Indaga prácticas perniciosas de Jucopo; acoge petición de Ricardo Garza, a quien “rasuraron” de terna para meter a un eliminado y darle cargo en Inegi; la solicitud P-3003-19 aceptada en diciembre acusa corrupción para favorecer a un afín a Morena
José Gerado Mejía/La Razón
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó a revisión el caso de Ricardo Garza Espíritu, quien acusó “discriminación, manipulación y amaños”, en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados para designar contralor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a Manuel Rodríguez Murillo.
Dicho aspirante había sido previamente descartado por integrantes de las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quienes habían validado en primer lugar al denunciante.
“Se impidió al peticionario el acceso en condiciones generales de igualdad al cargo de contralor general del Inegi de mi país y, por otra parte, fui objeto de una disimulada discriminación por no pertenecer al partido político imperante (Morena) en el Congreso”, aseguró Garza Espíritu, en la denuncia aceptada el 16 de diciembre pasado, con el folio P-3003-19.
Con el fin de “impulsar cambios legislativos o de práctica estatal”, Garza Espíritu solicitó a la CIDH que “adelante la evaluación de la petición” y remarcó que la actuación de los legisladores es contraria a lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“El Estado Mexicano, lejos de proteger los derechos humanos del peticionario, se vale de una serie de dobleces, engaños, y se aparta del procedimiento de selección que previamente había concertado y publicitado para amañar y manipular la selección de diversos ciudadanos para el cargo de contralor de ese organismo”, aseveró.
“El Estado Mexicano, lejos de proteger los derechos humanos del peticionario, se vale de una serie de dobleces, engaños, y se aparta del procedimiento de selección que previamente había concertado y publicitado para amañar y manipular la selección”
Ricardo Garza Espíritu
Exaspirante a contralor del Inegi
En el documento, acusó prácticas sistematizadas de corrupción para llevar a cabo el “amañe (…) en la designación de cargos públicos, aunque no en los de elección” y remarcó haber sido víctima de discriminación y menoscabo a sus derechos políticos.
El también exalcalde de Comondú, Baja California Sur, añadió que la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo mintió y se extralimitó en sus atribuciones, al afirmar que llevó a cabo la deliberación en tres rondas de la triada enviada por las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la ASF, “pero eso no es verdad, porque además de él como aspirante ubicado con la letra A, quedaron Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, funcionario de la contraloría del Inegi, y en el apartado C, Manuel Loaiza Núñez”.
El denunciante enfatizó que la Cámara de Diputados “debió externar las razones objetivas y verdaderas que tuvo presente para apartarse del proceso de selección que había acordado y publicitado, e imponer un nombramiento amañado y a modo”.
El documento de 32 páginas se apoya en el seguimiento que La Razón dio al caso desde el 23 de mayo pasado, cuando dio a conocer que el denunciante fue “rasurado” de la terna, pese a haber aprobado los cinco filtros establecidos en la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de marzo de 2019, así como las declaraciones hechas para este diario por Alfredo Porras, diputado del PT e integrante de la Comisión de Vigilancia de la ASF, quien consideró que el entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Porfirio Muñoz Ledo, fue “chamaqueado”.
En el proceso para ocupar el puesto de contralor del Inegi, Rodríguez Murillo fue descartado desde el 24 de abril de 2019 y Garza Espíritu fue avalado como la primera opción en el dictamen de cinco días después, el cual llegó al pleno el 30 de abril sin el nombre del ganador, pero sí con el del previamente rechazado.
El nuevo acuerdo contó con el aval de todos los coordinadores parlamentarios, con excepción de la perredista Verónica Juárez Piña, “a pesar de que Rodríguez Murillo, no figuraba en la lista de las candidaturas aptas, tal y como lo ordenaba la etapa cinco del procedimiento, por lo que las autoridades señaladas (dipu-
tados), quebrantaron el propio orden que habían prescrito, publicitado y externado a la Nación”. Rodríguez Murillo asumió el cargo un día después.
