Mujeres indígenas buscan transformar una tradición violenta que permitía la venta de niñas y adolescentes como forma de conseguir recursos.
Eréndira Aquino/Animal Político
“Mi hija no es un animal para venderla”, dice Virginio, padre de Catalina, de 22 años. El suyo fue el primer caso en la localidad de Juquila, Guerrero, en que los padres decidieron no vender a su hija, para que se casara.
En comunidades del municipio de Metlatónoc, entre ellas Juquila, se ha permitido durante años la venta y compra de niñas, con un precio que va desde los 40 mil pesos, cuando algún hombre quiere casarse con ellas.
El precio puede variar hasta los 180 mil pesos, dependiendo de la edad, las habilidades para las labores del hogar que tengan y su belleza. Entre más jóvenes, son más caras, aunque quien decide cuánto cobrar por ellas es su propia familia.
Las autoridades de Guerrero han documentado la existencia de la venta de mujeres y niñas en los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Xochistlahuaca, Igualapa, Tlacoachistlahuaca y Malinaltepec.
Sin embargo, en algunas comunidades esta tradición comienza a cambiar. Con ello, algunas de sus habitantes han tenido la oportunidad de decidir su destino.
La primera mujer en casarse por voluntad
Catalina es la única hija de Virginio y Maurilia, un matrimonio que tiene otros seis hijos hombres. Todos ellos, al igual que su padre, tuvieron que pagar por sus esposas. Algunos de ellos incluso siguen endeudados, porque pidieron prestado para saldar la deuda con la familia de la novia.
Fue hasta noviembre pasado que la familia decidió dar un vuelco. Decidieron que su hija, la única de la familia que llegó a estudiar una licenciatura, pudiera elegir con quién casarse.
Ahora, ella vive en Chilpancingo, capital de Guerrero, donde estudia la licenciatura en Derecho. Está a dos años de terminar la carrera, y sus padres están felices de ver que su esposo, a quien no pidieron un solo peso por casarse con ella, decidió apoyarla para continuar estudiando.
Sus hermanos no corrieron con la misma suerte: Villano, uno de los hijos del matrimonio, cuenta que él y sus cinco hermanos tuvieron que pagar por sus esposas, quienes hasta la fecha trabajan con ellos, para saldar la deuda con sus padres, que cobraron por ellas entre 100 y 150 mil pesos.
Conscientes de que es necesario un cambio, se comprometieron a no vender a ninguna de sus hijas. “Esto es una herencia que nos deja nuestro padre, seguiremos su ejemplo”.
La familia de Maurilia y Virginio es la primera en permitir el matrimonio voluntario de su hija en Juquila, Metlatónoc.
Las mujeres que lo cambiaron todo
Juquila, ubicada en la cima de La Montaña, es una de las cuatro comunidades de Metlatónoc en las que se prohibió la venta de niñas y mujeres desde noviembre de 2019, y se impuso un castigo contra quien la practique.
Desde 2016, Juquila, junto con las comunidades Yuvinani y Valle de Durazno, habían acordado prohibir la venta de mujeres, pero la práctica continuó, con el único cambio de que las familias aceptaron cobrar menos por sus hijas -entre 30 y 50 mil pesos-, porque los hombres manifestaron su preocupación ante la falta de recursos para poder unirse con ellas.
En dicha ocasión, salvo el rechazo de la comunidad, manifestado en un documento firmado por las autoridades responsables en el momento, no se establecieron sanciones contra quien siguiera vendiendo a sus hijas.
Tres años después, las autoridades de una cuarta comunidad de Metlatónoc, San Juan Puerto Montaña, firmaron un nuevo acuerdo, en el que se establece la prohibición de los matrimonios forzados y la venta de niñas, y se establecieron sanciones contra quienes lo hagan, por los próximos 200 años.
Si bien aún no se termina con este costumbre en toda la región de La Montaña de Guerrero, el inicio de su erradicación ha sido producto del trabajo de mujeres de las comunidades, organizaciones sociales y autoridades del estado, que han acercado el tema de los derechos con talleres sobre violencia y sexualidad.
De acuerdo con la organización Yo Quiero Yo Puedo, al brindar asesoría y lograr acuerdos con comunidades desde 2015 se ha logrado que al menos 144 niñas no hayan sido vendidas o casadas por la fuerza.
Este grupo trabaja en 66 comunidades de Metlatónoc: desde 2015 acuden a dar pláticas y talleres sobre derechos de las mujeres, como parte de las actividades promovidas por el programa Prospera, que el sexenio pasado otorgaba recursos a personas en situación de pobreza, a cambio de que acudieran a estos eventos, entre otras condiciones.
