- Decisión por la probable responsabilidad en que pudiera haber incurrido en el desempeño de sus funciones
- Posicionamiento del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado
SINFUERO
Con relación a la causa penal 28/2018, donde la jueza Isabel Álvarez Ramos, del juzgado penal del Distrito Judicial de San Cristóbal dictó sentencia absolutoria a favor de Omar Fernando Rosales Toledano, quien se encontraba privado de su libertad por el delito de feminicidio perpetrado en contra de Viridians Flores Ramírez, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado emite el presente comunicado.
1.- Es importante hacer de su conocimiento que todos los procesos judiciales tienen sus ritmos, sus tiempos y sus instancias. Esta sentencia en el caso que nos ocupa, no es definitiva, toda vez que existe la posibilidad de las partes para interponer el recurso de apelación, y en contra de esta misma, cabe el juicio de amparo directo.
2.- Las y los juzgadores, por disposición de ley, son autónomos en sus resoluciones y por ende no tienen obligación de consultar con nadie sus determinaciones; ni los magistrados, ni los consejeros, ni el presidente, están facultados legalmente para instruirlos para que se pronuncien en determinado sentido.
3.- El Consejo de la Judicatura es un órgano encargado, entre otros, de la vigilancia y disciplina del personal al servicio del Poder Judicial del Estado, por lo cual, ante los hechos y conforme a lo dispuesto en la normativa, ordenó de inmediato una investigación, instruyendo a la coordinación de Visitaduría, conformada por un grupo de magistrados expertos dedicados a revisar el debido proceso, a realizar una visita extraordinaria al juzgado de la causa penal ya mencionada.
4.- Como resultado preliminar de la visita, se determinó que existen elementos suficientes para suspender en sus funciones, en los términos que marca la ley, a la jueza Isabel Álvarez Ramos, así como a la Secretaria de Acuerdos y a la Actuaria, por la probable responsabilidad en que pudieran haber incurrido en el desempeño de sus funciones, toda vez que se advierten indicios de actitudes extrañas e inusitadas, entre otras anomalías, por parte de las funcionarias referidas, que se hicieron constar en el acta respectiva, mismas que servirán para la determinación final por parte de este Consejo.
El propio Consejo determinó inmediatamente iniciar el procedimiento de responsabilidad en contra de la jueza Isabel Álvarez Ramos y el personal mencionado, para determinar el grado de responsabilidad que pudieran tener y que dé lugar a la suspensión definitiva, y en su caso, dar la intervención al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones.
El Poder Judicial del Estado ratifica su compromiso con las y los chiapanecos, de impartir justicia y combatir la impunidad, evitando en todo momento actos de corrupción.
