“Me da impotencia que las autoridades, Fiscalía y el presidente nos estén abandonando”, dice Óscar Kábata, quien busca justicia por la tortura que sufrió. El general señalado se acaba de jubilar tranquilamente, con un sueldo de 74 mil pesos.
“Estábamos en una protesta pacífica, dentro de Segob, cuando brincan el barandal, los policías, nos empiezan a golpear. Yo fui la más golpeada, tengo moretones en varias partes del cuerpo”, recuerda la señora Laura Kábata sobre lo ocurrido el pasado 4 de febrero frente al edificio de Bucareli, en la Ciudad de México. Tenía varios días en un plantón permanente afuera de la Secretaría de Gobernación junto con otros familiares de víctimas de desapariciones, torturas y asesinato que exigen atención a sus casos.
Las fotografías muestran la carne antes blanca ahora morada y rosa; retazos de piel molida y rastros de más golpes. Pero Laura no se fue ni se rindió. Interpuso una denuncia y continuó su lucha por justicia para su hijo Óscar Kábata, torturado en 2009 a manos del general Felipe de Jesús Espitia, quien hasta hace menos de un año cobraba un sueldo de 115 mil pesos en la administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, como coordinador de asesores en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM).
Durante la investigación de un reportaje publicado el 3 de marzo de 2020 por estos periodistas, el general salió del organigrama. Una respuesta obtenida vía Acceso a la Información confirmó que Espitia Hernández presentó su renuncia el 28 de febrero del año pasado, aludiendo escuentamente que se retiraba “por así convenir a mis intereses”. Desde entonces se mantiene de la jubilación que le proporciona el Estado Mexicano. Así: sin una orden de aprehensión, sin ser detenido… en libertad absoluta.
La realidad es que la historia de este general se remonta a décadas atrás. Por alguna razón logró permanecer como funcionario durante varios sexenios, sin ser castigado ni llamado a rendir cuentas, a pesar de que carga en su pasado varias acusaciones de tortura, asesinato y desapariciones.
¿Puede vivir en paz un militar que fue la cabeza máxima de operativos como el Conjunto Chihuahua, y otras misiones más que arrastran víctimas y violaciones a derechos humanos ya comprobadas?
Parecería que sí: además, con un ingreso de 74 mil 577 pesos mensuales, de acuerdo con los registros de pensiones del gobierno federal consultados por EMEEQUIS.
En entrevista con esta revista digital, Óscar Kábata asegura que, 12 años después de haber padecido vejaciones por parte de integrantes del Ejército, los torturadores pueden estar en la playa, mientras que las víctimas siguen pagando las consecuencias.
“Me da impotencia que las autoridades, fiscalía, el presidente, a pesar de que fuimos su bandera de campaña las víctimas, simplemente nos esté abandonando, la sociedad también, veo como son indiferentes y se me hace increíble que esté pasando esto, que los buenos estén pagando y que los malos estén en una playa, me imagino, disfrutando de todo el dinero que se han robado, o todo lo que aceptaron de sobornos”, asegura.
UNA MUJER EN UNA JAULA, SOBRE UN COLCHÓN
Dos hombres se encuentran buscando ganado en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, cuando militares los emboscan y someten. Los amarran, golpean y amenazan con sumergir en el río hasta que no puedan aguantar sin respirar; entonces, desde las fosas nasales hasta la garganta, el cuerpo se llenará de agua y morirán ahogados. El calendario marca el 4 de diciembre de 2009.
Los acusan de ser dueños de tierras donde los soldados dicen que encontraron un sendero de mariguana, en tierra de cultivos y dominio de cárteles. Cuando uno de ellos no pudo caminar más por las heridas de la tortura –una fractura en el arco costal izquierdo– fue abandonado, malherido. El cadáver del otro fue encontrado al día siguiente en el camino a la Mesa, en el municipio de Tepehuanes. Tenía una fractura cervical que provocó su muerte; lesiones dermoabrasivas en el tórax, espalda y extremidades; lesiones equimóticas alrededor de las muñecas y tobillos, además de fractura en el húmero derecho.
Un diciembre atrás, el de 2008, día 23, una mujer fue metida a una jaula con un colchón en las instalaciones de la 5/a Zona Militar en Ojinaga, después de ser sacada con violencia de su casa, sin ninguna orden.
