TRAS DOS AÑOS
MISAEL AUTE
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) lamentó que a dos años de que se iniciaran actos de violencia contra indígenas tseltales de por lo menos dos comunidades del municipio de Chilón, 262 personas permanezcan en calidad de desplazados.
El organismo aseguró que desde 2018 un grupo armado mantiene sitiadas a varias comunidades. «Mediante secuestros, extorsiones, amenazas e intimidaciones, pretenden controlan el territorio», detalló y recordó que el 3 de junio de dicho año la violencia escaló en la comunidad de Carmen San José, cuando el referido grupo asesinó a Marín Luis Gómez Guzmán.
En un comunicado, el Centro subraya que los agresores son oriundos de la comunidad Pechton Icotsilha’, quienes robaron las pertenencias de los desplazados, quemaron sus cafetales y destruyeron la escuela primaria. «A la fecha estas personas mpiden el retorno de las 34 familias que se encuentran en
desplazamiento forzado.
Informó que ante estos hechos, los afectados interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado por despojo, robo, daños, homicidio y secuestro, entre otros delitos, «pero al momento no han tenido alguna respuesta de dicha autoridad, lo cual provoca que los culpables sigan actuando con total impunidad».
Señala que a dos años del desplazamiento forzado de las familias, el Estado mexicano
no ha realizado acciones eficaces de protección y garantía de derechos
humanos para las víctimas y ha sido incapaz de brindar seguridad, ofrecer ayuda humanitaria y restituir derechos, incluido el retorno a la comunidad de origen con seguridad.
Frayba destaca que las familias desplazadas de Carmen San José y de San Antonio Patbaxil, sobreviven en condiciones de hacinamiento y precariedad, rentando pequeños cuartos u ocupando espacios con familiares en otras comunidades o en la cabecera municipal, aunado a que algunos jefes de familia migraron a otras zonas del país para buscar recursos económicos.
Recordó que junto con el Centro de Derechos Indígenas A.C, exhortaron desde abril de este año a los gobiernos federal y
estatal a la puntual atención para las familias víctimas de desplazamiento forzado, pues dada su vulnerabilidad, tienen un mayor riesgo de contraer el coronavirus que ha provocado poco mas de 14 mil muertes en el pais.
