El actual jefe de la oficina de la Presidencia de México fundó la empresa Enerall en 2007, un megaproyecto que en los últimos 10 años obtuvo concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la Península de Yucatán.
Alfonso Romo Garza, actual jefe de la oficina de la Presidencia de México, fundó la empresa Enerall en 2007, un megaproyecto que en los últimos 10 años obtuvo concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la Península de Yucatán. Esta compañía biotecnológica se sirve del acuífero con la reserva más importante del país, pero cuya disponibilidad media anual ha bajado 43%. Durante su expansión ha afectado la vegetación y fauna sin que se conozca cómo cumple las medidas de mitigación ambiental. Además fue investigada por destruir sin autorización un cenote, que son cuerpos de agua sagrados para la cultura maya: la investigación del caso se saldó con una multa y sin que se remitiera el expediente para una averiguación penal. Romo, quien fue uno de los empresarios más conocidos de México, dejó Enerall, antes de integrar el equipo de Andrés Manuel López Obrador, a finales de 2018, pero la propiedad de la compañía sigue estando en manos de su familia
Janet Cacelín, Alejandro Melgoza y Sergio Rincón/Aristegui Noticias
Tizimín, Yucatán.- Un daño ambiental en la Península de Yucatán llevó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a investigar en abril del 2018 un megaproyecto de biotecnología fundado por Alfonso Romo Garza, actual jefe de gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los inspectores encontraron un cenote de 5 mil 500 metros cuadrados que fue tapado con tierra, rocas y despalme y convertido en solo fango. Pese a esos hallazgos, la Profepa no remitió el caso al Ministerio Público para que investigara si los hechos habían configurado un delito ambiental.
La responsable de los hechos se llama Enerall, una empresa asentada sobre la reserva de agua dulce más importante del país. Fue fundada en 2007 y una década después, mediante un esquema de acumulación de territorio con el que reunió casi 15 mil 000 hectáreas, se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola de la Península de Yucatán y la tercera en todo el país.
Para la expansión de sus operaciones, la empresa intervino áreas de la selva maya y comprometió el hábitat y la fauna asentada en esas zonas. En las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que le fueron aprobadas, Enerall contempla la ejecución de 11 medidas para mitigar daños medioambientales. Actualmente se desconoce cómo las implementaron y los resultados. Profepa no ha practicado auditorías para verificar el cumplimiento de esas disposiciones y Conagua tampoco ha realizado evaluaciones para analizar la calidad del agua en los predios de la empresa.El cenote, de hecho, fue tapado a pesar de que en las MIA Enerall había aceptado preservar esos cuerpos de agua y de que carecía de permisos para intervenir el que fue destruido, según la averiguación de Profepa, que cerró el expediente con la aplicación de una multa y con una clausura temporal del rancho donde se encontraba el reservorio dañado.
Así lo revela una investigación que se desarrolló en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS, Aristegui Noticias, Proceso, Ruido en la Red, Univision, Vice en Español y el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ). El trabajo implicó la formulación de más de 1,500 solicitudes de información a través de la Ley de Transparencia, la obtención de más de 1,000 documentos de la empresa y sus operaciones, así como el análisis de más de 147 mil datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Si ustedes van de Cancún en carro a Mérida, no hay nada. Bueno, pero toda esta zona está asentada en agua. ¿Qué hicimos? Lo van a ver. Usando tecnología de punta, mexicana, de microorganismos, estamos convirtiendo suelos de improductivos en productivos. Lo que la naturaleza hace en 200 años, lo estamos haciendo en un año”, dijo a un grupo de emprendedores en marzo de 2017 durante un foro de la revista Forbes.
Este no ha sido el único proyecto de tecnologías genética aplicadas en el que ha estado involucrado el jefe de gabinete. Romo fue el inversor principal de Synthetic Genomics, una firma dedicada a la biología sintética liderada por Craig Venter, el científico que completó el mapa del genoma humano. Además, años atrás, fundó Séminis, una compañía que fue adquirida por Monsanto, una de las principales fabricantes de semillas transgénicas del mundo.
La tecnología empleada para lograr los objetivos en Yucatán se basa, entre sus
componentes fundamentales, en el uso de un sistema que extrae agua del subsuelo
para regar las tierras 270 días al año a través de 60 pozos y 30 pivotes, cada uno de
los cuales se mantiene activo durante 7 horas diarias, de acuerdo con una
descripción remitida por la empresa a la Profepa y los expedientes de Conagua.