“Ahorita vas a cantar”, le dijo un mando, después de amarrarla a la jaula con esposas en cada mano, para que quedara colgada. Para ese momento ya le habían quitado el pantalón. Con un cinturón empezó a golpearla en la espalda, las piernas y el abdomen, hasta que ella se desmayó por el dolor.
“¿Cuánto vale tu libertad?”, “dame 50 mil y te suelto”, le decía, pero ella ya no lograba responder nada, fue entonces que otro militar la violó por vía anal. Para disminuir la evidencia de la tortura, médicos de la Sedena la “revivieron” y atendieron sus heridas.
Pero la historia no terminó ahí: tras siete días en el cuartel, el 30 de diciembre fue llevada al Ministerio Público, donde la consignaron por delitos contra la salud.
Estos son sólo esbozos de prácticas de privación grave de la libertad, tortura, violación y violencia sexual que integrantes del Ejército cometieron durante el Operativo Conjunto Chihuahua, cuyo mando era el general Felipe de Jesús Espitia Hernández, y que fueron documentadas en un extenso expediente que las familias de las víctimas entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tras años de búsqueda de justicia, de recabar información que era ignorada por los gobiernos, abogados, familias de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil detectaron patrones criminales de este Operativo en 33 casos donde hubo tortura en agravio de 117 víctimas, con 232 elementos involucrados y la participación de 15 médicos militares en acciones de reanimación. Esta relatoría integra una queja que enviaron a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos por los hombres de Espitia entre el 27 de marzo de 2008 y el 16 de enero de 2010, en el gobierno de Felipe Calderón.
Todo comenzaba con cateos y detenciones sin órdenes de aprehensión, realizados principalmente en domicilios, después venían traslados a cuarteles –pero negando a familiares que tenían a los suyos–, donde se practicaban las torturas físicas y psicológicas, incluida la tortura sexual.
Pero había más violaciones graves: sepultura clandestina e inhumación de cuerpos, en los casos en que las víctimas morían a manos de militares, como sucedió el 22 de junio de 2008 cuando en las instalaciones del III CINE, una persona murió en las sesiones de tortura y, para deshacerse del cuerpo, lo incineraron con gasolina, pasto seco y madera, en una brecha de carretera con dirección a la ciudad de Camargo, según la relatoría entregada por ocho asociaciones civiles a la Comisión Interamericana y cuya base documental son 26 expedientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los cuales cuentan con informes finales, dos casos documentados en Los desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada, de la organización Human Rights Watch, y un centenar de solicitudes de información al gobierno mexicano y sus dependencias.
El modus operandi que los militares emplearon para encubrir los abusos fue la falsificación de pruebas: alteraban registros de las detenciones, desde el día, lugar y hora hasta la circunstancia: afirmaban que fue producto de la flagrancia delictiva, en la vía pública, tras un patrullaje o en un puesto de detención.
De acuerdo con un análisis para esta investigación a las radiografías delictivas, operación y escisiones de grupos del narcotráfico documentados por Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la FGR y la DEA estadunidense, el Operativo Conjunto Chihuahua coincidió con el inicio del enfrentamiento frontal entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa, así como el momento en el que Ciudad Juárez se convirtió en la urbe más violenta del mundo, entre 2008 y 2009, por su tasa de homicidios dolosos: 132 y 191 por cada cien mil habitantes, respectivamente. Más alta que países en guerra.
El Cártel de Juárez operó con tres células, La Línea, Los Aztecas y el Nuevo Cártel de Juárez, mientras que Sinaloa, a cargo de Joaquín “Chapo” Guzmán, con Gente Nueva y los Artistas Asesinos.
ESPITIA ESTABA AL TANTO…
En su historial, Espitia acumula señalamientos de proteger a grupos del narcotráfico. De 32 militares que fueron procesados por violaciones a derechos humanos durante el Operativo Conjunto Chihuahua, uno, el general de Brigada José de Jesús Moreno Aviña, reconoció en sus declaraciones que tenían como informantes a miembros de La Línea. “El Sebos” y “El Dani”, como los identificaban, ya están muertos, pero los protegía el Ejército y Espitia estaba al tanto, aseguró.
El Operativo, además, no redujo la presencia criminal, sino que la incrementó: en noviembre de 2008 Los Zetas ingresaron a Chihuahua, con su legado de muerte por tortura, desmembramiento y decapitación.
