Cuatro dependencias gastaron 5 mil MDP en equipo de protección Covid y empresas novatas se quedaron con la mayor parte: La Sedena compró cubrebocas sin certificación, el ISSSTE apostó por una empresa nueva, la Marina confió en otra que instala alarmas, el IMSS se fue por los nexos políticos.
EMEEQUIS.– Poco más de 5 mil millones de pesos invirtieron cuatro dependencias federales para adquirir equipo de protección personal para médicos y enfermeras que atendieron a pacientes con Covid-19 los primeros seis meses de la pandemia.
Se trata del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Marina (Semar).
Todas adquirieron, entre febrero y julio, mascarillas N95 y KN95, goggles, overoles, guantes, caretas, gorros, entre otros insumos básicos, para enfrentar al Sars-CoV-2. Sin embargo, la mayor parte de los recursos terminó en manos de empresas inexpertas en el campo de la salud, recién creadas y sin experiencia como contratistas.
Está, por ejemplo, el caso de la Sedena, que comanda el general Luis Cresencio Sandoval, quien usó el 40% de los 250 millones de pesos gastados en la compra de mascarillas KN95, en empresas que proveen productos y servicios a la industria del transporte de carga, uniformes para personal de seguridad y arrendamiento de inmuebles.
Mientras que el ISSSTE, a cargo de Luis Antonio Ramírez Pineda, cedió un contrato a una empresa de reciente creación, Cenit Médica Estudios Clínicos, S.A. de C.V., por 48 millones de pesos, para compra de cubrebocas quirúrgicos de dos capas.
Look Out Corp se vio beneficiada con 84 millones para goggles, overoles y guantes.
En tanto que la Semar benefició a Look Out Corp, S.A. de C.V. con 84 millones para la compra de goggles, overoles y guantes de exploración. Usualmente, esta empresa se dedica a instalar alarmas y equipos de seguridad, así como a adiestrar personal para brindar servicios de seguridad; sin embargo, tras la llegada de la Covid apostó por proveer de EPP, convirtiéndose en la empresa más beneficiada por la dependencia que comanda el Almirante Secretario José Rafael Ojeda Durán: el 97% de la inversión en equipo de protección personal quedó en sus manos.
Por último, el IMSS, cuya cabeza es Zoé Robledo –la dependencia que más gastos en este rubro ha realizado– pagó el 84.5% de los recursos a empresas inexpertas. Al menos tres de estas empresas están ligadas al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle; al actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”; y al partido Morena.
SEDENA COMPRA MASCARILLAS SIN CERTIFICADO
Por medio de una solicitud de información, la Sedena respondió a EMEEQUIS que gastó 250 millones de pesos en adquirir equipo de protección personal. Cuatro de cada 10 pesos que gastó fueron para comprar mascarillas KN95.
De la empresa Comercializadora ADW, el mayor contratista, no hay registros que haya obtenido contratos en el pasado, con la dependencia ni con las instituciones de salud del gobierno. En su página web presume tener una cartera de productos y servicios especializados en la industria de transporte de carga y pasaje como purificadores de aire sin filtro y líquido para limpiar parabrisas, pero nada relacionado con el campo de la salud.
Pese a su giro, obtuvo el mayor contrato con la dependencia por la venta de mascarillas KN95: 33 millones de pesos.
En la lista aparece también Elite By Carga, S.A. de C.V., que vendió en mascarillas KN95 lo equivalente a 16 millones y otros seis millones en overoles. Sin embargo, la especialidad de esta empresa es la venta de uniformes para cuerpos de seguridad.
En 2016 y 2018 vendió chalecos y uniformes a la presidencia municipal de Puerto Peñasco, Sonora. Por ambos contratos había obtenido menos de tres millones, pero este 2020 su suerte cambió con la llegada del coronavirus y obtuvo ocho veces esos recursos por medio de un contrato Covid, todo con cargo al erario.
Elite By Carga, otra de las beneficiadas.
La empresa MQ Medical, S.A. de C.V. tiene por objeto la compra, venta y administración de todo equipo e instalaciones para la prestación de servicios médicos. Si bien está relacionada con el campo de la salud, su especialidad no es la venta de equipo de protección personal.
Sin embargo, vendió 200 mil mascarillas KN95 a la Sedena por un total de 16 millones 704 mil pesos.
El último proveedor de este insumo, Estereoscopía Digital, S.A. de C.V. tampoco había sido proveedor del gobierno federal y su constitución, objeto social y accionistas no están disponibles para consulta. Sin embargo, es la única empresa de las contratadas por la Sedena que cuenta con la certificación que acredita que los cubrebocas vendidos tienen la calidad adecuada.
Las mascarillas KN95 llegaron para solventar el desabasto de las N95 y, de acuerdo con información del gobierno mexicano, son indispensables para el personal médico que está en la primera línea del Covid-19, sobre todo para las áreas donde es posible que se genere un efecto aerosol por parte de pacientes y que esto pueda provocar algún contagio.