De acuerdo con Patricia Careaga, de Yo Quiero Yo Puedo, al inicio las personas no estaban convencidas de acudir a los talleres, además de que no reconocían como una práctica que vulnera los derechos de las mujeres el venderlas o casarlas a la fuerza.
Sin embargo, dada la obligatoriedad de acudir a ellos para que les dieran los recursos de Prospera, los vecinos comenzaron a asistir.
Desde entonces, continúan acudiendo a dar pláticas en escuelas de Metlatónoc -aunque ahora de manera independiente, pues el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio por terminado el programa Prospera y el apoyo a organizaciones sociales-, a donde son invitados por profesores que buscan que los jóvenes del municipio reflexionen sobre la necesidad de terminar con la venta de mujeres.
Aunque no ha sido sencillo. Un profesor de secundaria en Metlatónoc, que por seguridad decidió hablar desde el anonimato, cuenta que hay personas en las comunidades que no están de acuerdo con erradicar esta tradición.
Cada año, cuenta, al menos 20 jóvenes de las comunidades de Metlatónoc dejan de acudir a la secundaria, debido a que sus padres las venden.
“En estos lugares, a pesar de la venta de mujeres, no funcionan bien los matrimonios. Eso que dicen de que cuando compran las esposas las quieren más porque les costó es mentira, hay muchos divorcios, acoso sexual, violencia familiar. Algunas alumnas desertan, y antes de ser vendidas también sufren de violencia intrafamiliar, pero no podemos hacer gran cosa”, lamenta el profesor.
Desde su papel como profesor y guía de los jóvenes de Metlatónoc, explica que ha buscado impulsar pláticas y otras actividades a nivel escolar para sensibilizarlos sobre los derechos de las mujeres y la erradicación de la venta de adolescentes.
Al menos 20 jóvenes de las comunidades de Metlatónoc dejan de acudir a la secundaria cada año, debido a que sus padres las venden.
El profesor reconoce que, como docentes, no pueden ir más allá del trabajo en las aulas o a nivel escolar, por lo que buscan impulsar a las mujeres para confrontar a sus familias y exigir que les permitan continuar estudiando, que no las vendan.
La Antropóloga De Marinis explica esta transformación de las tradiciones dentro de algunas comunidades originarias, debido a la participación y exigencia impulsada por las propias mujeres.
“Las propias organizaciones están de alguna manera promoviendo o permitiendo mayor participación de mujeres y esto obviamente está transformando las propias relaciones y los órdenes de género al interior de las comunidades”, señala en entrevista con Animal Político.
Aureliana, una joven de 22 años que vive en Yuvinani, es testigo de los cambios que han habido en las comunidades de Metlatónoc. Ella misma, originaria de una comunidad de La Montaña, es de las primeras mujeres que se casó voluntariamente, y tiene claro que no va a vender a su única hija, algo que hasta hace un par de años parecía inconcebible.
“Aquí en Yuvinani se vende a las mujeres arriba de 100 mil pesos, pero eso no me gusta porque tengo una niña y yo no lo haría con mi hija, no es un animal. Yo sí quiero que mi hija estudie, y ya que termine de estudiar que haga lo que quiera”, dice Aureliana.
Su hija tiene 7 años y va en segundo de primaria. Aureliana cuenta que ya ha recibido ofertas por ella, a lo que ella responde que no está en venta y que es una niña.
“Yo les digo, si tu hijo quiere estar a la altura va a tener que estudiar, pero no hablamos de dinero, tiene que estudiar como mi hija, conocerse y después, si quieren, que se casen”, señala.
Aureliana cuenta que ya ha recibido ofertas por su hija de 7 años, sin embargo, asegura que ella no está a la venta porque no es un animal.
Josefina Dorantes es otra mujer que ha podido presenciar los cambios en las costumbres de los pueblos de La Montaña.
Ella es la hija menor de una mujer que fue vendida. Años después, siendo adulta, se involucró en los proyectos de Yo Quiero Yo Puedo, y formó parte del primer equipo de trabajo que visitó las comunidades de Metlatónoc para dar pláticas y talleres contra la venta de mujeres.
“A mí mi mamá me ha platicado sobre cómo fue que ella vivió, que no tuvo la posibilidad de elegir a su pareja, porque a ella nada más le impusieron a la persona y no la tomaron en cuenta. Afortunadamente ella no siguió esa costumbre con nosotros. Cuando mis padres se vinieron a radicar a Tlapa, a nosotros nos dejaron elegir con quien estar”, cuenta.
De acuerdo con Josefina, ella no había tenido antes un acercamiento a la erradicación de la venta de mujeres, más allá de las conversaciones que llegó a tener con su madre sobre cómo fue que se casó con su padre, y sobre su historia familiar, ya que no pudo conocer a ninguno de sus abuelos.
