Eustolia Castro, una de las viudas, dice en entrevista que 55 millones para la reparación del daño se los quedó el ayuntamiento de Ayutla. Reclama a López Obrador que lleva dos años como presidente y no se ha reunido con las víctimas de esta masacre
Texto: Vania Pigeonutt Fotografía: Lenin Mosso
Amapola Periodismo
Eustolia Castro ha vivido 22 años sin conocer la justicia. El 7 de junio de 1998, el Ejército asesinó a su esposo José Rivera Morales, junto a otros 10 hombres en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla. Ella tenía 18 años y cinco meses de embarazo.
Desde entonces han gobernado México cinco presidentes: Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador. Ninguno ha hecho justicia a las viudas, madres e hijos de El Charco.
El Charco es una de las masacres más documentadas de Guerrero, que siguió a la del vado de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995. Ahí fueron asesinados 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) por la Policía Estatal. En ese entonces fue destituido el gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Entró al relevo Ángel Aguirre Rivero.
En El Charco fueron asesinados además de José Rivera Morales, Honorio García Lorenzo, Mario Chávez García, Fidencio Morales Castro, Mauro González Castro, Ceferino Damián Marco, Daniel Crisóforo Jiménez, Fernando Félix Guadalupe, Apolonio Jiménez García, Manuel Francisco Prisciliano y Ricardo Zavala Tapia, un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien daba clases de alfabetización en la comunidad.
La madrugada del 7 de junio las tropas del Ejército Mexicano llegaron a la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez de la comunidad de El Charco. De acuerdo con varios testimonios de sobrevivientes torturados por militares, había una reunión de autoridades comunitarias para la entrega de programas.
Analizaban y discutían como mejorar su alimentación y condiciones de vida, así también recibían cursos de alfabetización, de acuerdo con la versión del Centro de Derechos Humanos de la Montañan Tlachinollan. “Estaba programado que el día 7, al finalizar los trabajos, los promotores de salud darían atención médica a los pobladores”, puntualiza la organización defensora de derechos humanos.
Mujeres asistentes al 13 aniversario de la masacre de El Charco, esperan para iniciar el desfile.
La narración lograda por varios periodistas y quienes han documentado esta tragedia, constata también que en esa comunidad, empezaba a acuerparse una columna del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una guerrilla escindida del entonces Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Los militares adscritos al 27 Batallón de Infantería, con base en Iguala –el mismo cuerpo señalado por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa– arribaron cuando pernoctaban campesinos y personas que recién escucharían los objetivos del EPR, y dispararon a quemarropa.
En la primaria Caritino Maldonado Pérez, ubicada en el centro de la comunidad indígena, aún quedan los hoyos dejados por las balas en las paredes. La incursión militar dejó un saldo de 11 hombres asesinados extrajudicialmente, 27 torturados y detenidos arbitrariamente y cinco heridos.
Ericka Zamora Pardo, una estudiante de la UNAM que también alfabetizaba en la comunidad, fue llevada junto con otros sobrevivientes a la IX Región Militar, en Acapulco. Ella, junto a Efrén Cortés fueron torturados por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y encarcelados. Los acusaron de rebelión y conspiración. Tardaron cuatro años en comprobar su inocencia.
“La mecánica de los hechos y el saldo de asesinados y heridos dan cuenta que el ejército mexicano usó la fuerza de manera desproporcionada. En la represión un niño fue herido de gravedad y cinco fueron detenidos, llevados a prisiones militares y torturados. Una estudiante universitaria corrió la misma suerte (Ericka). Estuvo detenida junto con los varones”, narra a 22 años de esta masacre el Centro de Derechos Humanos de la Montaña.
“Por estos hechos nunca se abrió una investigación contra los militares que ultimaron a los campesinos. El expediente que se abrió fue contra 27 indígenas a quienes les imputaron diversos cargos, se les procesó, y estuvieron en prisión más de dos años. Pero hasta la fecha no se han indagado los hechos de ejecución extrajudicial, tortura, lesiones y privación de la libertad de que fueron objeto, ni se ha investigado la responsabilidad del ejército mexicano”, puntualiza.
Eustolia Castro Ramírez con una foto de su esposo José Rivera. Ambos originarios de la comunidad de La Palma, Ayutla de Los Libres.
Viudas sin justicia
A sus 40 años de edad, Eustolia Castro Ramírez, una mujer Na Savi, dice que espera justicia. Cuenta que a pesar de que ya pasaron dos años de la transición democrática, este presidente autonombrado de izquierda, no se ha reunido con las viudas.
–¿Cuál es el estatus del caso de El Charco?
– Eso fue como una marca para toda la vida. Es año con año que se ha hecho todo esto conmemorativo, que ahora por la pandemia de Covid–19 sólo se hizo en un comunicado. Allí decimos que no se ha hecho castigo a los que fueron responsables, no hay la reparación del daño y mucho menos justicia. La justicia la hemos reclamado siempre. Pero no ha habido nada de resultados ni avance sobre las demandas que hemos llevado.
Lo que más quisiéramos es una respuesta de López Obrador, porque en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que retomó el caso– en diciembre del 2018 pidió una respuesta al gobierno en turno.
Hasta la fecha no se ha hecho esa contestación. Queremos que responda AMLO para que veamos el avance de lo que se ha llevado, porque no hemos tenido ningún conocimiento.