Son principalmente necesarias en áreas de triage respiratorio, aislamiento en hospitalización, en la zona de toma de muestras, área de reanimación, terapia intensiva y también para el personal de traslado de ambulancias y en los consultorios médicos de primer contacto.
Dada su importancia deben estar acreditadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas e inglés), o bien haber pasado las pruebas de resistencia de penetración de aerosoles de partículas sólidas y de resistencia al flujo que otorga la asociación Normalización y Certificación Electrónica (NYCE).
“Preste atención a los productos que hoy se comercializan, ya que en este momento de contingencia existen falsificaciones que pueden poner en riesgo la salud de los usuarios. No todos los artículos disponibles en el mercado han superado las pruebas de laboratorio ni han obtenido la certificación NOM-NYCE”, advierte la certificadora.
En el caso de las compras de la Sedena, ni Comercializadora ADW, ni Elite By Carga ni MQ Medical aparecen como distribuidores acreditados por la certificadora, por ende: no está corroborado que los productos vendidos a la Sedena tengan la calidad necesaria para garantizar la seguridad de quien los usa.
Las últimas cifras reveladas por la Secretaría de Salud muestran que se han contagiado de Sars-CoV-2 97 mil 632 enfermeras, médicos y empleados de los hospitales, lo que representa el 17% de todos los casos positivos del país. Asimismo, mil 320 miembros del personal de salud han perdido la vida a causa del virus.
La organización Amnistía Internacional reportó recientemente que México registra la mayor cantidad de muertes por Covid entre los trabajadores de salud de todo el mundo. En Estados Unidos, el país con amyor número de contagios y defunciones, la última cifra marca mil 77 defunciones de personal médico; Reino Unido contó 649 y Brasil 634.
LA COVID INCREMENTA GANANCIAS A VIEJA PROVEEDORA DEL ISSSTE
La empresa Proarta, S.A. de C.V obtuvo con el ISSSTE el 62% del total de recursos correspondiente a compras de equipo de protección personal. Esto se traduce en tres contratos que en conjunto suman 122 millones 854 mil pesos.
Esta empresa es una vieja proveedora de la dependencia, antes del Covid había ganado contratos pequeños que iban entre los 5 mil pesos y los 12 millones de pesos por la venta de material de curación. En dos sexenios –Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– había sumado apenas 91 millones de pesos por ventas al gobierno federal, una cifra superada este 2020.
La segunda empresa que mayores recursos recibió fue Cenit Médica Estudios Clínicos S.A. de C.V., que oferta productos relacionados a la salud, pero que se creó apenas en septiembre de 2019 por dos jóvenes treintañeras –Fabiola Hernández y Rosaura Ramírez– que pisaron fuerte este año, en medio de una pandemia. Obtuvieron su primer contrato en su corta vida por la venta de cubrebocas de dos capas a $10.5 cada uno y que, en conjunto, suman casi 49 millones de pesos.
MARINA APUESTA POR EMPRESA QUE INSTALA ALARMAS
La Secretaría de Marina, que invirtió en total 87 millones de pesos en la compra de cubrebocas, goggles, guantes y overoles, le dio el 97% de estos recursos a una sola empresa.
Creada en octubre de 2016 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, Look Out Corp, S.A. de C.V. se ha especializado en la venta e instalación de sistemas de monitoreo, alarma y seguridad, asimismo, ofrece capacitación y adiestramiento para nuevos elementos de seguridad.
Esta empresa tampoco figura como proveedor de ningún tipo de producto ni de la dependencia en cuestión ni de ninguna otra. Se estrenó también como proveedora de equipo de protección personal para médicos y enfermeras con la llegada de la Covid.
¿COMPRAS DE EMERGENCIA?
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) emitió un informe en julio pasado en el que señaló la falta de protocolos eficientes y transparentes para responder a emergencias y desastres naturales, pues, como ha quedado evidenciado con la pandemia, las compras rápidas conllevan riesgos.
“Experiencias durante las crisis de la influenza AH1N1 y el Ébola muestran que el oportunismo y el deseo de obtener ganancias indebidas suelen aprovecharse de situaciones donde el gobierno realiza compras de manera apresurada”, se menciona en el estudio “¿Compras de emergencia o compras de pánico?”.
En este sentido, la organización no gubernamental encontró que en el IMSS el 26% de los montos adjudicados en el año carece de fundamento legal que avale su ejecución, hay más de 700 millones de pesos de los cuales no es posible identificar en qué se gastaron.
También señaló que tanto en el ISSSTE como en la Sedena se contrataron empresas cuyas operaciones son ajenas al sector salud, además de que se presentaron pagos en sobreprecio.
Este medio solicitó vía transparencia a todas las dependencias federales que tienen la misión de hacer frente a la emergencia sanitaria, todas las compras de equipo de protección personal realizadas en la primera etapa de la emergencia.
Sólo cuatro contestaron. La Secretaría de Salud (SSA) tiene pendiente la respuesta, mientras que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no ha dado seguimiento a la solicitud.
