PiedePagína
Entre enero 2010 y diciembre 2018 se concesionó el 15.9% del territorio en Jalisco para la explotación minera. Para el 2030, se incrementará al 30%. Este reportaje hace un reecuento de la historia de la minería en Jalisco dando énfasis a la resistencia y lucha por un territorio que con la complacencia gubernamental de a poco se está convirtiendo en una gran mina a cielo abierto.
Por Samantha Anaya, Blanca González, Karely Jiménez y Polette Mendoza / ZonaDocs
Foto portada: David Sayeg
GUADALAJARA, JALISCO- La minería en Jalisco ha generado graves problemas ambientales, sociales y culturales. Por ejemplo: la contaminación; la pérdida de mantos acuíferos; la exterminación de la fauna, cerros y árboles; así como el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas.
Las comunidades de las zonas de extracción se encuentran en el total olvido y marginación por parte del Estado Mexicano, quien se niega a ofrecer servicios básicos. Ello, bajo la justificación de que son espacios de difícil acceso. Esta investigación cuenta la historia de aquellos a los que la vida y la libertad les fue arrebatada por defender sus territorios de los megaproyectos extractivistas.
Desde hace medio siglo, las minas que se han instalado en México usan técnicas y tecnologías capaces de movilizar en pocas horas miles y miles de toneladas de rocas, que en conjunto significan cerros enteros. La cantidad de los recursos explotados en los últimos 50 años son el doble de lo que se extrajo durante los 300 años de la colonia española.
Las empresas mineras modificaron sus métodos de extracción y ahora implementan las técnicas de cielo abierto y la de tumbe y relleno, mismas que se vieron en la necesidad de extender sus áreas de extracción para poder tener espacio suficiente y lograr procesar la descomunal cantidad de material removido para la extracción de los metales.
Las minas a cielo abierto catalogadas las más depredadoras: vuelan cerros enteros apoyándose con detonaciones de pólvora y el uso de sustancias químicas como el cianuro de sodio y ácido sulfúrico, para hacer hoyos en la tierra y extraer los minerales.
Carlos Chávez Reyes, presidente de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), explicó que este proceso extractivo:
«Deja la tierra súper contaminada; queda un polvo muy fino… y ahora la gente va a comer y respirar arsénico, plomo, mercurio…»
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición prolongada al arsénico, a través del consumo de agua y alimentos, es causa de cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes. El envenenamiento por plomo provoca daños al sistema nervioso y convulsiones. Y el contacto con mercurio es causa de erupciones en la piel, dermatitis, pérdida de memoria, trastornos mentales y debilidad muscular.
Chávez también relata los casos extremos de desnutrición con los que se encontraron en la zona wixárika, al Norte de Jalisco, por el olvido en el que viven:
«Su fuente de alimentación es el maíz. Y si las vacas de los ganaderos se comen todo, entonces, se mueren de hambre».
Las comunidades indígenas más afectadas por la presencia de minas en Jalisco son las ubicadas en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, al sur de Jalisco, donde durante años han estado en conflicto con las empresas mineras transnacionales Benito Juárez Peña Colorada, SA de CV y la minera China GanBo International.
Los habitantes de la sierra de Manantlán y Tequesquitlan, respectivamente, han denunciado la invasión de las empresas en sus terrenos, el saqueo ilegal de los recursos naturales de la zona, el despojo, hostigamiento, violencia, casos de agresión hacia defensores ambientales, como el ocurrido con Gaudencio Mancilla Roblada, arrestado sin justificación el 24 de diciembre de 2013; y Félix Monroy Rutilo, quien se manifestó contra los crímenes de Peña Colorada, el 10 de septiembre de 2014, tras la desaparición forzada de su sobrino, Celedonio Monroy Prudencio, el 23 de octubre de 2012.
Otra comunidad afectada por la actividad minera se localiza al norte de Jalisco, en los municipios de Mezquitic y San Martín de Bolaños, lugar de origen de los activistas Miguel y Agustín Vázquez Torres, asesinados el 20 de mayo de 2017.
