Félix Camas
San Cristóbal de Las Casas. – El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) celebró la suspensión definitiva de los trabajos del Tren Maya, en el territorio de Calakmul, que el pasado 3 de marzo, en audiencia incidental por un juicio de amparo, lograron los pueblos Maya y Ch’ol organizados en el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil.
En conferencia de prensa, dieron a conocer que en Chiapas son 12 mil 124 firmas de comunidades de 15 municipios, que respaldan la cancelación completa del Tren Maya y apoyan el amparo interpuesto por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, en Calakmul por violación a sus derechos humanos como Pueblos Originarios.
El Frayba asegura que a pesar del discurso del Gobierno Federal refiriendo el diálogo y la información con representantes comunitarios para dar seguimiento a la simulada consulta de diciembre de 2019, las estrategias implementadas denotan continuidad en las políticas de no reconocimiento de los Pueblos Originarios como sujetos de derechos.
“Se les subordina a integrarse a un programa previamente ya decidido y se les mira como objeto de explotación. Además, persisten los mecanismos de división social y coacción a cambio de derechos básicos, como las carentes obras públicas y más grave, a cambio de derechos como la salud y la educación”
Respecto al cumplimiento del Derecho a la Consulta, acorde con el marco de derecho internacional, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), invitada por instancias gubernamentales a observar dicha consulta, señaló el 19 de diciembre de 2019, que el proceso: “no ha cumplido con todos los estándares internacionales en la materia”.
Asimismo, destacan que se omitió presentar información sobre posibles impactos negativos y que la convocatoria y protocolo de la consulta podrían “dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado. Nos preocupa que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador descalifica las observaciones de la OACNUDH y con ello el trabajo que dicho organismo realiza.
Finalmente, reiteraron al Estado Mexicano que, en su Informe sobre su visita a México, la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas recomendó respecto a las prioridades de desarrollo, megaproyectos, consulta y consentimiento que: «debe adoptarse medidas para que los pueblos indígenas cuenten con estudios del impacto sobre los derechos humanos que pudieran ocasionar los proyectos propuestos en sus territorios».
