El presidente ha rechazado en su conferencia de prensa diaria la medida que el Instituto de Migración había comunicado un día antes. «Prohibido prohibir», ha señalado
El País
En menos de 24 horas, el Gobierno de López Obrador ha anunciado una medida y la contraria en materia de migración, uno de los asuntos clave de su Administración y de la relación con Estados Unidos. El martes por la tarde, un comunicado del Instituto Nacional de Migración anunciaba algo insólito: la suspensión del acceso de las ONG a las instalaciones migratorias donde hay varados miles de migrantes. El informe hacía oficial una denuncia que las organizaciones llevaban reclamando desde hacía meses y la medida se convirtió en un escándalo internacional. La ONU defendió esa misma noche a las asociaciones. Y el presidente, en su conferencia matutina de este miércoles ha zanjado la caótica gestión de sus dependencias: «Prohibido prohibir. No se le impedirá el acceso a nadie».
Casi dos semanas después de la última caravana de migrantes centroamericanos, formada por unos 3.000, de la represión contra ellos de la Guardia Nacional en la frontera sur y un día después de que Donald Trump declarara que México ya está pagando el muro, el Ejecutivo de López Obrador ha desvelado las contradicciones en dos de sus dependencias: la Secretaría de Gobernación (Interior) y el Instituto Nacional de Migración, subordinado a la dependencia anterior.
Poco después de hacerse público el documento del Instituto de Migración que impedía, hasta nuevo aviso, el acceso de las ONG a los centros de migrantes, un comunicado de Gobernación lo confirmaba. Hasta ese momento, parecía que la medida entraba en vigor de forma inmediata. El motivo: asegurar la «operatividad de las instalaciones» dada la «contingencia migratoria» de los últimos días. Según lo que informaba la institución y confirmaba su dependencia superior, los migrantes dejarían de disponer del acompañamiento y asesoría jurídica que reconoce la propia Ley de Migración.
Las organizaciones civiles se preparaban para emprender medidas legales contra el Gobierno y recurrir una medida que consideraban que violaba sus derechos a defender a los migrantes y los propios derechos fundamentales de estos. La ONU, a través de otro comunicado, defendía a estas asociaciones y criticaba la decisión del Gobierno. Y poco después, otro anuncio de la Secretaría de Gobernación desmentía lo que había informado anteriormente: » [La dependencia] desconoce el oficio» y culpaba a un funcionario, Antonio Molina Díaz, de haber emitido el documento «sin contar con la autorización de las autoridades superiores».
El caos gubernamental y la incertidumbre para decenas de organizaciones civiles y religiosas no se ha resuelto hasta la mañana de este miércoles, con el anuncio de López Obrador ante la pregunta de un periodista. «No somos conservadores. Así actuaban antes los anteriores gobernantes. ¿Cómo se imaginan que vamos a dejar nosotros sin poder asistir a un albergue a religiosos, a miembros de la sociedad civil, de organizaciones sociales… ¡No!», ha apuntado el presidente. Y, sin explicar por qué había habido informaciones contradictorias desde el interior de su Gobierno, ni tampoco un comunicado de Migración o de Gobernación aclarando lo sucedido, el tema se ha dado por zanjado.
Fuentes del Instituto de Migración han asegurado a este diario que se aplicará lo que ha anunciado el presidente y que únicamente se reprogramarán las visitas de las ONG, pero no se impedirá el acceso. La Ley de Migración establece en su artículo 226 que todo migrante que se encuentre en una estación o estancia provisional tiene derecho a ser visitado por familiares o «representantes de organismos no gubernamentales». Estas organizaciones hasta ahora tenían permisos permanentes de acceso y un calendario de visitas acordado con cada institución.
Por su parte, las organizaciones que denunciaban las restricciones en la entrada a estos centros, en la mira desde hace un año por acusaciones de hacinamiento y violaciones a los derechos humanos, se muestran escépticos. «Ilustra una vez más el desorden del Gobierno en materia de política migratoria», señala Salvador Lacruz, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, con sede en Tapachula (frontera con Guatemala, una ONG a la que desde inicios de enero se les ha negado el acceso a la estación migratoria Siglo XXI, donde atendían a 1.100 migrantes. Y añade: «Preocupa especialmente que el enfoque esté absolutamente alejado del respeto a los derechos humanos, más allá del discurso oficial. Todo parece improvisado o decidido en función de los intereses por cumplir con el papel de guardián de la frontera de Estados Unidos».
