María Virginia Yazmín Tubilla y Jesús Antonio Macías Yasegey, suegros del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, solicitaron ante un juez federal el descongelamiento de sus seis cuentas bancarias, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la facultad de las Procuradurías para realizar ese tipo de aseguramientos sin una orden judicial, informó el periódico Reforma.
De acuerdo con información publicada por el medio, el pasado 25 de junio se publicó la sentencia de la SCJN en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que las cuentas del matrimonio debían ser liberadas; sin embargo, al no ocurrir de este modo, la pareja presentó una denuncia por el incumplimiento de dicha resolución por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), quien congeló sus cuentas hace dos años.
“Como podrá observar su señoría, en la especie, la autoridad responsable ha incurrido en un incumplimiento a la declaratoria general de invalidez del artículo 242 del CNPP (Código Nacional de Procedimientos Penales), pues ha sido omisa en ordenar de la liberación de las cuentas aseguradas, que en principio fue ordenada sin autorización judicial, violando en consecuencia la esfera jurídica de los suscritos”, subraya el documento citado por Reforma.
Ante dicha situación, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez décimo de distrito en amparo penal de la Ciudad de México, admitió a trámite la denuncia de los padres de Karime Macías, esposa del ex mandatario Veracruzano.
Posteriormente, Vargas Alarcón deberá notificar a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales el recurso interpuesto por María Virginia Yazmín Tubilla y Jesús Antonio Macías Yasegey, a fin de que se dé una respuesta.
Según Reforma, si se descongelan las seis cuentas bancarias de los suegros de Duarte de Ochoa, el Ministerio Público podrá solicitar su aseguramiento a un juez federal.
“No pueden dejar vigente un aseguramiento en base al artículo 242 que le facultaba asegurar, el criterio de la Corte es muy claro y es obligatorio el cumplimiento”, destacó Enrique Ostos Garza, abogado del matrimonio, al medio.
La Procuraduría General de la República(PGR) presentó en los último minutos del pasado 21 de agosto formalmente la acusación contra Javier Duarte de Ochoa, el ex Gobernador de Veracruz, por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lo anterior constituye una reconfiguración del delito del que se acusaba, pues originalmente era por delincuencia organizada, lo que implicaría una reducción en la condena que podría enfrentar el ex priista, la pena por el primer ilícito es de 20 a 40 años de prisión, mientras que por el segundo alcanza de 5 a 10 años.
Ante ello la PGR anunció que presentará una solicitud para que el juez aplique la medida cautelar de prisión preventiva justificada, bajo el argumento de que el veracruzano podría huir como lo hizo antes de concluir su mandato.
Fue en julio de 2017 que Duarte fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), y debido al riesgo de fuga le fue impuesta la prisión preventiva justificada.
Desde entonces, el ex mandatario ha permanecido en el Reclusorio Norte y aunque se ha solicitado su traslado a un centro penitenciario ubicado en el municipio de Ayala, en Morelos, esto no ha sucedido.
Por SIN EMBARGO
