Sumidero
Impunidad y elecciones extraordinarias
ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Con tensión en algunos por conatos de violencia, pero en su mayoría de manera pacífica, el 1 de octubre se produjo el relevo del poder en los municipios de Chiapas, excepto en 11 de ellos. En diez porque los tribunales anularon las elecciones por diversas irregularidades en los comicios y en otro porque no hubo votación en espera de que se resuelva cuál será el método de elección de autoridades, si por sistema de partidos o por usos y costumbres.
En términos porcentuales, el número de Ayuntamientos que tuvieron comicios fallidos (10%) no es significativo, pues en 90 por ciento de las alcaldías las elecciones ocurrieron con relativa normalidad. Sin embargo, visto los casos desde una óptica política y democrática, el fenómeno cobra mayor relevancia.
Lo que en el fondo nos indica el hecho que no se hayan podido renovar los gobiernos en una decena de municipios, es la persistencia en ciertos grupos políticos de una cultura política autoritaria que desconoce una de las reglas básicas del juego democrático: la alternancia en el poder. Vista la política desde esta rupestre percepción, las elecciones se reducen a un trámite ciudadano susceptible de ser manipulado, coaccionado y corrompido para seguir controlando la estructura gubernamental y usufructuando los recursos y privilegios que ello supone.
Y si estos ilegales y perversos recursos no les funcionan, si los ciudadanos a través de su voto libre y secreto se rebelan contra ese sistema de dominación, el poder caciquil amenazado no duda en poner en acción su naturaleza violenta para mantener el statu quo.
Con la anulación de las elecciones y la convocatoria a comicios extraordinarios para el próximo 25 de noviembre, las autoridades electorales y el Poder Legislativo protegen y tratan de restituir los derechos políticos de los ciudadanos a elegir de manera pacífica, libre y equitativa a sus autoridades. Sin embargo, llama la atención que pese a las denuncias penales y a las documentadas evidencias gráficas de los delitos electorales cometidos durante la jornada electoral, los órganos judiciales en la materia no hayan procedido contra ningún presunto delincuente. Con esa misma dilación han actuado en el caso de las “Manuelitas”, funcionarias municipales electas que fueron coaccionadas de forma masiva para renunciar a sus cargos con la intención de cedérselos a hombres violando la ley de paridad de género.
En este contexto de transitable impunidad, cabe advertir que las elecciones extraordinarias no están exentas de nuevos episodios ilegales que intenten manipular, comprar, impedir e incluso arrebatar violentamente la manifestación de la voluntad ciudadana. Sin amenaza de castigo a sus fechorías electorales, los cacicazgos políticos o grupos de poder autoritarios, seguirán teniendo un poderoso incentivo para tratar de imponer sus intereses por encima de la voluntad popular, de la democracia y de la ley.
Bajo estas circunstancias, lo que estará en juego en la reposición de los comicios en Solosuchiapa, Catazajá, El Porvenir, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula, Bejucal de Ocampo, Montecristo de Guerrero, Tapilula y Santiago el Pinar, no sólo será la renovación de las autoridades municipales, sino la capacidad y eficacia de las instituciones involucradas, la vigencia del Estado de derecho y la naturaleza misma de nuestra vulnerable democracia.
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