Con el reloj en contra, los senadores tienen en sus manos la regulación del consumo recreativo de cannabis, un derecho que ya reconoció la Suprema Corte. “El trabajo no es la aprobación, sino la implementación”, señala Zara Snapp
EMEEQUIS.– Han pasado poco más de siete meses desde que el Senado de la República se reunió por primera vez para discutir y avanzar en la legalización del uso recreativo de cannabis en México. El plazo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para establecer las nuevas normas que regularán el consumo en el país está por vencer, luego de que este órgano determinara que su prohibición es inconstitucional.
El discurso, a decir de Zara Snapp, una de las activistas que llevan años impulsando cambios legislativos en pro de la despenalización del consumo, ha cambiado.
“Los legisladores pasaron de estar en contra a reconocer que es inevitable. Ahora transitamos de preguntar si tenemos o no que regular, al cómo tenemos que regular”, dice en entrevista con EMEEQUIS.
La discusión se ha aplazado tres veces, por medio de prórrogas que el Senado ha solicitado a la Suprema Corte, pues había una división muy fuerte entre los grupos conservadores y los progresistas, quedándose en medio aquellos que no terminaban por tomar partido.
“Han tenido dos años para hacer esto, están en su tercera prórroga, pero celebro que no hayan querido buscar otro retraso, sino que están dispuestos a hablar sobre esto y discutirlo”.
Snapp, cofundadora del Instituto RIA (México), integrante del Colectivo Drogas, Política y Cultura y consejera de ReverdeSer Colectivo, explica que Morena, el partido que tiene mayoría, ha buscado el consenso con todos los grupos parlamentarios, porque en las Comisiones no tienen mayoría. “No quieren ir solos”.
Su pronóstico es que esta semana el consenso llegue, que rindan frutos esos años en los que activistas y familiares de enfermos –muchos de ellos niños–, que usan la cannabis como tratamiento, han impulsado cambios legislativos en pro del reconocimiento de sus derechos. Además de la no criminalización de los consumidores y la no violencia del Estado contra la ciudadanía.
En 2017 se aprobó el uso medicinal de marihuana –que aún tiene pendiente la publicación del reglamento que regule su uso–, mientras que en 2018 la Suprema Corte declaró inconstitucional la criminalización del uso recreativo de la planta. En 2019 dio un paso más allá, al reconocer el derecho de los mexicanos a la personalidad, la libertad de conciencia y expresión y, por ende, el derecho a consumir marihuana con fines recreativos.
SE REACTIVA LA DISCUSIÓN
El 13 de noviembre se reactivó la discusión en el Senado. Se apresuró en torno a la fecha de caducidad que estableció la SCJN, tras meses de pandemia en los que la Cámara alta no había podido desahogar la agenda.
“Hasta ahora vemos la intención de discutir el tema”, dice Zara, quien es también autora del Diccionario de Drogas (2015).
Sin embargo, aquel viernes todo se aplazó, porque el dictamen que estaba sobre la mesa seguía permitiendo la criminalización de los consumidores, al establecer multas excesivas, preservar los límites a la posesión simple y exigir requisitos desproporcionados para el consumo y cultivo con fines personales.
La especialista explica que en estos dos años en los que el tema ha ido y venido en la discusión, se han hecho foros, muchos parlamentos abiertos, congresos, coloquios con personas usuarias y hemos llegado, como país, a un momento en donde el tema ya no puede esperar más.
Aunque faltan algunas piezas, recalca, es principalmente alrededor de los derechos de las personas usuarias, porque habían agregado más requisitos para el cultivo en casa, como el hecho de que un verificador iba a poder ir a tu casa para asegurar que las plantas estaban bajo llave y detrás de muros y “no tiene por qué ser así, porque es otra planta como cualquier otra que tienes un tu jardín”.
Lo que ocurre en el Senado es un símil a lo que ocurre en la calle, donde también ha habido una división entre grupos conservadores –asociados a los llamados “antiderechos” que se postulan por la prohibición del derecho a decidir sobre el cuerpo y al matrimonio igualitario– y aquellos que apelan al respeto a la otredad y a los derechos humanos.
«El problema es que nosotros estamos en México y aquí vivimos en un tema de extorsión y corrupción por parte de todas las autoridades», expresa Zara Snapp. Foto: José Hernández / Cuartoscuro.com.
Algunos de los prejuicios que rondan esta discusión son aquellos que dicen que el consumo aumentará con problemas de salud graves, incluida la muerte (aunque no hay justificación médica que sostenga que la marihuana causa sobredosis), a la par de la violencia. Sin embargo, para Snapp los efectos serán contrarios.
–¿Cuál es el primer cambio que se espera con esta regulación?
–El Estado, cómo se acerca con las personas que usamos cannabis. Quitarle el poder de extorsionarnos y criminalizarnos, lo mismo para las comunidades cultivadoras: yo esperaría que el Estado ya no erradicara sus cultivos, sino que pregunten: “¿ya obtuvieron sus permisos? sí, no, por qué y cómo les podemos ayudar a que participen en el mercado legal.
“De esa forma cambiar la violencia que ha ejercido el Estado durante décadas, desde antes del inicio de la Guerra contra las drogas, que si bien se elevó, la criminalización estaba presente desde antes”.