La información interna de Enerall contenida en el expediente de Profepa también
señala que puede producir 12,000 toneladas de graneles en un área de tan solo
1,800 hectáreas en el ciclo otoño-invierno. En una nota de prensa publicada en
noviembre de 2017 por Cargill, multinacional estadounidense con la que Enerall
tiene una alianza comercial, se señalaba que la producción de la empresa fundada
por Romo sería la principal fuente para alimentar una planta de almacenamiento de
granos inaugurada entonces con 50,000 toneladas de capacidad y proyectada para
llegar a los 130,000 en el futuro. El detalle de a cuánto ascendía la productividad de
Enerall, sin embargo, no se aclaraba en el comunicado.
El agua del acuífero de la Península de Yucatán, del cual Enerall ha logrado servirse como ningún otro particular, es clave para la zona. Aunque el acuífero cuenta todavía con recursos masivos, en la última década ha visto desplomarse en casi 50 por ciento su disponibilidad media anual. El hecho ha coincidido, entre otros factores, con el salto en el otorgamiento de permisos para explotar el acuífero en los últimos 10 años, como evidencian los propios datos de Conagua.
El retroceso en la disponibilidad de agua ha provocado malestar entre productores
mayas, quienes a partir de 2016, según la Conagua, padecen registros históricos de
sequía extrema: coinciden en que sus pozos están secos o descienden de nivel por culpa de quienes riegan sin parar.
Los cenotes, semejantes a grandes pozos, se alimentan de agua a través de las
conexiones subterráneas que se extienden por la región. Representan la única
fuente de abastecimiento y eran considerados sagrados por los ancestros mayas.
Tizimín es la localidad que reúne la mayor cantidad de cenotes en el país, con 369 de 3,001, y fue allí donde Enerall fue acusada de dañar uno en el Rancho Asideros.
Cuando se dio la batalla legal con la Profepa por azolvar el cenote, en abril de 2018, Romo Garza lideraba el Grupo Plenus del cual Enerall es subsidiaria y, en esas mismas fechas, era coordinador de la campaña presidencial de López Obrador, para entonces ya el favorito en las encuestas. También estuvo al frente del equipo que redactó las bases económicas del Proyecto de Nación del actual gobierno, y que contempla obras en el sureste mexicano, como la construcción del Tren Maya, que tendrá una estación a sólo 50 kilómetros de Enerall, y de la cual ya se lanzaron las bases de la primera licitación.
Romo abandonó Grupo Plenus en noviembre de 2018, según su declaración patrimonial, para convertirse en el Jefe de la Oficina de la Presidencia. El Registro Público de la Propiedad de la Secretaría de Economía refiere que uno de los socios activos de la empresa es Gustavo Romo Garza, hermano del jefe del Gabinete. Sin embargo, al ser un sistema declarativo y no constitutivo, la empresa pudo tener más movimientos, aunque aún no son reflejados.
Alfonso Romo Garza tiene una larga trayectoria como hombre de negocios, pero también supo relacionarse con el poder. Mantuvo relación estrecha con los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox. Sin embargo, con López Obrador se lanzó como funcionario público. Su historial en Yucatán no representó motivo alguno para que el actual presidente mexicano lo alejara de su entorno.
López Obrador en su plan de gobierno propuso crear conciencia sobre el uso
racional de las aguas y en discursos insistió en que será inflexible en castigar los
delitos ambientales: “El que daña el medio ambiente es castigado”.
El poder de Romo Garza como mano derecha de López Obrador se afirmó el año pasado, luego de ganar su primer round político contra el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien renunció al gabinete el 9 de julio de 2019.
Urzúa lo acusó de tener un potencial conflicto de interés por intentar infiltrar las
secretarías económicas con funcionarios afines a sus intereses de negocios, lo que
Romo negó. Aquella mañana, mientras los mexicanos se enteraban de la noticia, Romo estaba reunido con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, hablando
de nuevas inversiones en ese estado.
El pasado 29 de enero del 2020 también fue nombrado coordinador del gabinete de
Fomento, Inversiones y el Crecimiento Económico en el contexto del Acuerdo
Comercial T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá.
