MANUEL MONROY
La Diputada local Olvita Palomeque Pineda conminó a los integrantes de la LXVII Legislatura a llamar a cuentas al fiscal, Raciel López Salazar, para que detalle en el Congreso del estado las acciones que ha tomado para erradicar en la entidad la violencia contra las mujeres.
Hizo un llamado a toda la sociedad chiapaneca para que colabore y así se pueda terminar con los altos índices que registra este fenómeno en Chiapas. “Es el momento de que impidamos que en la entidad se registren hechos como el del Estado de México con el llamado ‘Monstruo de Ecatepec”, dijo.
Rechazó que su discurso sea alarmista y pidió tomar consciencia para enfrentar la dramática realidad que se vive. “Chiapas debe garantizar los derechos de todas y todos los ciudadanos y por ello los representantes populares debemos abonar para que se respete a las mujeres”.
Reveló que en términos de lo dispuesto en el Artículo 93 del Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso se admita, por ser un caso urgente y de obvia resolución, discutir y en su caso aprobar, el Punto de Acuerdo para que se exhorte a Raciel López comparecer ante el Poder Legislativo.
“Este funcionario debe darnos un informe detallado sobre puntos como las carpetas de investigación iniciadas en relación a hechos de violencia de género en los que se deberá detallar feminicidios, violencia familiar y delitos sexuales en los último seis meses”, pidió.
La legisladora advirtió que el responsable de la FGE también debe proporcionarles el número de carpetas de investigación iniciadas en las fiscalías regionales respecto a hechos que involucren violencia de género contra niñas, adolescentes y mujeres en los últimos seis meses.
De igual manera, le pidió informe sobre el número de carpetas de investigación que se integran en la Fiscalía para la Mujer en los últimos seis meses; el número de carpetas de investigación que las instancias especializadas de atención a la mujer hayan atendido en los últimos seis meses.
Asimismo, informe sobre el número de casos de feminicidios y violaciones en cualquiera de sus modalidades como abuso sexual y violencia familiar, que se hayan judicializado en los últimos seis meses y, el número de autos de vinculación a proceso logrados en casos de feminicidios y violación en cualquiera de sus modalidades, en los últimos seis meses.