“Cuando comencé a trabajar en Yo Quiero Yo Puedo desconocía varios tipos de violencia, pero cuando empecé a entender y darme cuenta de la violencia contra las mujeres mi vida cambió mucho”, señala.
“Yo me imagino que si hubiese vivido en el tiempo de mi mamá, me pongo a pensar cómo sería mi vida… a pesar de que ahora escogí a mi pareja y aún así hay altas y
bajas en mi matrimonio, cómo hubiera sido en ese momento que ni siquiera lo hubiera conocido, me lo hubieran impuesto y habría tenido que acostumbrarme a esa persona porque me vendieron”.
Con una sonrisa en el rostro, sentada al lado de su madre, Josefina agradece que ella haya decidido no seguir con la costumbre de vender a sus hijas, tal como hicieron con ella, “porque nuestra vida hubiera sido muy diferente”.
Sin embargo, dice, aún falta mucho por hacer, pues en la mayoría de los pueblos de La Montaña continúa siendo permitida la venta de mujeres, aunque, desde que iniciaron los talleres y pláticas de Yo Quiero Yo Puedo “se quedó una semilla en ellas, por eso ojalá que la organización no descanse, para que todo lo que han logrado no se quede ahí, sino que siga más y más hasta que la práctica se termine por completo”.
Décadas de violencia en nombre de la tradición
Según cifras del Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta ese año había 12 mil 774 adolescentes de entre 12 y 14 años casados en todo México, 19 mil 532 que vivían en unión libre, mil 290 separados, 354 divorciados y 474 viudos.
En Guerrero, para 2010 se registraron 730 mujeres de entre 12 y 14 años casadas, 918 en unión libre, 66 separadas, 8 divorciadas y 16 viudas.
Los municipios con más casos de menores, que ya han tenido o tienen pareja, son urbes importantes de Guerrero: Acapulco, Chilpancingo y Chilapa de Álvarez.
Metlatónoc se encuentra entre los 25 municipios con más registros en el estado, con 6 adolescentes de entre 12 y 14 años casados, 19 en unión libre y dos separados.
En la Montaña de Guerrero, esta tradición data de varias décadas. Josefina Díaz, una mujer de 74 años que fue vendida por sus padres cuando cumplió 15, es testigo de ello.
“Me casaron sin conocer al novio. Me vendieron, mejor dicho. Estaba yo chiquita, iba a cumplir 15 años. Luego luego me pidieron, y mi papá no me tomó en cuenta, no me dijo nada. Todo lo decidió él con sus hermanas y su esposa”, dice con voz entrecortada.
Para ella, recordar su niñez y juventud es triste. Primero, quedó huérfana siendo una bebé de seis meses. Luego fue maltratada por su madrastra, y entrada en la adolescencia fue vendida por su padre a quien fue su esposo durante 35 años.
“Ya después quien me maltrataba era mi cuñada, porque mi esposo tampoco tenía mamá ni papá. Nos hizo sufrir, a veces tiraba mis tortillas… Fue una vida muy triste”, cuenta.
A pesar de haber sido vendida por su padre a los 15 años, Josefina decidió romper con la tradición.
Leonel Rivera, maestro de kínder en la comunidad de Yuvinani, Metlatónoc, cuenta que la costumbre de vender a niñas desde los 9 años tiene décadas, y antes de convertirse en una práctica para que la familia de la “novia” gane dinero, la intención era que el futuro esposo y sus parientes ofrecieran dinero para organizar la boda.
Con el paso de los años, la venta se convirtió en una importante fuente de ingresos de las familias de las comunidades en Metlatónoc, donde hay pocas oportunidades de trabajo y las personas viven en situación de pobreza.
“Lo que se hacía antes ha sufrido muchos cambios, de acuerdo con intereses personales. Ahora lo manejan como venta de mujeres, pero anteriormente era un trueque: cuando dos muchachos se unían, por cuestión de respeto y convivencia, se hacía una comida, y la familia del novio ponía algunos animales, o conseguían dinero para organizar el convivio”, explica Rivera.
De acuerdo con el profesor, actualmente “las familias llegan a cobrar entre 80 y hasta 180 mil pesos. A veces solo es cuestión de interés, de producir economía, y a final de cuentas la pareja termina viviendo en problemas, se separan y acaba siendo dinero tirado”.
Las jóvenes más caras son las que tienen entre 10 y 16 años, y después de eso se vuelven menos preciadas. Si cumplen más de 20 y continúan solteras se convierten en la opción para los hombres viudos.
Pobreza, un factor motiva la venta de niñas
La doctora Natalia De Marinis, antropóloga especialista en violencia contra mujeres indígenas, dice que dar en matrimonio forzado a niñas es una práctica muy común en contextos rurales y de extrema pobreza en México.
