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Llegó con Calderón, consolidó con EPN y estuvo en aquella boda famosa. Así el Ministro Aguilar

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Era mediados de mayo de 2019. En la Hacienda JaJalpa, en el Estado de México, todo era felicidad. Ahí, reunidos en torno a la boda de Mar Collado Dot, hija de Juan Collado Mocelo –el abogado de la entonces alta clase política en México y quien hoy está preso–, convivían el expresidente Enrique Peña Nieto con una élite que ahora está en capilla, como el exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps y la exsecretaria Rosario Robles. Pero también estuvo el Ministro Luis María Aguilar, quien presentó hoy el proyecto de tesis que pide se declare inconstitucional la consulta para enjuiciar a los expresidentes.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– El Ministro Luis María Aguilar Morales, quien presentó hoy el proyecto de tesis que pide se declare inconstitucional la consulta para enjuiciar a los expresidentes, fue uno de los personajes que estuvieron presentes en la que boda de Mar Collado Dot, hija del abogado Juan Collado Mocelo, preso por presunto lavado de dinero y crimen organizado.

La “boda maldita”, como ha sido llamada debido a que algunos de los invitados hoy enfrentan acusaciones penales por corrupción y desvíos, como Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y Alberto Elías Beltrán, extitular interino de la entonces PGR (hoy Fiscalía General de la República), se realizó en mayo de 2019 en la Hacienda JaJalpa en el Estado de México y estuvo en la portada de diarios, revistas políticas y de espectáculos por tratarse de la unión entre Gonzalo Zabala y Mar Collado, hija de quien fuera el abogado de una élite política en México: Juan Collado Mocelo.

La fiesta fue todo un acontecimiento porque asistió la élite de la política mexicana e incluso en su momento el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado al ver las fotografías de estos personajes con las caras sonrientes y celebrando, mientras había acusaciones en sus gestiones como servidores públicos.

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El Ministro Aguilar fue visto en la boda de la hija del abogado Juan Collado en julio de 2019. Foto: Captura de pantalla, jimenagallegotv, Instagram.

El expresidente Enrique Peña y Carlos Romero Deschamps fueron unos de los invitados a la boda de la hija de Juan Collado. Foto tomada de video.

A esa boda asistieron también el expresidente Enrique Peña Nieto y su novia Tania Ruiz; el exlíder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps; Alfredo del Mazo Maza, Gobernador del Estado de México; Raúl Salinas de Gortari; José Narro Robles, extitular de la Secretaría de Salud; Diego Fernández de Ceballos; y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar, quien este 24 de septiembre propuso una tesis para declarar inconstitucional la consulta para enjuiciar a los expresidentes de México.

El Ministro disfrutó entonces cuando el abogado Juan Collado y su amigo Julio Iglesias cantaron uno de los éxitos del español: “Abrázame… Como si fuera ahora la primera vez. Como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame”.

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El ministro Luis María Aguilar, el expresidente Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro, archivo.

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Luis María Aguilar Morales, ministro de la SCJN, acudió a emitir su voto para la Constituyente de la CdMx. Foto: Cuartoscuro, archivo.

Un mes después de la llamada “boda maldita” comenzaron a ser perseguidos algunos de los invitados. El primero fue Juan Ramón Collado Mocelo, quien fue arrestado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en un restaurante de la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Hoy se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

En agosto de 2019, Rosario Robles fue detenida durante una audiencia que se le seguía por las acusaciones del ejercicio indebido del servicio público debido a los desvíos millonarios en las dependencias donde fue titular: Sedesol y Sedatu en el sexenio de Peña Nieto.

Otro de los asistentes fue Eduardo Medina Mora, en ese momento Ministro de la Suprema Corte, y quien el 3 de octubre de ese 2019 renunció de manera sorpresiva a su cargo.

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En diciembre de 2009 Aguilar Morales fue elegido por el Senado de la República, con 91 votos a favor, como ministro de la SCJN. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro, archivo.

A esa boda también asistió su entonces compañero, Luis María Aguilar, quien se convirtió en Presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el periodo de enero 2015 a diciembre 2018, justo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, uno de los expresidentes que sería afectado por la consulta de juicio político y quien es señalado por presuntos actos de corrupción.

Pero antes, para llegar a ser Ministro del Máximo Triubunal Constitucional del país, puesto al que llegó el 1 de diciembre de 2009, fue postulado por otros de los expresidentes que forman parte de la lista de quienes serían enjuiciados: Felipe Calderón Hinojosa.

El proyecto de tesis del Ministro Aguilar, de 43 páginas, abordó cada uno de los puntos que el documento de López Obrador presentó como sustento para enjuiciar a cinco expresidentes.

La inconstitucionalidad se fincó en el artículo 35 constitucional, en su numeral 3, que señala que de que “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección”.

La pregunta que envió el Presidente es: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Luis María Aguilar consideró que dicha propuesta “conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad”.

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