Alemania reabre juicio por exportación ilegal de armas a México

Miles de armas alemanas llegaron ilegalmente a México y algunas se usaron en el ataque a los normalistas en Iguala. Después de la condena de la empresa en 2019, se va a juzgar de nuevo el negocio criminal en el que varios responsables en ambos países siguen impunes

Texto y fotos: Wolf-Dieter Vogel

Pie de Página

Con una multa de 3.7 millones de euros para una empresa de armamento y condenas condicionales para dos de sus empleados, fue como terminó en Alemania un proceso judicial que tanto en México como en el país europeo había provocado muchas esperanzas. La sentencia ya tiene dos años. El Tribunal Regional Superior en Stuttgart, la capital del estado Baden-Württemberg, tenía que juzgar la exportación de rifles de asalto G36 de la fábrica Heckler&Koch (H&K). Las armas habían llegado ilegalmente a varias regiones mexicanas.

La sentencia, que fue dictada en febrero de 2019, no convenció a nadie de los involucrados. Ni la empresa ni los dos sentenciados querían admitirla. Tampoco la procuraduría aceptó las condenas condicionales, quería ver a los empleados tras las rejas. Los implicados entraron en revisión, y por eso ahora la venta ilegal de los fusiles se juzgará de nuevo. Se va a reabrir el juicio, pero en otro tribunal.

Al 11 de febrero el Tribunal Superior Federal, el juzgado más alto de Alemania, va a dedicarse de nuevo a este caso, que mostró abiertamente la dinámica de las estructuras corruptas y las consecuencias de este negocio letal.

¿Qué paso? Entre 2006 y 2009 la empresa HK vendió casi 10 mil de los fusiles G36 a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De acuerdo con sus propias informaciones, la secretaría mandó la mitad de estas armas a Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas, aunque las autoridades alemanas explícitamente han excluido estos estados de sus permisos por cuestiones de derechos humanos. Las directrices de la Unión Europea y de Alemania dictan que no se otorgue una autorización de exportación si existe el riesgo de violación a los derechos humanos.

Justamente eso pasó. Después del ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural en Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, se encontraron 38 de estos rifles alemanes en la oficina de la policía municipal de esta ciudad guerrerense. Por lo menos siete de las armas fueron utilizadas esa noche. Una de ellas la portó el policía que fue detenido por la tortura y el asesinato del estudiante Julio César Mondragón.

Todo indica que también el disparo que recibió el normalista Aldo Gutiérrez en su cabeza y le mantiene en estado de coma hasta hoy, salió de este fusil de asalto. “Sin duda, durante el ataque a los normalistas se disparó con rifles G36”, dice Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). El abogado alemán Christian Schliemann del European Center on Constitutional and Human Rights (ECCHR), confirmó que las armas mencionadas en el proceso judicial de Stuttgart son las mismas que utilizaron los policías en la noche de Iguala.

Según las cifras de la Sedena, casi 2 mil de los rifles llegaron ilegalmente a Guerrero y nadie sabe cuántas de estas armas terminaron en manos de policías corruptos y del crimen organizado. Tampoco se sabe exactamente qué pasó con los fusiles alemanes que se mandaron a Chiapas, Jalisco y Chihuahua. Armas pequeñas como las G36 van de una mano a otra entre las fuerzas de seguridad a una banda delictiva y de ahí a otra. Es muy difícil controlar su destino.

Es por eso que la Autoridad Federal de Exportación en Alemania (BAFA) pide al exportador una “constancia de usuario final” del cliente, en este caso la Dirección de Comercialización de Armamento y Munición (DCAM), la dependencia de la Sedena encargada de la compra y venta de armas. La DCAM la entregó a la empresa vendedora, y de ahí a las autoridades alemanas. En los documentos que HK dio a la BAFA no aparecieron los “estados prohibidos”, es decir que los papeles fueron falsificados. Es un hecho, los jueces del Tribunal Regional no lo ponían en duda.

Hasta hoy no se podía esclarecer toda la línea de corrupción de este negocio oscuro. Es una ruta que inicia en las oficinas de la DCAM en la Ciudad de México, va por la empresa HK en el sur de Alemania, y termina en la Secretaría de Economía en Berlín. La procuraduría de Stuttgart negó investigar contra oficiales de las autoridades de exportación alemanas, aunque existen muchos indicios que alimentan la sospecha que había una cooperación ilegal entre ellos y Heckler&Koch.

Copias de la comunicación entre los encargados de la Secretaría Economía y los empleados de la fábrica de armas muestran que había una comunicación intensa sobre cómo se podía otorgar un permiso aunque hubiera problemas legales. Holger Rothbauer, un abogado comprometido en la lucha contra la exportación de armas, había denunciado a la institución por esta cooperación pero la procuraduría lo rechazó y se negó a acusar a los oficiales.

Tampoco fue juzgado el representante de la empresa en México, Markus Bantle, que de acuerdo con el testigo principal de las investigaciones, manipuló las constancias en colaboración con el general de división Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, que encabezó la DCAM. El alemán Bantle sí fue acusado pero se quedó en México, donde vive y no se presentó ante los jueces de Stuttgart.