En el caso de Metlatónoc, el 94% de la población se encuentra en situación de pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
“Claramente hay una situación de pobreza que puede llevar a ese tipo de prácticas”, aunque señala, en muchas comunidades indígenas el matrimonio es un rito de suma importancia.
En Metlatónoc, en La Montaña de Guerrero, el 94% de la población vive en situación de pobreza.
“En lugares donde los matrimonios son deseados, las mujeres llegan a plantear que las llena de orgullo la idea de que los hombres hagan mucho esfuerzo para poder casarse con ellas, y organizan todo el ritual que implica alianzas entre comunidades y familias”, explica la académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Autoridades municipales y estatales en Guerrero reconocen la existencia de la venta de mujeres y niñas, sin embargo, dicen que no pueden intervenir en los casos para evitarlo, debido a que son actos que no se denuncian.
Ameyalli Gabriela Osorio, abogada de la Ciudad de las Mujeres de Tlapa, afirma que muchas mujeres en La Montaña identifican que la práctica de la venta de niñas es un delito, pero no denuncian por desconocimiento de sus derechos y porque las oficinas de esta única institución pública de atención a la violencia de género de la región se encuentra a más de tres horas de distancia de sus comunidades.
“Hemos tenido varios casos en que llegan mujeres manifestando que sus papás las vendieron y que no saben cómo salir de donde las tienen viviendo, porque piensan que si se escapan se meten en un problema legal. Nosotras les explicamos que son usos y costumbres de su región, pero que legalmente no debe ser así y que no deben tener miedo”, explica la abogada Osorio.
En la Ciudad de las Mujeres, un centro de atención para las habitantes de los 18 municipios de La Montaña de Guerrero, ubicado en Tlapa, abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales atienden casos de violencia y los canalizan con las autoridades correspondientes.
Eréndira González, directora de la dependencia, explica que en ocasiones las víctimas no reconocen las violencias que sufren, por lo que no acuden a denunciar.
“La mayoría de las comunidades saben que existe Ciudad de las Mujeres, lo que sí es que las costumbres están muy arraigadas y el hecho de que una mujer salga de su comunidad a interponer una denuncia o recibir alguna atención es complicado, porque hay que tener los recursos a la mano para poder trasladarse hasta tres horas desde sus comunidades”, señala González León.
Eréndira González considera que “hace falta implementar talleres, con más educación ellas van a enterarse sobre sus derechos y el problema, que viene de tiempo atrás, va a ir disminuyendo”.
“En Ciudad de las Mujeres nos preocupamos por informar a las usuarias sobre sus derechos, desafortunadamente necesitamos recursos para poder salir a buscar a las mujeres que no llegan hasta acá”, cuenta.
De acuerdo con Mayra Martínez, secretaria de la Mujer de Guerrero, para el gobernador del estado, Héctor Astudillo, erradicar la venta de mujeres es una prioridad, aunque es complicado porque data de muchos años, y “de hecho hay comunidades que no han conocido otra forma de tener matrimonios que no sea esta”.
Sin embargo, dice “de acuerdo con las leyes en la materia, tanto nacionales como estatal, esto constituye una práctica de trata de personas en la modalidad de matrimonio forzado, y constituye otro tipo de situaciones contra los derechos de las mujeres y niñas, como es el caso de una posible violación, cuando hay acto sexual sin el consentimiento de las menores, así como otros tipos de agresiones a su integridad física y emocional”.
Por ello, el gobierno de Guerrero ha creado una comisión, presidida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y en la que participan la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Asuntos Indígenas, así como la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos del estado, para erradicar la trata de personas en la modalidad de matrimonio forzado.
A partir de su trabajo, se crearon los acuerdos con los comisarios para evitar la práctica, y se han emprendido campañas para fomentar la cultura de la denuncia entre los habitantes de las comunidades, pues mientras no existan acusaciones formales “no se puede hacer nada, es decir, no hay posibilidades de que las instituciones podamos tener injerencia”, explica Martínez.
Este trabajo se hace con “respeto a la identidad cultural. No se trata de ofender a nadie, pero la dignidad de las mujeres y niñas es un derecho supremo”, y pretende ser ejemplo para que en otros estados donde también se realice comiencen a transformar las tradiciones.
En Guerrero, afirma, “ha disminuido el número de matrimonios que se dan en estas situaciones, los comisarios están alerta y las comunidades están tratando de que las parejas sean mayores de edad, porque les hemos explicado que el matrimonio infantil no está permitido, ni con el consentimiento de madres y madres, como se hacía anteriormente. Ya hay una conciencia colectiva y es un gran avance”.
Ello demuestra que “el hecho de que una niña o mujer nazca en una comunidad indígena no significa que tenga que estar anclada a este círculo incesante de violencia”.