Desde su visión, hay muchos más beneficios que riesgos. Los riesgos mayores, lejos del imaginario colectivo, menciona, son que el mercado sea capturado por empresas grandes, en vez de beneficiar a pequeños comerciantes. La regulación tiene enfoque de justicia social y una herramienta para la construcción de paz, para “poder bajar la violencia que ha ejercido el Estado”.
–¿Cómo una legislación puede abonar a la transformación de una sociedad mexicana todavía conservadora?
–Hay dos cosas, que la Suprema Corte definió y reconoció, que existe el derecho al libre desarrollo de la personalidad y todos lo tenemos ya muy bien identificado; y lo otro es que hemos vivido en un lugar donde la ley se ha aplicado de una forma discriminatoria y discrecional, porque sabemos que las personas que tienen recursos no van a la cárcel por estos delitos, sabemos que las personas que se ven de cierta forma no son revisadas en la calle para ver si traen una sustancia o no.
Este enfoque haría que aquellos esfuerzos del Estado por investigar delitos de bajo impacto asociados al consumo de cannabis, se enfoquen en más y mejores investigaciones a los delitos de alto impacto, en atacar la impunidad y reducir la violencia que atañe a toda la sociedad.
Zara Snapp no tiene dudas en que todo el tema de las drogas ha sido una gran distracción de lo que realmente nos debería preocupar y ocupar, por ello apuesta por mover el tema de de un espacio de discriminación y de desigualdad, al desarrollo económico de comunidades y a la justicia social. En este último rubro, el mejor panorama sería que los permisos de los cultivos vayan hasta en un 80% –y no en un 40% como se ha planteado desde el Senado– a las comunidades afectadas por la violencia.
“Es un reconocimiento de situaciones de vulnerabilidad que han vivido esas comunidades y es una forma de reparar el daño”.
Otra cosa que tendrá que venir después es ver cómo, a través de la recaudación de impuestos por este nuevo mercado, se cree un fondo que se destine a la búsqueda de personas desaparecidas, a la Comisión Nacional de Búsqueda, a los colectivos y a las familias.
UNA REGULACIÓN A LA MEDIDA DEL PAÍS
Para Zara y otros colectivos que integran el movimiento #RegulaciónPorLaPaz es indispensable que el dictamen que da apertura al marco legal de la regulación tenga como base los derechos humanos y una perspectiva local, no que se repliquen disposiciones que se han implementado en otros países.
De acuerdo con lo dicho por el secretario técnico de la comisión de justicia del Senado, la redacción del actual dictamen cambiaría en pro de eliminar todo permiso para el autoconsumo, así como para el cultivo personal, es decir sin límite de plantas. “No sabemos cómo lo van a implementar, cómo se redactaría, pero es fundamental que se establezca así”.
Otro avance tendría que ser quitar la posesión simple como delito, sino que la autoridad tenga que comprobar que hay algún otro delito vinculado –que puede ser el comercio ilegal, por ejemplo–. Esta es una de las preocupaciones más graves porque el dictamen original marcaba una posesión máxima de 28 gramos, al estilo de Estados Unidos y Canadá.
“El problema es que nosotros estamos en México y aquí vivimos en un tema de extorsión y corrupción por parte de todas las autoridades”, dejando vigente el riesgo de extorsión por parte de la autoridad, la siembra de cannabis y, sobre todo, la posibilidad de que las cárceles se sigan llenando de personas consumidoras. De hecho, no hay información consultable que las autoridades hayan revelado en relación al número de personas que están acusadas de narcomenudeo por superar la portación permitida hasta ahora, que es de 5 gramos, y también en esta línea se busca que haya un plan de excarcelación para todos aquellos consumidores que hoy están en la cárcel acusados de delitos graves.
Los cambios que ha impulsado sociedad civil ya han sido abrazados por algunos miembros de distintos partidos. “Ya no es un tema ideológico, ya es algo de sentido común, de razonamiento, pero depende de cómo lo quieren ver. Está habiendo una apertura del PRI, Movimiento Ciudadano, principalmente Patricia Mercado, y que son alianzas de muchos años y que ellos entienden que es un momento en que sí hay una oportunidad de tumbar ese primer muro de la prohibición”.
Hasta el momento la única forma de garantizar el consumo personal de forma legal es tramitando un amparo. El primer paso es acudir a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) con una solicitud donde pidas permiso para cultivar cannabis de uso personal, deben responder negativamente y luego se deberá acudir ante un juez que otorgue dicho amparo.
Para aquellos que quieren comercializar, no hay ninguna herramienta que les autorice, pese al incremento de pequeñas y medianas empresas que comercializan productos derivados de la planta.
En caso de que antes del 15 de diciembre no se regule, la Suprema Corte deberá votar un tema de inconstitucionalidad de los cinco artículos de la Ley General de Salud, permitiendo el consumo pero sin reglas, por eso es tan urgente que el Senado avance en la construcción de un marco legal.
“El trabajo ya no es la aprobación, insisto, es la implementación. Con el marco legal, en realidad, empieza el trabajo de verdad”.