Con base en información de inteligencia federal, en 2011, por supuesto conducto de Los Linces, su grupo de sicarios conformado por exmiembros del Ejército –al igual que Los Zetas– el Cártel de Juárez les ofreció una alianza para enfrentar al “Chapo” Guzmán, que también tenía –aún sobrevive– un grupo de élite militar: el Partido Revolucionario Mexicano o Los Mexicles, formado también por integrantes de pandillas que fueron deportados de Estados Unidos.
La violencia en Ciudad Juárez tuvo, además de la tortura y el abuso militar, otros daños colaterales: uno de estos fue el desplazamiento forzado de 254 mil 426 personas entre 2007 y 2011, de acuerdo con un análisis realizado en esa época por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, además de legar pueblos fantasmas, desalojados por el temor y la muerte instaurada por el Ejército y los cárteles.
DE MILITAR A MILITAR
La tortura alcanzó a los propios miembros del escuadrón torturador. La recomendación 091/2011 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) da cuenta de descargas eléctricas, asfixia con bolsa de plástico y tortura sexual a través de golpes en los genitales a dos militares adscritos al 76 Batallón de Infantería en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 21 de agosto y 10 de septiembre de 2009.
Ellos fueron interrogados, lesionados y amenazados psicológicamente en las inmediaciones del Batallón por agentes de la Policía Judicial Militar que venían de la Ciudad de México, pero con el conocimiento y anuencia de sus superiores, Espitia, el principal de ellos. Buscaban información.
LO INEXISTENTE Y LO RESERVADO
Todo lo que lleve a Espitia, al Operativo Conjunto Chihuahua en el que se cometieron vejaciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales tiene carácter reservado o, para las autoridades, es información “inexistente”.
Incluso, la Presidencia de la República afirma que no encontró el documento que tiene la orden del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa para integrar el operativo, también llamado Operación de Alto Impacto Ciudad Juárez, tampoco la Sedena, que menos cuenta con evidencia de una orden general de operaciones, ni anexos, ni órdenes fragmentadas.
En decenas de respuestas a solicitudes de información dirigidas para este trabajo, ambas instancias aseguraron no contar con ninguno de estos documentos, que son rastros del actuar de los militares.
La Sedena dijo que no tiene parte de novedades diarios durante el periodo el operativo, ni informes de a quienes aplicó interrogatorios, dónde, por qué motivo, quién autorizaba ni cómo se conformaba su puesto de mando.
El historial militar del general Espitia lo tiene clasificado como reservado, con su longevo pasado en las fuerzas armadas y acusaciones por tortura desde el mandato de Ernesto Zedillo hasta el de Felipe Calderón, en activo aún con Enrique Peña Nieto y enviado a un puesto burocrático con Andrés Manuel López Obrador.
EL CASO KÁBATA
Óscar era un adolescente de apenas 17 años, cuando salió la noche del 2 de marzo de 2009 a comprar un hotdog con su amigo Víctor Baca, en Ciudad Juárez. De pronto, elementos militares comisionados al Operativo Coordinado Chihuahua, al mando del general Felipe de Jesús Espitia Hernández, los detuvieron y torturaron en sus instalaciones de esa ciudad.
Víctor fue asesinado frente a Óscar, de un disparo, sin embargo, sus restos fueron hallados hasta 2016, tras ser identificados con exámenes de ADN.
Durante cinco días, ambos fueron torturados en las Instalaciones del Ejército. En ese infierno, Óscar reconoció el rostro del general Felipe de Jesús Espitia Hernández. Él, al mando de los torturadores, fue quien le dijo que era inocente, que se habían equivocado, pero que, si quería seguir con vida, se tenía que ir de la ciudad, desaparecer, y lo que sucedió ahí no contarlo con nadie.
El caso de Óscar es emblemático: no ha quitado el dedo del renglón –ni él ni su familia– para exigir se procese al general. La contradicción: el Estado Mexicano ha reconocido las torturas que sufrió y por ello le brinda protección y está en proceso una reparación del daño por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Pero, ¿qué hay del responsable?
