CONSIDERA PRESIDENTE DEL IEPC
MISAEL AUTE
Tras afirmar que la pandemia por Covid-19 está ahondando las diferencias socio-económicas en el país, el Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, consideró que el próximo proceso electoral de 2021 en gran medida se realizaría con el apoyo de nuevas tecnologías.
En el marco del foro virtual que realizó dicha instancia por el Dia del Abogado, los participantes, entre ellos destacadas y destacados abogados y catedráticos, analizaron cómo se garantizan los derechos de la ciudadanía ante la pandemia; el actuar de las y los abogados ante la violación de los derechos humanos y cómo deben hacer valer el derecho humano a la salud.
En su intervención Chacón Rojas destacó que la contingencia sanitaria está impactando en todas las actividades profesionales y subrayó quepor ello es importante conocer de qué manera se está replanteando el oficio de la abogacía en todas sus ramas, en el ámbito de garantizar los derechos de las personas.
En su disertación, el responsable de los procesos electorales locales preguntó cómo se puede garantizar la inclusión de las personas más desfavorecidas que no tienen acceso a las mismas. «Sin duda, tenemos cuestiones que analizar en los distintos campos en los que nos desempeñamos”, enfatizó.
En su oportunidad, el Magistrado de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Adín Antonio de León Gálvez, señaló que las medidas sanitarias generan desafíos adicionales a los ya existentes para la abogacía en cualquier ámbito. «Todo ello requiere un apego estricto a las normas, buscando siempre la defensa de los derechos ciudadanos en todas las instancias», subrayó.
Refirió que hay muchos desafíos en esta época de pandemia y consideró que lo principal es la adaptación a la nueva realidad de la dinámica social que genere la reincorporación a las actividades. “Habrá sin duda, elementos muy interesantes para el análisis y sobre todo para la solución de los problemas, por ejemplo, al existir una vacuna para el covid-19″.
Por su lado, el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Luis Octavio Vado Grajales, aseveró que el Covid-19 plantea un reto constitucional, pues los actos de responsabilidad de la ciudadanía tiene un efecto respecto de la salud de la comunidad de la que forman parte. “Esto nos obliga a repensar una serie de mecanismos constitucionales, como la suspensión o no de garantías», dijo y advirtió no estar seguro que el amparo sea el mecanismo para cuestionar políticas públicas en materia de salud.