Al cierre de edición, ni el jefe de Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, ni la representante legal de Enerall, Katia Aguiar, respondieron a los cuestionarios y las solicitudes de entrevista que se les proporcionaron con anticipación. La secretaria particular del jefe de gabinete, Regina Sada, recibió las preguntas sobre el caso y las solicitudes telefónicamente. A su vez, se tuvo contacto directo con la abogada Aguiar, quien respondió a título personal vía correo electrónico que infería de las preguntas presentadas “información no actualizada e imprecisa”. En un principio señaló que el plazo inicial ofrecido para contestar no era suficiente para cumplir los procesos internos para dar una respuesta. Al finalizar la prórroga concedida, apenas afirmó que comenzaría a realizar la gestión sin ofrecer precisión sobre fechas.
Preguntas formuladas por escrito igualmente fueron remitidas al presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, pero no fueron contestadas pese a que
se canalizaron personalmente a través de su jefe de prensa, Jesús Ramírez. Del
mismo modo, ni el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor
Toledo, ni el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos,
respondieron las consultas presentadas.
Agua y expansión
Romo no eligió el paraíso maya por casualidad sino por las características del área que representaron para él un diamante en bruto. Caminar en Tizimín es como hacerlo sobre un gigantesco queso gruyere. El suelo posee miles de conductos que permiten que la lluvia penetre rápidamente en el subsuelo y que los acuíferos subterráneos se recarguen. Ese rasgo es común en la región y ello hace que bajo los suelos de la Península de Yucatán se resguarden dos terceras partes del agua renovable del país, de acuerdo con el Atlas de Agua en México publicado en 2018 por Conagua.
El volumen que Enerall puede explotar en un año podría ser envasado en 8,400
millones de botellas de dos litros, y también sería suficiente para llenar casi 17
veces el Estadio Azteca, el segundo más grande de América Latina. Son 16.81
millones de metros cúbicos cada 12 meses y 168 millones asegurados por una
década, según datos analizados del periodo 2012 al 2019 que fueron obtenidos del
sistema de REPDA de la Conagua y contrastados con las versiones públicas de los
expedientes de los títulos de Conagua obtenidos vía la Ley de Transparencia.
Tal cantidad coloca a Enerall no solo como la mayor explotadora de agua
subterránea para uso agrícola en Yucatán sino como la tercera en una lista de las
10 mayores beneficiarias de ese tipo de suministro en el país. A esa conclusión se
llegó tras identificar la decena de empresas que, según el REDPA, cuentan con los
permisos para utilizar la mayor cantidad de agua subterránea para fines agrícolas y
de realizar una búsqueda para hallar predios adicionales vinculados a sus razones
sociales.
A pesar de la importancia de Enerall como concesionaria, Conagua nunca ha
realizado evaluación alguna sobre la calidad del agua en los pozos de la empresa.
El organismo ha realizado 755 análisis en Tizimín sin precisar el periodo, pero
ninguna a Enerall, empresa que ha sido visitada solo en tres ocasiones pero por
razones exclusivamente administrativas.
Enerall es beneficiaria de 23 títulos para la explotación de aguas que le fueron otorgados entre 2012 y 2018. Al menos 14 de ellos se encuentran a su nombre y los otros 9 le fueron cedidos por terceros a través de la compra de terrenos. Toda esta agua se obtuvo de forma gratuita a través de la Ley de Aguas Nacionales que no
emite cobros cuando se destina a la agricultura.
Si la acumulación de concesiones de agua le permitió dar a Enerall un salto
gigantesco, la compra de tierras no fue diferente. A lo largo de una década, a través
de las filiales Enerall S. A. P. I., Enerall Terra 1 y Enerall Terra 2, adquirió 47 predios
para instalar allí su megaproyecto. Compró alrededor de 15,000 hectáreas por más
de 255 millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares) en movimientos
registrados entre 2011 y 2018, según lo asientan escrituras obtenidas del Registro
Público de la Propiedad de Yucatán.
Al menos 41 de estos predios se encuentran hipotecados como garantía de
préstamos solicitados para la compra de más tierras, maquinaria y mejoramiento de
suelos. Seis de estos fueron hipotecados con Agronegocios Laad, una organización
que otorga préstamos a empresas agroindustriales que venden sus productos en
mercados internacionales. Según los últimos documentos del Registro Público de la
Propiedad asentados en 2017, Alfonso Romo aparece como garante hipotecario de
este financiamiento en una operación de 37 millones de pesos (2 millones de
dólares), situación que no publicó en su declaración patrimonial y de intereses ante
la Secretaría de la Función Pública. Consultado al respecto, Laad señaló que, por
ser una entidad financiera regulada por la Ley de Protección de Datos Personales,
debían guardar la confidencialidad sobre Enerall.
