MISAEL AUTE
Las recientes reformas a la Ley de Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres acabará con la prevalencia de agravios existente contra este sector de la sociedad, los cuales pese a ser comunes pasan inadvertidos, coincidieron algunas diputadas que concibieron dicha propuesta legislativa.
Por citar algunas: Olga Luz Espinosa Morales, Aida Guadalupe Jiménez Sesma, Patricia Mass Lazos, Carolina Elizabeth Sohlé Gómez y Dulce Gallegos Mijangos, coincidieron en que la jornada electoral 2017-2018 fue histórica en lo que respecta al número de puestos de elección en disputa, «pero también por los altos índices de violencia política; ha sido de las más caóticas de la historia reciente de México desde 1997», anotaron.
«La violencia en un sentido general se trata de acciones, conductas u omisiones que buscan afectar o dañar a un individuo o grupo social. La violencia política en particular es aquella que interfiere en el ejercicio de los derechos políticos de las personas y tiene como objetivo evitar o alterar su libre participación en la toma de decisiones públicas», detallaron.
Las legisladoras de los partidos de la Revolución Democrática (PRD); Revolucionario Institucional (PRI); Podemos Mover a Chiapas (PMCH) y Movimiento de Regebración Nacional (Morena), lamentaron que entre todos los sectores víctimas de violencia política en México, la población femenina sea la más afectada, pues siguen encontrando enormes obstáculos para ejercer sus derechos electorales.
«En un contexto democrático las decisiones se toman de acuerdo al bien común y a los mejores argumentos expuestos por cada una de las partes. Así, el respeto a los derechos políticos, aquellos que garantizan la libre participación política de todos los ciudadanos, es una condición básica para que estas decisiones sean consideradas legítimas. De esta manera todo acto que atente contra estos derechos deber ser considerado un acto de violencia política», subrayaron.
Las legisladores hicieron hincapié que los derechos políticos, electorales y participación de las mujeres desde el Primer Congreso Feminista celebrado en 1916 fueron reconocidos a nivel constitucional el 17 de octubre de 1953 con la reforma al artículo 343 y tuvo su aplicación en las elecciones de 1955. «Aunque la lucha por la paridad empezó desde 1993, fue hasta el año 2002 que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) estableció la obligatoriedad del sistema de cuotas de género a nivel federal con un balance 70/30», recordaron.
Rechazaron que el aumento de la participación de las mujeres en los procesos democráticos este acompañado de un incremento de violencia en su contra. «Los ataques tienen como trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección. La violencia se encuentra normalizada, y por tanto, invisibilizada», aseguraron.
Las representantes populares detallaron que la violencia política por razón de género se manifiesta cuando ocurre feminicidio, agresiones físicas, discriminación, agresiones sexuales, amenazas, intimidación, se restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de las mujeres; se difame, calumnie, incite, injurie o realice cualquier expresión que denigre a las mujeres en el ejercicio de sus funciones o con el objeto de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos.