También quedó impune el director anterior de la empresa, Peter Beyerle. Eso no tiene nada de extraño. El alto representante de la compañía se encontró entre los acusados. Antes de asumir su papel en H&K, era presidente del Tribunal Regional de Rottweil en Baden Württemberg, porque sus contactos en la justicia de este estado son bastante buenos. El juzgado absolvió a Beyerle de todos los cargos aunque todo indicara que estaba enterado de la exportación ilegal. El abogado Rothbauer desconfió que no había una apelación contra el director. ¿Había nepotismo? “Uno tiene que preguntarse cómo fue posible que un procurador de repente no va a la apelación, que antes en su informe muestra claramente, que Beyerle estuvo involucrado en el procedimiento criminal en su campo de actividades con la empresa H&K”, presume.

Impunidad también en México

La impunidad que se registra en Alemania sigue en México. La Sedena debió saber que las armas no hubieran podido llegar a los cuatro estados “prohibidos”. Sin embargo la DCAM las envió para allá. Sería bastante ingenuo pensar que la agencia hubiera tenido control para que las armas no llegaran a manos de policías corruptos o de criminales. Sin embargo a los procuradores obviamente no les interesa perseguir a los responsables.

“De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información de la Sedena, no se inició ningún tipo de investigación administrativa ni penal en contra de quien era el director de DCAM al momento de celebrar la mayoría de los contratos, el General Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, por su posible participación en un esquema de corrupción”, critíca Sofia de Robina del Centro Prodh. “Se debería esclarecer plenamente si existe cualquier tipo de responsabilidad por dichas adquisiciones”, insiste. “Lo anterior resulta más relevante aún en un contexto en el que se ha profundizado la militarización en el país, incluyendo la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de la vida pública como distintas contrataciones, que exigen tener controles claros y se asegure que habrá rendición de cuentas en caso de abusos y delitos cometidos por estas instituciones”.

De acuerdo con el expediente de la acusación, el representante de HK, Markus Bantle, y el general Aguilar no solamente falsificaron los documentos. El autor de este artículo cuenta con una declaración del testigo principal que confirma que el militar, que ya se retiró, consiguió de sus socios alemanes 25 dólares de sobornos por cada G36 que compró. Así pues, el representante de H&K entregó el dinero en un sobre a un mensajero que lo hizo llegar al militar. Hay que destacar que Aguilar tiene una larga historia en el Ejército mexicano: fue jefe del Estado Mayor de la Secretría de la Defensa Nacional y comandante de la 36 zona militar en Chiapas, donde formó parte de la Operación Arcoíris, de rastreo y exterminio contra el EZLN.

Aunque quedan impunes varias de las personas integradas en el negocio mortal, el pacifista alemán Jürgen Grässlin estuvo contento con el juicio en Alemania. “Es una señal a la industria de armas alemanas”, dijo el activista. “Se mostró con una claridad aterradora que el régimen de control de la exportación de armas en Alemania no merece el valor del papel en que está escrito”.

Fue Grässlin quien en 2010 presentó una denuncia por la exportación ilegal, lo que puso en marcha las investigaciones contra Heckler&Koch. Sin el esfuerzo de él y su abogado Rothbauer, personas defensoras de derechos humanos en México y periodistas, el caso nunca hubiera terminado con un proceso jurídico y una sentencia.

El procurador siempre se resistió a profundizar la investigación. No preguntó a la Sedena a dónde envió los fusiles. Fue una investigación periodística la que reveló que casi la mitad de las armas llegó a los estados prohibidos. Año por año, periodistas y activistas mostraron con reportajes, documentales y fotos el paradero de las G36 y las letales consecuencias. El hecho que los rifles fueron usados en el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa jugaba un papel importante para aumentar la presión pública. Finalmente la procuraduría tenía que acusar a Heckler&Koch.

Para que no se pierdan las consecuencias mortales de la exportación de las G36, Leonel, el hermano del estudiante Aldo Gutiérrez, intentó entrar en el procedimiento judicial como víctima. Con el apoyo del Centro Prodh y la organización ECCHR, realizó el trámite necesario pero finalmente no logró participar por cuestiones jurídicas. “Hubiera querido reportar a los jueces cuánto daño se causó con estas armas”, dijo.

Sin embargo, Leonel Gutiérrez fue a Stuttgart. Exactamente cinco años después del asalto que destruyó la vida de su hermano, el 26 de septiembre de 2019, acudió al juicio. Llevó una foto de Aldo en estado de coma y la mostró en la sala de justicia para que los jueces y los acusados vieran las consecuencias de este negocio sucio. “Quería exigir que la empresa Heckler&Koch se hiciera cargo de lo que han vivido Aldo y su familia en todo eso”, explica Sofía de Robina del Centro Prodh.

En el proceso los alguaciles le obligaron a Leonel Gutiérrez a no seguir mostrando esa imagen de su hermano, intubado en su cama de enfermo. El juicio no se dedicó a los impactos de la venta de armas, y tampoco la apelación se concentró en eso. El Tribunal Superior Federal focalizó la atención en las constancias del usuario final y la condena contra Heckler&Koch y sus empleados.

Sería importante, sin embargo, que los jueces manden una señal inequívoca, insiste Carola Hausotter de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México. “Una sentencia consecuente enviaría un mensaje importante a las víctimas de las armas alemanas. Les ofrecería la justicia que demandan y abriría la oportunidad para una investigación judicial de estos crímenes en México”, expresó. “No debería permitirse las exportaciones de armas a México porque existe el riesgo de que éstas puedan ser utilizadas para realizar o facilitar violaciones de derechos humanos”.