* Diversos organismos presentaron una propuesta de Ley General de Contrataciones Públicas que contribuya a reducir los riesgos de corrupción y facilitar el ejercicio del gasto y la recuperación económica del país
MISAEL AUTE
México podría invertir poco más de dos billones de pesos en procedimientos de contratación pública, pero esta cifra podría incluso ser mayor si se consideran los gastos adicionales en que los gobiernos federal y locales han tenido que incurrir para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Ante este panorama, un grupo de trabajo integrado por el SESNA, la COFECE, Transparencia Mexicana, México Evalúa e IMCO presentó una propuesta de Ley General de Contrataciones Públicas que contribuya a reducir los riesgos de corrupción y facilitar el ejercicio del gasto y la recuperación económica del país.
«La presente iniciativa pretende responder a los retos y áreas de oportunidad que históricamente ha enfrentado el sistema de contrataciones públicas en México, y que son urgentes de atender para que el ejercicio del gasto público que se realiza a través de las contrataciones cumpla cabalmente con los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos», señalan.
Adelantan que se buscan establecer principios de carácter general que rijan los procedimientos de adquisición de bienes y servicios públicos en México. Asimismo, plantea los términos de la coordinación interinstitucional para que todos los entes públicos encargados de contratar bienes y servicios participen de forma corresponsable en la construcción y mantenimiento de un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas que propicie compras oportunas y eficientes.
«La contratación pública, como herramienta esencial de ejecución del gasto público del Estado, debe estar orientada a garantizar el bienestar social mediante la provisión de bienes, servicios e infraestructura que permitan a las personas ejercer y gozar dignamente de los Derechos Humanos. Es mediante esta herramienta que el Estado debe prepararse para prestar servicios básicos para la vivienda, educación y salud de calidad, entre otros», consideran los organismos.
Destacan que no obstante las mejoras que ha habido en el sistema de contrataciones públicas en México, los presupuestos ejercidos en esta materia se gestionan, asignan y utilizan de maner parcialmente eficiente, lo que implica que los recursos de millones de contribuyentes mexicanos no se destinen a las áreas de atención prioritaria. «Como ejemplo de lo anterior, tan sólo en la región de América Latina y el Caribe se estima que el gasto ineficiente en las adquisiciones oscila entre el 10% y el 30% del total del recurso asignado».
Lamentan que a este reto histórico, se suman los efectos económicos y sociales derivados de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y la consecuente desaceleración económica que generan afectaciones graves para la economía de la comunidad internacional y millones de personas. Al respecto, y en relación con las perspectivas para la región de América Latina y el Caribe, se señala que podría haber una caída en el producto de la economía de la región entre -2% y 6 por ciento.
Dan a conocer que el pronóstico para el resto de la comunidad internacional tampoco es alentador, ya que de acuerdo con el Banco Mundial, se estima que alrededor de 60 millones de personas pueden caer en pobreza extrema durante el transcurso del año 2020.
En este orden de ideas, diversos especialistas económicos, organismos y líderes internacionales hacen un llamado a los gobiernos nacionales y locales, como primera línea de defensa ante esta crisis, a tomar medidas urgentes para reactivar la economía y enfocar los recursos económicos y humanos del Estado en políticas y acciones integrales que no sólo continúen atendiendo la crisis sanitaria, sino también permitan que el gasto público que se ejerce a través de las contrataciones públicas continué proveyendo de bienes y servicios esenciales a la población.