Otros 26 predios fueron hipotecados por 444 millones de pesos (casi 24 millones de
dólares) con Cargill, que entre sus múltiples negocios compra cosechas en América
Latina para después venderlas en el extranjero. En el comunicado de prensa en la
que anunció la inauguración de la planta granelera en 2017, la multinacional
estadounidense afirmó que Enerall rehabilita con tecnología propia tierras que han
sido usadas para la ganadería y agricultura extensiva. En el texto además citan un
discurso de Romo en el que afirma que la planta tendrá un efecto transformador
para los productores locales.
Consultada sobre las propiedades hipotecadas, Cargill no aportó información:
“Nuestras políticas no nos permiten profundizar en especificaciones que requieren
aprobación previa de nuestras contrapartes en los contratos”. Sin embargo, la
multinacional envió las respuestas a un cuestionario que le fue remitido en el que
aclaró otros aspectos de su vinculación con la empresa fundada por Romo. En el
texto se afirma que Cargill no tiene relación accionaria ni de inversiones con Enerall,
aunque sí le dio financiamiento para construir planta de almacenamiento de granos,
la cual es operada por la multinacional estadounidense. Además mantiene en el
presente un acuerdo de comercialización de los graneles producidos por Enerall.
Sobre el caso del cenote destruido, Cargill precisó lo siguiente: “Confiamos en las
autoridades mexicanas que atienden la materia. Lo que sí queremos reiterar es que
en Cargill trabajamos con estricto apego a las leyes de los países donde tenemos
presencia (…) En Cargill trabajamos por proteger al planeta y sabemos que las
empresas jugamos un papel importante en el avance de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que apuntan a abordar el cambio climático mediante la gestión sostenible
de los bosques, el combate a la desertificación y degradación de la tierra, y a
detener la pérdida de biodiversidad”. En esa línea señalaron que están tomando medidas para “manejar nuestros recursos hídricos de manera eficiente, conservando el agua, mejorando la calidad y asegurando el acceso a agua limpia en las comunidades donde operamos”. Una de las medidas clave que señalan es la de minimizar el uso de agua en la agricultura, particularmente en áreas donde hay escasez del líquido.
Daños ambientales
Denominados dzonoot en maya, cuyo significado es “hoyo con agua”, los cenotes
son centrales para la flora, la fauna y los pobladores de la Península de Yucatán.
Por eso, el cenote tapado es para los indígenas de Tizimín, la punta del iceberg de
las afectaciones ambientales provocadas por la expansión de la empresa.
Ningún particular había rellenado un cenote en Yucatán desde el año 2000, según
las pesquisas de la Profepa, hasta que el 11 de abril del 2018 se abrió el expediente
administrativo PFPA/37.3/2C.27.5/00018-18 contra Enerall por esa razón, según los documentos del caso obtenidos vía la Ley de Transparencia. “Mediante el uso de
maquinaria pesada, se le ha dispuesto piedras, tierra y restos de vegetación con el
fin de rellenarlo”, indica el acta con la que se inició el proceso.
Los restos de vegetación procedieron del arrasamiento de la “cortina arbolada” que
rodeaba el cenote, según se concluyó en la inspección. Luego de eso se indica que
fueron depositadas piedras. Una fotografía publicada por el Diario de Yucatán, no
integrada en el expediente, muestra un camión de carga presuntamente Enerall lanzando los restos.
Tras el hecho, el 19 de abril de 2018, la Profepa informó en un comunicado que
clausuraron de manera “total temporal” el Rancho Asideros. Acotaron que infringió la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y el artículo 420 Bis del Código Penal Federal.
Los abogados de Enerall alegaron que la inspección era ilegal, que el área afectada
no era un cenote y que la clausura afectaría la economía tizimeña. El 23 de abril la
Profepa levantó la clausura al rancho con una extensión de más de 3,549.6
hectáreas. Sólo se impuso la clausura al cenote.
Para comprobar los daños la Profepa solicitó en mayo de 2018 las opiniones
técnicas de la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiental de
Yucatán (Seduma) ahora Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el
Departamento de Ecología Tropical de la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY) y de la Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica
de Yucatán (CICY).
