MISAEL ZEÑAY
Paulina Conde, regidora local denunció que la Dirección de Política Fiscal del Ayuntamiento malversa el dinero que genera la Zona de Tolerancia de Tuxtla Gutiérrez. “Dicha instancia reporta que mensualmente se generan 75 mil pesos, pero es falso, pues los ingresos son de por lo menos 10 veces más”.
En entrevista explicó que la referida zona se maneja por módulos a cargo de diversos dueños. “El lugar era un ejido y al desincorporarse el Ayuntamiento vendió a varias personas una parte del mismo, sin embargo, no todos han terminado de pagar estos espacios, por lo que aún no cuentan con escrituras”.
Advirtió que ha solicitado a la Dirección citada, a cargo de Silvia Arely Díaz, proporcione la lista de los dueños, para saber cuántos son y quiénes son los deudores y así llegar a una regularización, sin embargo, estos documentos no se los proporcionan y mientras los presuntos propietarios hacen negocio cobrando a las sexoservidoras el uso de cuartos construidos en los módulos.
Afirmó que por cada “servicio” que presta una chica, los dueños de los módulos cobran entre 150 y 200 pesos, de los cuales un porcentaje se desprende para pagarlo al Ayuntamiento. “La Dirección de Política Fiscal reporta que ingresan por este concepto 75 mil pesos mensuales, empero, yo hice un monitoreo y las entradas son de al menos 10 veces más esta cantidad”, insistió.
Especificó que la Zona de Tolerancia de la capital del estado depende administrativamente del área de Política Fiscal del ayuntamiento. “El dinero generado en el área citada se recibe por esta instancia, en tanto la Secretaría de Salud local se encarga de una pequeña clínica ubicada en el lugar”.
En este sentido, informó que al iniciar su labor en el sitio, se ocupó de dignificar este centro de salud. “Mandamos varias brigadas médicas para la atención de las sexoservidoras, la dotamos de tecnología e incluso montamos un pequeño gimnasio para el uso de las chicas”.
Señaló que la inconformidad que reiteradamente ha manifestado es que si la zona genera sus propios recursos económicos, de los mismos se puede destinar una cantidad para la compra de preservativos que repartirían entre las sexoservidoras, además que se lograría solventar el costo de los estudios médicos que cotidianamente se realiza a estas mujeres.
Aseguró que desde el comienzo de la actual administración ha trabajado para la resolución de las problemáticas en la zona referida, “principalmente en el tema de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, cuyo universo, aunque varía, es de aproximadamente 110 mujeres”, dijo.
