembre de 2017”. El documento de la CNDH resalta que “no todas esas infraestructuras” brindan atención únicamente a las víctimas de este delito o se encuentran especializadas para ello.
La CNDH ha recomendado al Estado mexicano realizar visitas a las instalaciones de los albergues, casas de medio camino y refugios para proveer la debida asistencia y protección a víctimas y ofendidos durante su recuperación.