Contrario a los dichos de los abogados de Enerall, la CICY y la UADY concluyeron
que se trataba de un cenote de paredes verticales de 12 metros de profundidad. De
igual modo, se encontró que hasta 2014 tenía características de estos cuerpos de
agua, según las tomas satelitales.
El Departamento de Manejo de Sistemas Kársticos de la otrora Seduma no sólo
dictaminó que hubo daños al cenote, sino deforestación de especies de árboles
como el chaká, el jabín, el yaxché, el koopó y el tsalam, así como contaminación del
agua por fertilizantes y pesticidas. “El cenote recibe escorrentías originadas por el
riego, lo cual origina que también se depositen sustancias químicas utilizadas en los
cultivos”.
A eso se suma la “evidencia de exterminio” de tortuga caja amarilla (terrapene
mexicana), endémicas de Yucatán, sujeta a protección especial por la vulnerabilidad
de sus poblaciones, así como de tortuga mojina (rhinoclemmys areolata), en
categoría de amenazada, según la Norma Oficial Mexicana de la Semarnat.
“Perecieron a causa de dicho depósito”, menciona la opinión técnica.
El 27 de agosto de 2018 la Profepa resolvió que Enerall Terra 2 SAPI había
infringido el artículo 28 de la LGEEPA “por realizar la afectación, relleno y
modificación a cuerpo de agua nacional mediante disposición directa de piedra,
tierra y residuos de árboles, sin acreditar contar con la autorización en materia de
impacto ambiental”.
En el plano estatal, la Seduma documentó que, durante la visita de inspección
confirmaron que hubo “afectaciones al cenote que infringen el Reglamento de la Ley
de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán en Materia de Cenotes,
Cuevas y Grutas”. Se identificaron infracciones graves a los artículos 5, 8, 12 y 37,
que ameritan sanciones como multa y una clausura temporal o definitiva de la obra
o actividad, no obstante, el área jurídica de la ahora SDS aclaró que “el personal
que estuvo en la administración anterior que lo atendió, sólo hizo la visita técnica, se
entregó la recomendación y Profepa asumió todo el control porque es
correspondencia de orden federal”. Profepa dijo que no usó la opinión técnica
“porque fue posterior al levantamiento del acta de visita”.
La Profepa multó a Enerall por 741 mil pesos (30 mil 275 dólares) sin remitir el caso a la extinta Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) pese a que, según el abogado Raziel Villegas, los elementos de la
Profepa y de la opinión técnica de Seduma documentan violaciones a las leyes
generales de Vida Silvestre, de Aguas Nacionales y de Desarrollo Forestal Sustentable. Villegas fue funcionario de Profepa y Semarnat y hoy dirige la firma
GEOLEGIS, especializada en derecho ambiental y con influencia en la península de
Yucatán.
La confirmación de que la institución no recurrió a la vía penal, para que se
investigara si hubo delitos en el caso más allá de las faltas administrativas, la dio la
Subprocuraduría Jurídica y la Delegación de Profepa en Yucatán ante una solicitud
de información resuelta en diciembre de 2019: “No se encontró antecedente alguno
en relación a la presentación de denuncia penal”.
Pese a que no guarda relación alguna entre lo que dicta un comunicado oficial y el
actuar de Profepa, la institución respondió al cuestionario que no actuaron
penalmente porque en la nota de prensa que publicaron en abril del 2018 se citó un
artículo que “no alude en la conducta delictiva que regula a los cenotes (…) por lo
que de presentarse la denuncia no prosperaría”.
Para Villegas, ese argumento no exime a la institución de su obligación basada en el
artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual apunta que
“Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable
existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo
inmediatamente al Ministerio Público”, refiere el artículo. “Que denuncien los hechos. La autoridad no es que quiera o pueda escoger, debe
denunciar”, explica el abogado.
Ya librada del round penal, Enerall solicitó conmutar la multa, a través de su
adhesión al Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), para mejorar los
procesos de producción, desempeño ambiental y competitividad. Para ello debió
presentar un proyecto de inversión que previera cuidados al medio ambiente
equivalente al monto de la multa.
Enerall solicitó el 4 de octubre del 2018 las indicaciones para inscribirse al PNAA
como parte de la conmutación. La empresa luego presentó el 15 de noviembre de
ese año el proyecto “Incorporación de los conjuntos prediales Asideros 2 y Asideros
Globales de la empresa Enerall Terra 2 S.A.P.I. DE C.V”.
