ROSA SANTANA
MÉRIDA, Yuc. (apro).- Las asociaciones civiles Greenpeace e Indignación dieron a conocer que en los últimos meses la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó seis proyectos para la instalación de nuevas granjas porcícolas en municipios yucatecos.
En un comunicado conjunto, recordaron que hace meses presentaron su reporte “La carne que está consumiendo al Planeta”, en el que denunciaron las ilegalidades y atropellos con los que la industria porcícola se multiplicó en la península de Yucatán.
“Gracias a esta denuncia, a la defensa del territorio que realiza el pueblo maya y al poder de la ciudadanía, el gobierno federal ha echado atrás el permiso para seis granjas en el estado de Yucatán”, celebraron.
Los proyectos eran impulsados por Grupo Porcícola Mexicano (Grupo Kuo) en los municipios yucatecos de Tixmehuac y Maní, apuntaron.
En su reporte, presentado en mayo pasado, Greenpeace e Indignación expusieron que las 257 granjas de cerdos con registro en alguna base de datos oficial en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, 122 (47%), se encuentran en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad.
Y específicamente señalaron como responsable al corporativo Grupo Porcícola Mexicano, conocido localmente como Kekén, que pretendía duplicar su producción de carne de cerdo este 2020.
Hoy, Greenpeace e Indignación destacaron que a partir de su denuncia “los cambios y logros empezaron a verse”.
En ese sentido, detallaron que “en agosto pasado la Semarnat rechazó cinco proyectos de granjas impulsadas por el Grupo Porcícola Mexicano (Grupo Kuo) en los municipios de Tixmehuac y Maní, en Yucatán”.
Además, “en un nuevo paso a favor del pueblo maya de Yucatán y los derechos medioambientales”, el pasado 2 de septiembre la dependencia rechazó la construcción de otra granja de Kekén en Tixmehuac.
Tras destacar que las granjas porcícolas “son de las actividades que más consumen agua en la región y producen aguas residuales en exceso”, señalaron que las empresas que solicitaron los permisos no han demostrado que el sistema de tratamiento de aguas residuales que proponen para las granjas no causará impactos adicionales al suelo o al manto freático.
“La Semarnat en Yucatán consultó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quien le indicó que el territorio, la localidad y el sitio donde se ejecutará el proyecto se cataloga como ‘asentamiento indígena’”, añadieron.
Dado lo anterior, la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Semarnat “específico que para obtener la autorización del cambio de uso de suelo en terrenos forestales es estrictamente necesario aplicar el procedimiento de consulta indígena prevista en el artículo 61 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable”, pero no se hizo.
Y “no se consideraron los impactos acumulativos y sinérgicos de las granjas cercanas en la evaluación de los impactos, en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)”.
Los ambientalistas recordaron que en su reporte propusieron como solución “decir no a las granjas industriales por ser instalaciones cerradas y de confinamiento para animales; con la transición hacia la agricultura ecológica que implica proteger la biodiversidad mediante sistemas silvopastoriles”.
También, asegurar los más altos estándares de bienestar animal y los derechos humanos de las comunidades indígenas, cuidar las Áreas Naturales Protegidas (ANPs), exigir los permisos para la construcción de granjas industriales y conservar el agua, entre otras situaciones.
Finalmente reiteraron que la Semarnat “tiene la obligación de garantizar el derecho al medio ambiente sano, y reconocemos el haber adoptado acciones que tendrán un impacto inmediato a favor de las comunidades indígenas y del medio ambiente”.
