ZETA. El indignante caso del tractocamión con cámara frigorífica que anduvo paseando 273 cadáveres en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se convirtió en un escándalo que puso la mira del mundo en ese México que todos los días sorprende con un hecho cada vez más atroz.
El macabro suceso destapó un problema que ya era conocido, pero que las propias autoridades federales y de las entidades federativas han subestimado, sin darle solución, ante un inminente cambio de gobierno y el abandono de las responsabilidades que les corresponden a quienes ya se van.
Los Servicios Médicos Forenses (Semefo) del país están rebasados. Saturados de cadáveres no identificados y que en muchos de los casos no se les ha dado un destino, siendo apilados en las morgues ante la prohibición de incinerarlos y la negligencia de construir los panteones forenses que el actual sistema de justicia penal obliga.
Apenas hace cinco meses, la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que en México existían -a esa fecha- al menos 35 mil personas muertas no identificadas. El dato duro lo dio el subsecretario de Derechos Humanos de esa secretaría de Estado, Rafael Adrián Avante, quien aseguró, esos cadáveres se hallaban en fosas comunes, cementerios ministeriales y Semefo.
El funcionario de Segob urgió a los responsables del manejo de los cuerpos a crear fichas digitales de cada fallecido para que en un futuro sean plenamente reconocidos por sus familiares, como lo establecen diversas leyes, reglamentos y protocolos; como el homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada de personas.