La Procuraduría ambiental lo consideró “viable” en un oficio: “Esta subdelegación de inspección de los Recursos Naturales en el Estado de Yucatán, tiene una opinión
favorable para la implementación de esta incorporación, siempre y cuando se
cumpla con lo propuesto en el oficio”.
Profepa, sin embargo, afirmó luego ante una solicitud de información presentada en
noviembre de 2019 que “dicho proyecto no ha sido ni fue incorporado”. En un
cuestionario que se le remitió hace 12 días sobre el tema, respondió además que “la
empresa no solicitó ingresar al PNAA”, sin comprobar sus dichos con algún
documento al cierre de edición.
Las auditorías que debían realizarse en el PNAA son la medición y registro de los
volúmenes de agua de los pozos de extracción; así como análisis de residuos
peligrosos en los suelos; inversión para minimizar riesgos ambientales por uso de
diésel; y el desarrollo del programa de monitoreo y tecnificaciones sustentables. A
excepción de la auditoría del agua con duración de dos años, el resto se debía
cumplir entre 6 meses y un año. Sin embargo, la propuesta no detallaba las fechas
de inicio de cada una de esas actividades.
Villegas afirma que el plan presentado por Enerall tenía defectos: “Estuvo mal
elaborado el proyecto, pues no contiene un programa calendarizado y es ambiguo”.
Critica incluso que se le haya dado siquiera una opinión técnica favorable a la
propuesta: “Era jurídicamente improcedente conceder la opinión técnica viable de
esa conmutación cuando, uno, no se ofreció ningún beneficio ambiental, y dos, el
artículo 173 de la LGEEPA lo condiciona además al no haber estado en los
supuestos del artículo 170 de la LGEEPA, o sea, que no hubiese sido sujeto a la
clausura, y sí lo estuvo”.
De acuerdo con Villegas, la Profepa estaba obligada a imponer, como medida
correctiva, la restauración del cenote a su estado original. La recuperación natural,
según el expediente, tardará en promedio de 5 a 20 años para que se reconecte el
espejo de agua con el manto freático, siempre que exista “un constante monitoreo y
control ambiental”. Además, para solicitar una reparación o compensación del daño,
la autoridad tuvo también la vía de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Sobre la multa, Profepa hizo una precisión al responder una solicitud de información en diciembre de 2019: “No se cuenta con ningún documento que indique que la empresa Enerall haya realizado el pago ante la autoridad recaudadora”. La institución fue consultada de nuevo sobre el tema con el cuestionario de hace 12 días. Respondió entonces que se hizo “efectivo el pago” sin cotejar sus dichos con documento alguno al cierre de edición, como se les solicitó.
Para el 30 de enero de 2019, cuando Romo ya era Jefe de la Oficina de la
Presidencia de México, se abrió otro expediente: “Enerall está realizando trabajos
ilegales. Tapó una aguada grande (cenote) que tenía bastante agua, muchos
árboles y era el lugar donde llegaban muchos jabalíes y venados de la zona que nos
obligaron a matar porque por allá pasarían los pivotes de riego”, se señalaba en la
denuncia PFPA/37.7/2C.28.2/0023-19, obtenida vía Transparencia.
En las fotografías, aparece selva deforestada por tractores, venados cazados y un
presunto cenote rellenado. “El Rancho Asideros lo tenemos clausurado por tapar un
cenote, pero igual hay más que se taparon”, asienta la denuncia que acusa Enerall
como el presunto responsable.
Pese a la denuncia detallada, la Profepa cerró el caso por no hallar evidencias: “No
se detectó afectación alguna a cuerpo de agua nacional, en tal virtud se ordenó el
cierre del presente asunto”, dice la resolución.
El expediente contrasta con los testimonios de trabajadores y extrabajadores de
Enerall. “El que se quedó, se quedó”, mencionó uno de los operadores
entrevistados durante la investigación de campo, quien aseguró haber participado
tapando el cenote, refiriéndose a los animales que aplastaban, y quien agrega que,
durante los desmontes, llegaban a juntar hasta 90 tractoristas.
Algunos de estos daños, ya los advertían las MIA si no se cumplían las medidas
preventivas, pues “la preparación del sitio y operación del proyecto” provocaría
fragmentación y reducción de hábitat, así como daños a fauna silvestre, generación
de ruido, emisiones a la atmósfera, afectación en la calidad del agua,
impermeabilización de suelo y pérdida de cobertura vegetal”. Para evitar lo anterior,
se establecieron 11 medidas preventivas y criterios en materia de conservación,
protección y aprovechamiento.