Esta problemática ha sido ignorada por las autoridades gubernamentales locales y federales. Esto genera que estos delitos queden impunes, almacenados en carpetas de investigación que han quedado archivadas; incluso, en diversas solicitudes de información enviadas a la Fiscalía del Estado de Jalisco, se aseguró no tener ninguna investigación abierta por los crímenes cometidos contra estos defensores de los derechos humanos.
La historia de peña colorada
César Díaz Galván, Secretario de Participación y Planeación Ciudadana del Estado de Jalisco, relató la historia del consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada en la sierra de Manantlán, al sur de Jalisco.
Este consorcio comenzó como una paraestatal de Altos Hornos de México; es decir, una industria que era propiedad del gobierno mexicano.
El expresidente Carlos Salinas de Gortari vendió la mina a Grupo Alfa en 1992 y desincorporó la industria paraestatal Altos Hornos de México. Esta a su a vez, la vendió a Grupo México, quien la dividió en cinco empresas pequeñas, las cuales constituyen el ahora consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada.
Ahora hay dos empresas transnacionales involucradas en la minera Peña Colorada: Ternium y Mittal Steel. Estas transnacionales –además de controlar el mercado de hierro en México– son las principales exportadoras de este metal a China, el mayor comprador de hierro mexicano.
La razón por la que Peña Colorada se encuentra en la Sierra de Manantlán, se debe a que es el espacio idóneo para el desarrollo de la industria minera, dada la gran variedad de minerales como plata, hierro, cobre y zinc.
La sierra de Manantlán
En la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán -que marca la división entre Jalisco y Colima- se encuentra la comunidad Nahua de Ayotitlán.Antes de la llegada de los españoles, Ayotitlán se extendía hasta el Océano Pacífico, pero hoy en día los habitantes viven en el cerro.
En 1921, apoyada en la nueva legislación agraria, Ayotitlán solicitó formalmente una solicitud de para la titulación de su terreno, pero nunca procedió: la Comisión Nacional Agraria (CNA) exigió a la comunidad presentar el documento de propiedad original, con el que no contaban.
La CNA retiró a los invasores, pero no sirvió de mucho, ya que en 1940 regresaron. A partir de entonces, se desarrolló una lucha en defensa de la tierra y los bosques, encabezada por el Consejo de Mayores, autoridad tradicional de Ayotitlán. Este consejo no era oficialmente reconocido, pues Ayotitlán dependía de la autoridad mestiza del municipio de Autlán y luego la de Cuautitlán, que se constituyó como municipio en 1946.
La recomendación de la Comisión Nacional Campesina (CNC, rama rural del PRI) al Comité Provisional de Bienes fue apelar por un ejido, ya que la lucha por la comunidad estaba perdida. De esa forma se librarían de la discriminación al convertirse en ejidatarios, y ganarían la «protección» del PRI, deber que ya está por demás mencionar.
A pesar de que el Consejo de Mayores puso objeción, se obtuvo la mayoría de votos a favor en la asamblea comunal.
El ejido parceló una porción de las tierras mediante el común acuerdo de las familias. El Consejo de Mayores, fue el encargado del reparto, pero los nuevos arreglos agrarios y presiones políticas exigían que desaparecieran las autoridades tradicionales. En respuesta, durante 1980 se reforzó la capacidad de acción de la autoridad tradicional, con el apoyo de nuevos actores, como sacerdotes y maestros rurales vinculados con la Alianza Revolucionaria Campesina de Izquierda.
Para legitimarse, el Comisario Ejidal comenzó juicios en contra de la empresa minera, invasores y autoridades federales y estatales, y de esta manera recuperar su territorio. Años después, obtuvieron, con ayuda de la CNC, una ampliación de 10,000 hectáreas adicionales a las ya otorgadas anteriormente.
Desde entonces, la invasión minera no cesó ni tampoco la devastación forestal, hasta que un decreto presidencial en 1987 creó la Reserva de la Biosfera sierra de Manantlán, la cual comprende 139 mil 577 hectáreas (incluidas casi todas las de Ayotitlán).
En la zona central de la Biosfera quedó prohibida toda actividad que pudiera afectar a la flora y fauna, modificar el uso de suelo, quedando suspendida la tala de árboles por 50 años.