La exigencia de justicia por parte de las familias de El Charco la llevan dos organizaciones, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, en la que sólo siguen dos viudas, porque tuvieron problemas con cómo llevaron el caso y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
La organización considera en este 22 aniversario que esta masacre “es un ejemplo de lo que ocurre cuando el Ejército mexicano realiza tareas de seguridad pública, carece de controles civiles y mecanismos de rendición de cuentas. La impunidad en que se encuentran lacera la vida de las víctimas y de las familias y socava la vida democrática de la entidad”.
También que: “esta es una agenda pendiente en la que el gobierno federal tiene que enfatizar para ofrecer verdad, justicia, reparación integral del daño y adoptar medidas de no repetición”.
–¿Cómo ha cambiado Guerrero en estos 22 años, hay más justicia?
– Me quedé embarazada de mi primera niña en ese tiempo. Yo tenía 18 años. Tenía cinco meses de embarazo cuando ocurrió todo. Le puse Maribel. En una evocación a la virgen María. Su papá era creyente.
En ese tiempo no había pasado mucho de la masacre de Aguas Blancas, luego sucede lo de El Charco, así ha sido, luego los compañeros de Ayotzinapa. En ese tiempo estaba el gobernador interino, Ángel Aguirre Rivero. Nuevamente está ese gobernador cuando sucede lo de Ayotzinapa, ha sido lo mismo desde entonces hasta ahora.
Ha habido muchos asesinatos de activistas de derechos humanos, periodistas, varios compañeros que han publicado nuestras demandas, han seguido las violencias para la humanidad, vemos que no ha parado esto.
Yo después de El Charo me junté con un compañero, tuve otros dos hijos, en total tuve tres hijos: Maribel, de mi esposo que tenía 22 años y otros dos.
María Jiménez, mamá de Daniel Crisóforo Jiménez, uno de los once asesinados ese 7 de junio.
Cuando sucede lo de El Charco era una reunión regional en la zona indígena de nuestras comunidades, ahí donde mueren varias personas, no eran de allí mismo de El Charco, sino que eran de diferentes comunidades vecinas. Nosotros somos de la comunidad La Palma, José fue a recibir información.
Fue algo feo. El gobierno entró con helicópteros, con tráiler. Había mucho movimiento ese día. Era el mismo día que habían masacrado a los campesinos y nos decían que sí íbamos nos mataban. Yo me fui a buscarlo (a José) embarazada.
Sobre las viudas, unas fueron madres de los que se murieron en ese tiempo, no todos eran casados. Algunas tenemos contactos, otras estamos incomunicadas, como ellas viven en las localidades todavía, a veces nos comunicamos o bien vienen a verme a mí.
Eustolia durante mucho tiempo fue presidenta del Comité de Viudas y Sobrevivientes de la Masacre de El Charco, era quien más español sabía, porque la mayoría en ese entonces hablaba Tuún Savi (mixteco), pero cambiaron muchas cosas, como la exigencia de justicia dividida.
–¿Qué apoyos recibieron en ese entonces?
– Nos reunimos con el gobernador de entonces, Ángel Aguirre, casi a los 15 días de haber sucedido lo de El Charco, nos reúnen en el ayuntamiento, que teníamos que venir a recibir una reparación del daño. Desde entonces decían que nos dejaban 55 millones de pesos para la reparación del daño a los familiares, pero en ese tiempo como había un ayuntamiento perredista, nos dejaron a nosotros fuera y teníamos la intención que nos fueran a dar a conocer de ese dinero y nunca pasó. Quizá para ellos fue un reparto, queremos pensar que lo repartieron como cabildo, nunca nos enteramos de ese recurso. Éramos tan ignorantes, que no teníamos madurez para saber bien las cosas, no estábamos maduras las compañeras, menos hablaban el español, la que podía hablar era yo, la única. Por eso nos fue tan mal que nos dieron unas despensas con tal de que nos retiráramos y hasta allí fue nuestro recibimiento que hicimos con el gobernador en ese tiempo.
Varios años después yo entré en el ayuntamiento como intérprete en una institución que antes le llamaban la CDI, la Comisión de Asuntos Indígenas. Fue donde me entero que había programas para los que eran desplazados. Me bajé yo a vivir a Ayutla y me entero que había un recurso para los que eran desplazados, para meter a todas mis compañeras viudas y madres en ese tiempo.
Son las que se beneficiaron en ese momento. No fue por El Charco. Eso fue una mezcla de recursos, donde en Desarrollo Rural estatal hace una mezcla de recursos para hacer ese apoyo. No hemos tenido otro apoyo. Tiempo después otras cosas, como máquinas de coser, para las compañeras que ya tenían en sus casas, para poder sobrevivir, era lo que yo pude hacer, nada que ver que era indemnización o algo que tenía que ver con El Charco. Eso no fue nada de eso.
–¿Cuál es su exigencia de justicia?
–Lo que se sigue viendo es que más que nada el respeto hacia nuestras zonas, no hay respeto, nos siguen matando por ser indígenas, desapareciendo. No importa de las razas que seamos, allí depende mucho de la humanidad, yo creo que tenemos los mismos derechos como cualquiera. Necesitamos que seamos respetados y escuchados, que esto no se quede impune, lo que han hecho estos gobernantes.
De las compañeras y familiares unos fallecieron, otros andan a luchas por allí. Necesitamos que se dé un seguimiento apresurado, que el presidente revise el caso. Exigimos justicia. Queremos que nuestros hijos tengan justicia por lo que le hicieron a nuestras familias. Ya nada fue igual.
