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El presidente Joe Biden urgió al Congreso a encontrar «soluciones a largo plazo» para poder crear un «sistema migratorio humano y poder abordar las causas de raíz de la inmigración».
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó dos proyectos de ley sobre migración, que podrían estancarse en el Senado si no se alcanza el respaldo necesario.
Uno ofrece una vía a la ciudadanía a aproximadamente dos millones de dreamers y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS. El segundo, busca dar estatus legal a un millón de trabajadores del campo.
La líder demócrata Nancy Pelosi dijo que los dreamers son “verdaderos y legítimos herederos de los padres fundadores” del país. “Los padres traen a sus hijos, sus esperanzas, sus sueños y sus aspiraciones para lograr un mejor futuro para sus hijos. Esa valentía, esa determinación, esas aspiraciones son rasgos estadounidenses”.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, saludó la aprobación de ambas propuestas y consideró que es “un paso importante” para reconocer las contribuciones que las personas migrantes realizan a la sociedad y economía de ese país.
Sin embargo, el diario New York Times aseguró, citando fuentes en México y el extranjero, que la administración de Joe Biden está presionando silenciosamente a México para frenar el flujo de migrantes que llegan a la frontera, como lo hizo su antecesor Donald Trump.
La larga batalla de los soñadores
Los cerca de 700 mil “soñadores”, la mayoría de América Latina, han luchado para lograr una solución a su situación migratoria por décadas.
En 2012, el presidente Barack Obama les otorgó un estatuto de protección mediante una acción ejecutiva que estableció la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un decreto que les permitió estudiar, trabajar, conducir y los cobijó de la amenaza de las deportaciones.
Sin embargo, Donald Trump canceló este estatuto, lo que ocasionó una batalla judicial que terminó en la Corte Suprema, que en 2020 se pronunció a favor de los jóvenes.
El decreto de Obama benefició a unos 700 mil jóvenes, pero actualmente esta regularización calificaría a millones de personas.