Otras iniciativas, para promover su protección y desarrollo sustentable, fueron revitalizar las costumbres y saberes ancestrales de la cultura de los habitantes. En julio de 1993 se creó la Unión de Pueblos Indígenas de Manantlán (UPIM), una asociación civil que dota a la región de recursos, conformada por instituciones públicas, universitarias y privadas, quienes promueven los derechos humanos y la sustentabilidad ambiental.
Con todo y todo, no se ha resuelto el problema de la invasión de las minas, justificada en la actual disputa limítrofe entre los estados de Jalisco y Colima, pues tan sólo en el período comprendido de noviembre de 2010 a diciembre de 2017, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán se otorgaron 13 nuevas concesiones mineras con vigencia hasta 2067.
Nahuas de Ayotitlán: violencia y lucha por el territorio
Desde 1975 llegó el consorcio minero indo-italo-argentino Benito Juárez Peña Colorada, SA de CV a instalarse al sureste del territorio Nahua para comenzar con la explotación química de ricos yacimientos de cobre y hierro.
En 1992, con la privatización de la mina y sus intenciones de ampliarse para buscar yacimientos dentro de las tierras indígenas sin ningún tipo de permiso local, estatal o federal, el panorama de tensión incrementó hasta hacerse evidente.
Para los nahuas el conflicto con Peña Colorada es claro, la empresa mantiene desde hace décadas las misma maniobras: sobornos a ejidatarios para evitar procesos legales en su contra, apoyó con recursos a quienes están a favor de la mina, omisión de los pagos a las comunidades por la extracción del hierro e interviniendo con recursos a favor de candidatos en las elecciones ejidales y municipales.
A más de 40 años de su llegada, la empresa mantiene su producción prácticamente de manera ininterrumpida, amparada en su estatus de paraestatal y el apoyo de diversos grupos de poder por ser una de las más importantes minas de hierro de América Latina. A pesar de que el expediente contra la minera Peña Colorada sigue acumulando delitos ambientales: destrucción de cerros y contaminación de miles de metros cúbicos de agua; e irregularidades legales, tales como actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Después en 2008, cuando el precio del hierro se disparó, llegaron las mineras ilegales a instalarse por la fuerza, con grupos armados, en los predios de los ejidatarios indígenas para extraer el hierro (con el apoyo de autoridades corruptas) y vender el mineral en el mercado negro. Actualmente existen en esta situación alrededor de siete predios, o más, entre los que se destacan los de Cañada Verde y Piedra Imán.
En un principio los indígenas se movilizaron para confrontar a los invasores extractivistas, deteniendo la instalación de las maquinarias y suspendiendo el traslado del material. Sin embargo, ello llevó a los grupos mineros a incrementar la violencia en contra de sus opositores, lo que incluye la desaparición, el 23 de octubre de 2012, de Celedonio Monroy Prudencio, y las amenazas de muerte y agresiones contra Gaudencio Mancilla Roblada, por mencionar los casos más notables.
Rostros y vida de la defensa comunitaria
Celedonio Monroy Prudencio,nacido en 1975, es un luchador social nahua y defensor de los de los derechos de los pueblos indígenas del ejido Ayotitlán. En 2006, después de graduarse de la Universidad de Colima, ingresó como activista a el Frente Regional pro Manantlán y Cuenca del Marabasco AC (Fremar). En 2009, Celedonio se convirtió en asesor del Consejo de Mayores, director de Asuntos Indígenas del municipio de Cuautitlán y participó activamente en el Congreso Nacional Indígena de la región Occidente.
Celedonio, luchaba contra el saqueo de los recursos naturales de la Sierra de Manantlán (reserva de la biosfera desde 1987) en la Costa Sur de Jalisco. Denunciaba el hostigamiento de las compañías mineras principalmente el Consorcio Benito Juárez Peña Colorada S.A, que se ubica dentro de la zona de indefinición de límites territoriales entre Colima y Jalisco; la explotación ilegal de maderas preciosas que exportan los Talamontes a China y el abandono del gobierno del Estado de Jalisco para brindar los mínimos servicios públicos hacia la comunidad, así como el entorpecimiento de cualquier obra de beneficio social por parte de la policía Estatal de Colima.