Hace un año, Óscar fue notificado de la no acción penal sobre el caso por parte de la Fiscalía General de la República, es decir, un carpetazo tras años de denuncias. “La última actualización fue la no acción penal, la ministerio público vino a la ciudad. Yo en enero (de 2020) le entregué una carta al señor presidente en la mano en la que le pedía su intervención, aunque la Fiscalía es autónoma. Y un mes después vino la ministerio público que tiene mi caso a informarme que mi caso se iba a cerrar, porque los delitos en mi contra ya habían prescrito, entonces yo tengo derecho por ley a contestar esta no acción penal para evitarla. Tengo 15 días y la contesté de inmediato hace meses y ellos no tienen 15 días, tienen años si quieren para contestarme si acceden o no. La investigación está parada… y yo les he enviado correos electrónicos donde les pido y les ruego, que es ilógico que ellos que son abogados no sepan que los delitos de tortura, homicidio, violación en contra de un menor de edad por parte de elementos de la Sedena no prescriben, la Corte Interamericana lo dijo así. Su contestación fue que ellos tienen el derecho de impugnarlo y que ellos tienen el derecho de contestarme cuando lo consideren necesario”, explica.
“Yo (estuve) llorando ese día, diciendo que no puede ser que once años después (en 2020) de estar en esta lucha, porque es algo desgastante como no tienes una idea, me notificas oye ya se cerró. No puedes acabar con esto, no puedes. Son tantas quejas, me sorprende, me impresiona, hay una en contra de esta persona, Felipe de Jesús Espitia, ante la Corte Interamericana, una recomendación. Aún así no le hacen nada. Está en total impunidad”, dice Óscar Kábata en entrevista con EMEEQUIS.
–¿Qué funcionarios de la fiscalía señalarías como los más omisos?
–El apellido no lo tengo, es el titular de la Fiscalía Especializada Contra Desaparición Forzada, se llama Abel (Galván Gallardo), el titular. Yo a él le he mandado innumerables correos electrónicos para que me auxilie y no me ha contestado ninguno. El Ministerio Público, Gerardo Guadalupe Lohmann, que a raíz del problema que tuve con esta persona todo empezó a salir mal; el problema fue que su apellido es muy poco común y hay un general que se llama Lohmann, también de aquí de la zona norte. Él se molestó demasiado porque le pregunté si era familiar de él, de hecho no me contestó, sólo me dijo que al tratarse de asuntos personales él no está obligado a responderme esa pregunta y yo le puse ‘creo que en este caso sí tendrías la obligación o la amabilidad de decírmelo, porque si eres familiar lejano o cercano, creo que con todo respeto no puedes llevar este caso’.
–¿A quiénes más señalas?
–Al fiscal Alejandro Gertz Manero, lo señalo, porque yo me he dirigido con ellos como víctima, ciudadano, cualquier persona normal, mediante cartas, correos electrónicos, llamadas, nunca han tenido la amabilidad. Me he dado cuenta que, últimamente, con las manifestaciones en CDMX, lo que quieren ellos es que uno se amarre a las puertas, que se encadene, o que empiece a gritar o les tome las oficinas. Tanto el Fiscal, el MP, nadie ha hecho nada absolutamente, para ayudarme, al contrario, están empeñados en cerrar el caso y ayudarle a Felipe de Jesús Espitia.
“Creí que mi caso y el de muchos otros se iba a resolver. Se me hace increíble que hay impunidad, que se salgan con la suya, porque digo, ese día íbamos a cenar (yo tenía 17 años, mi amigo 21), no estábamos maleados, que nos hayan hecho eso esta persona y no nada más a mí, sino a cientos de personas, que ahorita esté disfrutando. Me da impotencia que las autoridades, fiscalía, el presidente, a pesar de que fuimos su bandera de campaña las víctimas, simplemente nos esté abandonando, la sociedad también, veo como son indiferentes y se me hace increíble que esté pasando esto, que los buenos estén pagando y que los malos estén en una playa, me imagino, disfrutando de todo el dinero que se han robado, o todo lo que aceptaron de sobornos. Todo lo que nosotros y a lo mejor nosotros pagamos pocos impuestos, ellos disfrutan a costilla de nosotros, se me hace muy triste, estoy muy cansado, voy a cumplir 28 años y estar en esta situación, yo no debería estar en esta entrevista, debería estar estudiando, con mi familia, a la mejor casado, en el trabajo y no aquí así”.
Por lo pronto Óscar ha volcado su adolescencia y juventud en resolver su caso. Cada mañana lee noticias, envía correos electrónicos exigiendo justicia, pidiendo ayuda, y revisa si ya debe cambiar de celular, como lo hace constantemente, porque las amenazas no han cesado estos años.
Y Laura, su madre, lo acompaña en un proceso tortuoso en el que la historia pareció repetirse: ahora ella por exigir justicia debe trabajar en recuperarse de las lesiones recibidas por policías que violentaron sus derechos una vez más, en una espiral que pareciera que ningún gobierno puede frenar.
