* En Chiapas, al momento, existe una iniciativa en este sentido, la cual se encuentra en análisis para su posterior votación y posible aprobación
MISAEL AUTE
Tras 100 días de la declaratoria de emergencia, sólo dos Congresos locales, el de Sonora y el de Coahuila, han creado Comisiones especiales de seguimiento específico a temas relacionados con Covid-19. En Chiapas, al momento, existe una iniciativa en este sentido, la cual se encuentra en análisis para su posterior votación y posible aprobación.
Por medio del mecanismo #Susana Vigilancia, la Unidad para la Transformación de los Congresos (U-TRAC) de Transparencia Mexicana, se sumó esta semana al seguimiento de planes, programas y acciones para la atención de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas.
Así las cosas, el organismo vigilante destaca que analizó las acciones de los 34 órganos legislativos del país (32 Congresos locales y dos órganos federales) en términos del uso de sus facultades constitucionales y legales para dar seguimiento de los recursos públicos y las acciones emprendidas tras la pandemia.
Informa que en el plano federal, ni el Senado ni la Cámara de Diputados han creado comisiones especiales de seguimiento al gasto o responsabilidades durante la pandemia y agrega que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hay una propuesta de exhorto para iniciar un proceso de fiscalización especial de los recursos, pero hasta el día lunes 22 de junio, no había sido aprobado por el pleno.
«Aunque los y las legusladoras se han pronunciado en sendos comunicados y redes sociales a favor de la transparencia en el ejercicio de los recursos, no han aprovechado las herramientas que la propia Constirución les asigna para hacerlo», subraya.
La U-TRAC recordó que una de las funciones del Congreso es vigilar las acciones del Poder Ejecutivo, incluso cuando un mismo partido controle ambos poderes. «En nuestro país, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, así como los Congresos estatales, tienen el mandato constitucional de vigilar y fiscalizar las acciones de los poderes ejecutivos del país», enfatizó.
De igual manera, da a conocer que para atender la emergencia sanitaria, el Gobierno Federal y los Gobiernos estatales han requerido suministros para hospitales y centros de salud, recibido donativos, e incluso negociado condiciones preferenciales con otros gobiernos y países para la adquisición de bienes.
«Para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, los gobiernos federal y estatales han activado mecanismos de deuda pública, créditos, apoyos económicos o estímulos fiscales, cuyo origen y destino también deben ser supervisados, es decir, tienen la obligación de asegurar que los recursos públicos destinados a eata crisis se utilicen exclusivamente para esos fines», anotó.
Finalmente, Transparencia Mexicana añade que las Comisiones Especiales son órganos colegiados cuya tarea es la de atender, investigar y observar asuntos de interés público y los resultados de sus investigaciones deberán ser del conocimiento del Poder Ejecutivo.
