La decisión judicial llega tras la denuncia presentada por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente por posibles delitos de malversación y administración desleal
El Mundo
El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos, a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente, tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente.
Según adelantó Público y ha podido confirmar Europa Press, el magistrado ha citado a los tres el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados después de que Calvente ratificara su denuncia ante Escalonilla y declarara durante varias horas a finales del pasado julio.
Juanma del Olmo es actualmente un alto cargo del Gobierno como director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Pablo Iglesias.
Aparte de estas citaciones, el juez ha ordenado otras diligencias en el marco de esta causa que acaba de ponerse en marcha, como es requerir a Podemos abundante documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores.
Las comparecencias de los investigados tendrán lugar después de que hayan declarado tanto Calvente como Gloria Elizo, actual vicepresidenta tercera del Congreso y ex responsable del equipo legal de Podemos, y Mónica Carmona, otra de las antiguas abogadas del partido que fue despedida también en diciembre. Ambas están citadas el próximo 15 de septiembre como testigos de refutación tras la denuncia de Calvente.
CAMPAÑAS ELECTORALES
Según explicó el propio Calvente, Carmona y él estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos. Irregularidades que habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o también sobresueldos. También dirige sus sospechas contra la Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.
En todo caso, Calvente quiso dejar claro que él no ha denunciado a Podemos como persona jurídica y que su escrito no se dirige contra personas concretas, sino que ha relatado unos hechos presuntamente irregulares, de modo que es el juez el que debe decidir, tras la investigación correspondiente, quiénes son los posibles autores.
El abogado fue despedido el pasado diciembre tras ser denunciado por otra de las letradas del partido, Marta Flor, de acoso sexual y laboral, denuncia que ha sido recientemente archivada por otro juez de Madrid al no encontrar ningún indicio al respecto.
A raíz de las imputaciones de Del Olmo, el tesorero y la gerente, fuentes de Podemos consideran que el magistrado Escalonilla está haciendo «una investigación prospectiva» por «practicar diligencias dando por supuesta la culpabilidad de los investigados desde el inicio de la investigación».
En su opinión, el objetivo de este tipo de investigaciones es convertir la causa en «un caso mediático que dure meses, aunque luego jurídicamente quede en nada».
En esa misma línea de anticipar que las imputaciones quedarán «en nada» se ha manifestado Pablo Echenique, secretario de Programa de Podemos y portavoz de la formación en el Congreso. Para Echenique, todo forma parte de una «difamación mediática» y de las «reglas del juego» consistente en atacar a Podemos «desde que nació», según ha señalado él mismo en Twitter.
Los frentes judiciales de Podemos
No es éste el único frente judicial que cerca a Podemos. Pablo Iglesias se encuentra involucrado en el llamado caso Dina. Empezó presentándose ante la opinión pública como víctima de las cloacas del Estado y ahora tiene al juez dirimiendo si pudo cometer algún delito o si fue un «montaje».
El caso Dina ha puesto contra las cuerdas la credibilidad de una parte sustancial del discurso político de Iglesias y de Podemos, pero, por si fuera poco, al partido morado se le han abierto en este último tiempo otros dos frentes por presuntas irregularidades en el pago de sus gastos, que ponen también en cuestión la limpieza de sus cuentas y de su actuación.
El Tribunal de Cuentas descubrió recientemente deficiencias contables, facturas sin justificar, gastos irregulares e incluso prohibidos por la ley en la contabilidad electoral de Podemos para las pasadas elecciones generales del 28 de abril. Así lo alertó en un duro informe, adelantado por EL MUNDO el pasado viernes 7 de agosto, donde advertía de unas irregularidades contables en partidas que alcanzan los 425.037,41 euros.
De ellos, el tribunal fiscalizador subrayaba expresamente una factura de gastos «que no han sido debidamente justificados» y que asciende a 133.100 euros. Las explicaciones por parte de Podemos, después de ser demandadas por el Tribunal de Cuentas, han sido consideradas insuficientes.
En el caso de las irregularidades de la campaña, todas las sospechas se dirigen al papel desempeñado por la compañía Neurona Consulting, una empresa con tentáculos y buena influencia en los países de órbita chavista, con la que trabajó Podemos durante aquella campaña electoral de abril de 2019 a cambio de un desembolso de 363.000 euros.
En paralelo, Antiblanqueo también ha puesto sus ojos sobre estos contratos, como informó este lunes EL MUNDO. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) remitió el pasado mes de mayo un «informe de inteligencia financiera» a la Policía Nacional y la Guardia Civil alertando de los vínculos entre Podemos y Neurona. Está fechado el 25 de mayo y está registrado con el número 4048/2020. | EL MUNDO
