MISAEL AUTE
Tras negar que únicamente se actúe contra “ciertos funcionarios públicos”, Blanca Estela Parra Chávez, Consejera Electoral del IEPC, adelantó que se investigan al menos a 20 servidores públicos por promoción personalizada de su imagen. “Actuamos parejo.
Estas medidas no tienen que ver ni con el partido, ni el color del mismo. Queremos piso parejo para todos”, recalcó.
Al ejemplificar esta tarea, la también presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto, recordó que dicha instancia aprobó recientemente el inicio de procedimiento contra Carlos Morales, alcalde de Tuxtla Gutiérrez, “pero también lo hicimos por esta misma causa contra los ediles de Yajalón y Venustiano Carranza, así como de la Presidenta del DIF de Cintalapa”.
En entrevista, señaló que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana sólo emite medidas para que los señalados lleven a cabo de manera inmediata, el retiro total de la propaganda exhibida en sus páginas de Facebook, pero señaló que el órgano que debe sancionar a los infractores es el Congreso del estado.
“En los casos de Presidentes Municipales la ley indica que el órgano sancionador debe ser el Poder Legislativo, por medio del Órgano de Fiscalización, que debe investigar cómo y en qué gasta el funcionario los recursos públicos”, dijo y agregó que los alcaldes están obligados a informar al pueblo lo que hacen en obras, pero no pueden personalizarlas como si estas tareas las hicieran con su dinero.
Aseveró que hay jurisprudencia de la Sala del Tribunal donde informa que los Congresos si tienen la facultad de sancionar a estos servidores públicos mediante una amonestación pública o por escrito. “Sin embargo, mi interpretación es que se debe dar vista también al cabildo, pues las presidencias municipales se autoregulan por medio de sus propias autoridades, es decir, los regidores”.
INACCIÓN DE DIPUTADOS
Dio a conocer que en el pasado reciente hubieron algunos casos similares, empero los integrantes de aquella Legislatura nunca actuaron. “No obstante, hay buenas noticias, pues la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral emitió recientemente una sentencia a todos los Congresos de los estados, donde les da tiempos perentorios para que sancionen a los infractores”, informó.
Parra Chávez recalcó que la Comisión a su cargo envío el pasado 17 de febrero oficios a todos las Presidentes y Presidentes Municipales del estado, funcionarios públicos y al propio Gobernador, donde les recuerdan el Artículo 134 Constitucional e informan que pueden y que no pueden hacer respecto al manejo de sus redes sociales para que no caigan en actos violatorios a la ley.
Manifestó que en muchos de los casos hay alcaldes que desconocen la Ley Electoral y la Constitución Política y refirió que por ello actúan en dos vertientes: Los hacemos cuando hay una denuncia y también lo hacemos por oficio, en este último caso Comunicación Social del IEPC monitorea diariamente e informa de los posibles infractores en este sentido.
Aclaró que muchos de los casos no se han hecho públicos, pues violarían tres preceptos legales. El primero el que está relacionado con la presunción de inocencia, el segundo, es referente a proteger los datos y nombres de las personas y, tercero, no se pueden hacer pronunciamientos hasta tener elementos suficientes. “Las medidas cautelares se emiten después de una ardua investigación”, recalcó.