Sin embargo, no obra registro de evidencias de Enerall ante Profepa sobre las
medidas, según una respuesta de la institución de noviembre de 2019, en la que
indica: “No se cuenta con las constancias relativas a las evidencias en documentos,
fotografías y/o videos que las empresas Enerall S.A.P.I de C.V., Enerall Terra 1
S.A.P.I de C.V, Enerall Terra 2 S.A.P.I de C.V. y Asideros 3 S. de R.L. de C.V.
hayan entregado y/o enviado en para comprobar que han cumplido en tiempo y
forma con las medidas de protección previstas en criterios y recomendaciones
establecidas para políticas de conservación, protección y aprovechamiento de sus
MIA”.
¿Emprendimiento social?
Romo hablaba de Enerall como una compañía que con “tecnología de punta podía
ayudar a mejorar el nivel de vida de los pobladores. “Hablando de innovación, les
quiero mostrar lo que la tecnología puede hacer para cambiarle la vida a miles de
campesinos”, declaró en 2017 durante la conferencia organizada por Forbes.
Pero esa visión, detallada en su código de ética de Enerall detallado en su portal
digital, no se parece en nada a la realidad, de acuerdo con pobladores consultados
en 20 comunidades indígenas. La mayoría afirmó que complementa sus ingresos
con jornadas de trabajo extendidas u otros empleos. Además, se alimentan gracias
a las pequeñas parcelas donde producen maíz y frijol, así como miel en los
apicultivos.
Durante los recorridos se constataron problemas que sobreviven como males
endémicos en Yucatán: fallas de infraestructura, ausencia de drenajes, falta de agua
potable, desabastecimiento en los comercios, carencia de clínicas de salud y
escuelas. Lo anterior es visible debido a que en Tizimín el 60% de la población vive
en pobreza, según la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), realizada en 2015.
De acuerdo con los extrabajadores, pese a largas jornadas que alcanzaban hasta
12 horas, sus pagos eran equivalentes a 1,100 pesos a la quincena (57 dólares)
entre 2009 y 2014, de acuerdo con talones de pago. Para obtener más dinero,
realizaban horas extras y trabajaban de noche para ganar un bono que, en total, les
daba un sueldo de 3,500 pesos (180 dólares) a la quincena.
Lo mismo pasa con otros empleados o exempleados de Enerall entrevistados,
quienes afirman que a pesar de haber trabajado una década para la empresa y
contar con otros puestos, su salario aumentó muy poco. Aseguran que tampoco
contaban con seguro social, ni prima vacacional u otras prestaciones.
Hasta 2018, Enerall tenía cerca de 500 empleados, según oficios del expediente de
Profepa, que provienen principalmente de Sucopo y Cabichen, dos comunidades
aledañas a la empresa. Pero los pobladores consultados refieren que en los últimos
meses han realizado despidos masivos debido a la implementación de máquinas
que han sustituido sus labores.
Actualmente se desconoce el número de empleados y aportaciones patronales de la
empresa, según una solicitud realizada al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), institución que reservó la información, y en una apelación realizada, el fallo
se mantuvo a su favor.
Estas condiciones se suman a los tratos denunciados por los empleados: durante
las jornadas los jefes no autorizaban descansos en la sombra, beber agua, ni recibir
atención médica.
Un maquinista de cosechas de Enerall recuerda que nunca pudo acercarse a Romo, pues cuando visitaba la empresa llegaba en helicóptero y su equipo de seguridad lo rodeaba. Ahora lo ve por televisión con regularidad a quien durante una década fue su “patrón” y que ahora es jefe de la oficina de Presidencia. Lo escucha en ocasiones cuando habla de los planes para las inversiones y el desarrollo del país.
Apenas en enero de este año, Romo Garza fue nombrado el coordinador del
Gabinete de Crecimiento Económico, un puesto que no existía, pero ahora tendrá
coordinación con secretarías de Estado para generar empleos, llevar paz y combatir
la pobreza de los mexicanos.
Como empresario supo esculpir una figura de emprendedor social, de visionario
tecnológico, pero ahora surge una imagen de un cacique de aguas que ha salido
con apenas unos roces de las investigaciones por daños ambientales.
