Sumidero
- El desafío legislativo
ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Hoy lunes 1 de octubre inicia una nueva etapa política para Chiapas. Entra en funciones la LXVII Legislatura y se renuevan autoridades en más de cien municipios, surgidas todas de una elección histórica por su magnitud, motivaciones e impacto democráticos. Y de esa dimensión es también la respuesta que esperan los ciudadanos que salieron a manifestar en las urnas, su deseo inequívoco de un profundo cambio en las condiciones sociales, políticas y económicas del país y del estado.
Los chiapanecos decidieron con su voto de castigo que no fueran ya el PRI, el PAN, el PRD, e incluso el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes dominaran el Congreso local. Mandataron que la mayoría absoluta (50%+1) del Poder Legislativo la ejerza la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social.
Esta configuración legislativa no tiene precedente, como inédito es que –pese a los intentos desde el partido en el poder por desplazarlas–, predominen las mujeres; de las 40 curules que tiene el Congreso, 26 serán para ellas y 14 para los hombres.
Sin embargo, su mayor significado estará en su comportamiento en un contexto exigente de transformación que esperan los ciudadanos y a lo cual se han comprometido el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón Cadenas, gobernador electo de Chiapas.
Por la propia distribución del poder en la Cámara, por las alianzas de facto que se han hecho con el PVEM y por la escasa cultura opositora de las fracciones minoritarias, Morena y sus aliados electorales no tendrán problemas para aprobar las reformas propias y las enviadas por el Ejecutivo, incluso algunas podrían sacarlas adelante de manera unánime.
En este contexto, lo interesante será conocer qué tanto pueden los diputados aportar a las iniciativas prioritarias que deben atender en lo inmediato en materia de austeridad, combate a la corrupción, seguridad, desarrollo social y económico, así como las de carácter político-electoral. Dicho de otra forma, el desafío de la nueva Legislatura de mayoría morenista, es cómo va a asumir, a procesar y practicar la prometida “cuarta transformación”.
Su talante transformador, si es que esta es su naturaleza, tendrá que notarse pronto cuando los diputados aborden el asunto de la reducción de salarios y privilegios, los de los funcionarios del Ejecutivo y los propios; cuando en su propio terreno también tengan que desmontar las estructuras institucionales y las prácticas de los excesos y corruptelas cometidas dentro del mismo Congreso; pero sobre todo, el carácter de los nuevos legisladores se verá cuando tengan que aprobar la cuenta pública del 2018, la última del gobierno de Manuel Velasco Coello, cuyo gobierno reiteradamente ha sido señalado por actos de corrupción, tanto por instituciones fiscalizadoras del gasto federal como por medios de comunicación nacionales y diversos actores estatales.
Y esa deseable actitud vigilante auténtica, también debe prevalecer en los siguientes años, cuando les toque analizar y sancionar el uso de los recursos públicos por parte del Ejecutivo estatal, pues hasta ahora esa obligación constitucional ha sido tomada con sospechosa ligereza.
Quizá como pocas veces ha sucedido, el Congreso está llamado a jugar un papel preponderante en la vida político-social del estado. Será un actor fundamental porque por esa institución deberá pasar gran parte del mandato transformador de los chiapanecos y de las iniciativas de ley que para ello articule el próximo titular del Ejecutivo.
La Legislatura de la transición, del cambio esperado, deberá decantarse pronto. Tendrá que hacerlo en la práctica cotidiana que vislumbre una nueva cultura política y, por supuesto, en la dimensión que le otorgue a la agenda legislativa para los próximos tres años. Veremos hasta qué punto los diputados asumen su responsabilidad histórica.
