* Consistente con lo que se registra en otros contextos a nivel internacional, se observó que la corrupción en México está asociada de manera negativa con la confianza que las personas tienen de las instituciones de gobierno
* El costo de la corrupción a precios constantes aumentó 63.1%; el gasto promedio por persona afectada pasó de dos mil 273 pesos en 2017 a tres mil 822 pesos en 2019
Sólo 12.2% de los municipios de Chiapas han iniciado un proceso para contar con un plan o programa anticorrupción, mientras que 77.2% no lo ha hecho y 10 6% ni siquiera sabe de este trámite. Estos porcentajes colocan a la entidad como la 28ava del pais en este campo.
A nivel municipal, los avances en la implementación de estos proyectos han sido marginales en los últimos años. En 2010, casi 17% de los municipios reportó contar con un instrumento de este tipo, mientras que, en 2018, poco más de 20% reportó contar con plan o estar en proceso de elaborar uno.
En 2018, Hidalgo fue la única entidad en la que más de la mitad de sus municipios reportó tener un plan del ramo y en contraparte, ninguno de los municipios de Tabasco indicó contar en ese año con un programa de combate a dicho ilícito.
PREVALENCIA DE LA CORRUPCIÓN
Uno de los indicadores más comunes para medir la corrupción es la prevalencia de soborno, dado que el soborno implica, en términos jurídicos, que un servidor público, por sí mismo o por medio de otra persona, solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones.
Pese a los esfuerzos institucionales por integrar los mecanismos anticorrupción derivados de la ley o de implementar planes o programas en la materia, las cifras de víctimas de soborno al realizar trámites o al estar en contacto con alguna autoridad muestran una tendencia creciente desde 2013, de manera que en 2019 hubo tres víctimas más de corrupción por cada 100 habitantes que lo que había en 2013.
Desde 2003, el combate a la corrupción es uno de los temas prioritarios en la agenda internacional. Por su parte, el Estado mexicano ha realizado ajustes normativos e institucionales para responder al reto de controlar y disminuir la corrupción; sin embargo, los ajustes normativos e institucionales de los últimos años coinciden con un aumento sostenido de las víctimas de esta práctica, entre la población de 18 años y más.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, entre 2013 y 2019, la cifra pasó de 12 a 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes. Vista la distribución nacional, se tiene que, en 2019, las entidades que presentaron la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de este tipo fueron Durango, Ciudad de México y México, en donde la población tiene el doble de probabilidad de ser víctima de corrupción comparada con Nuevo León, y el triple de probabilidad que en Colima o Zacatecas, entidades con la menor prevalencia a nivel nacional.
El informe destaca que el costo de la corrupción a precios constantes aumentó 63.1%; el gasto promedio por persona afectada pasó de 2 273 pesos en 2017 a 3 822 pesos en 2019 y agrega que desde 2013, los trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción son los que involucran contacto con autoridades de seguridad pública, hacer gestiones relacionadas con la propiedad o trámites ante el Ministerio Público. En 2019 estos trámites registraron prevalencias de 59.2%, 25.0% y 24.8% respectivamente.
Destaca que en una tendencia similar, el porcentaje de empresas víctimas de corrupción aumentó 1.8 puntos porcentuales entre 2013 y 2017, ubicando los últimos reportes en una prevalencia de 5.4% de unidades económicas víctimas de corrupción. Los mayores aumentos en los eventos se presentaron en los sectores de industria y servicios, en los que el porcentaje de victimización pasó de 4.9 y 3.5 en 2013 a 7.2 y 5.9 unidades víctimas por cada 100 unidades económicas del sector comercio en 2017, respectivamente.
Informa que en 2019, el monto total que erogaron las personas por actos de corrupción al realizar pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos o por otros contactos con autoridades, ascendió a 12 mil 770 millones de pesos, de los cuales se estimó que 18% correspondió a la corrupción por el contacto con las autoridades de seguridad pública.
