Sara Pantoja
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fiscal general de Justicia (FGJ-CDMX, Ernestina Godoy, propuso castigar con hasta ocho años de cárcel y una multa de hasta 86 mil 880 pesos a servidores públicos que filtren imágenes, videos o audios de víctimas de delitos; la pena crecería 50% si las víctimas son mujeres o si la filtración la hace un policía.
Además, la titular de la Fiscalía General de Justicia hizo un “atento llamado” a los medios de comunicación para que “se abstengan de publicar imágenes o información confidencial de las víctimas que violentan sus derechos y el de sus seres queridos. No hagamos negocio con el dolor de las víctimas”.
Con una rapidez inusual -menos de una semana- y en el contexto de las protestas feministas por la filtración de las fotos del cadáver de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio, la exprocuradora entregó a diputados del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un “artículo 293 Quater” al Código Penal para el Distrito Federal.
La propuesta indica lo siguiente: “Al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la Ley señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización”.
La iniciativa agrega que “si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en el párrafo anterior, se incrementarán hasta en una tercera parte”.
Además, “tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad”.
Más: “cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna institución policial, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad”.
La Fiscalía subrayó que la iniciativa es adición al artículo del mismo número, contemplado en el Capítulo II, referente a los Delitos en el Ámbito de la Procuración de Justicia y cometidos por servidores públicos.
Reconoce responsabilidad
En el mensaje que ofreció a los legisladores, la fiscal Ernestina Godoy explicó que dicha iniciativa da respuesta a “un reclamo de la sociedad” a raíz de la filtración de las fotos de la muerte de Ingrid Escamilla, el pasado 9 de febrero, a manos de su pareja sentimental.
“El feminicidio de Ingrid nos conmociona, nos indigna, fue un crimen atroz que nos llena de tristeza y de enojo. La publicación de imágenes de Ingrid ha sido un gran acto de irresponsabilidad que ha causado un gran dolor a familiares y amigos y a la sociedad entera. Es inadmisible y no podemos permitir su repetición”, dijo.
La funcionaria dijo que como fiscal “asumo la responsabilidad institucional que me corresponde por la filtración de estas imágenes. Nuestra obligación es estar cerca de las víctimas. Todas las personas servidoras públicas de esta Fiscalía debemos honrar este compromiso y estar a la altura de nuestro deber. Quienes traicionan la confianza y se apartan de esta responsabilidad, no tienen lugar en esta institución”.
Godoy Ramos agregó que la iniciativa “está hecha para castigar filtraciones como la que ocurrió con Ingrid, es una respuesta a un problema de nuestra institución y de las instituciones de seguridad”.
Respecto a la difusión de las fotos en medios de comunicación, consideró que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y esencial para la democracia. Añadió que medios libres son esenciales para garantizar el derecho a la información.
No obstante, aclaró: “los medios tienen una gran responsabilidad legal y ética con los derechos de las víctimas que deben de asumir y respetar. Exhibir a las víctimas, sin reparar en sus derechos y en el dolor que provoca es un acto de profunda irresponsabilidad”.
La autoridad reconoció que a la FGJ no le corresponde regular ni censurar a los medios, pero formuló “un atento llamado para que se abstengan de publicar imágenes o información confidencial de las víctimas que violentan sus derechos y el de sus seres queridos. No hagamos negocio con el dolor de las víctimas”.
Por último, pidió a los legisladores aportar elementos al debate y abrir la posibilidad de construir una ética pública en la que los ciudadanos compartan la responsabilidad de no hacer apología de la violencia y construir una cultura de paz.
Y reiteró la necesidad de que la Fiscalía y los cuerpos de seguridad asuman la responsabilidad de cuidar la secrecía de las investigaciones, los indicios y las imágenes.