La desaparición del defensor ambiental Celedonio ocurrió el 23 de Octubre de 2012 y está relacionada con su defensa ecológica de la sierra de Manantlán.
A finales de octubre de 2012 corrió el rumor de que un grupo de talamontes andaba sacando cedro blanco, rojo, primavera, tampiciran (conocido en esta región como granadillo) y rosa-morada. Entonces, un grupo de indígenas de la comunidad, entre ellos Celedonio Monroy Prudencio, se dirigió a los predios de Llano Grande y las Crucecitas. Cuando la brigada localizó a los talamontes y les pidieron sus permisos, éstos sacaron sus armas y los amenazaron.
Días después, los pistoleros fueron a la casa de los indígenas y les dijeron que anduvieran con cuidado y no se metieran con ellos. El día 23 de octubre de 2012 a las 23:20 horas llegaron a la casa de Celedonio en una camioneta Lobo blanca y otra tipo Suburban de las que bajaron ocho encapuchados armados y vestidos de militares.
«Yo escuché gente y pensé que venían a pedirle consejo, como él estudió ciencias políticas. Al día siguiente tenía pensado a ir a Manzanillo, a trabajar. Me dijo: «voy con mi tía a pedirle su teléfono porque lo acaban de instalar y te marco a ese número». En eso estábamos, anotando el número, cuando llegan dos encapuchados. Uno daba las órdenes, el otro llegó preguntando por Celedonio y comenzó a buscar armas, incluso me encañonaron. Después de sacarlo, uno me dijo: «Si tu esposo no tuvo nada qué ver en las armas que buscamos, yo mismo te lo traigo». Hasta ahorita no sé nada de él (Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. Diciembre 2012).
Ya han pasado 7 años desde su desaparición y es fecha que sus familiares y amigos no saben nada de él.
El equipo realizó diversas solicitudes de información (Folio: 07233619) a la Fiscalía del Estado de Jalisco para conocer cuál es el estado procesal de la investigación del caso de Celedonio Monroy Prudencio.
La respuesta de los sujetos obligados fue que en la Fiscalía Regional Costa Sur fue que no se encontró registro de la información solicitada. Así mismo, la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas informó que sí existe una carpeta de investigación activa a nombre del defensor; sin embargo, aún no sabe del paradero de la víctima y sí ésta se encuentra viva o muerta.
Gaudencio Mancilla Roblada, de 72 años, es el más joven de los integrantes del Consejo de Mayores (Autoridades Tradicionales Indígenas de la comunidad de Ayotitlán), líder nahua y defensor de la tierra de Manantlán. En 2008, fue galardonado con el premio Francisco Tenamaxtle de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
Gaudencio ha denunciado constantemente el problema con el reparto agrario, la explotación ilegal y el impacto ambiental que generan las diversas empresas mineras; la tala clandestina de las madereras en la Sierra de Manantlán; y las violaciones, amenazas y hostigamiento de las que son víctimas. Pide a las autoridades justicia para la resolución de los delitos que se han cometido en contra de sus compañeros defensores del territorio, el apoyo para crear su propia policía comunitaria que haga frente a la inseguridad, así como la presencia de militares que resguarden a la población.
El 17 de junio de 2013, un grupo de hombres, que se identificaron como el cuerpo de seguridad de la cooperativa Mineros Piedra Azteca, se presentaron armados en el domicilio de Gaudencio para dejarle una «recado»: «Si vuelven a interceptar camiones o vuelven a frenar maquinaria que esté extrayendo material. Si un solo incidente se vuelve a dar habrá consecuencias terribles».
Lo anterior lo confirmó en una entrevista, que tuvo lugar cinco días después del incidente, en el programa de radio Territorios de la Universidad de Guadalajara. Donde además aprovechó para pedir apoyo a las autoridades para la formación de cuerpos de seguridad autónomos en su comunidad.
No obstante, y a pesar de sus denuncias, un año después, el 14 de agosto de 2014, Mancilla Roblada fue detenido por policías municipales y estatales. El líder nahua cuenta que desde el primer momento del arresto fue violentado física y verbalmente con el fin de que declara su participación en la policía de los nahuas, la compra de armamento para esta organización y aceptara que, en colaboración con el representante de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de Jalisco, miembros de la Universidad de Guadalajara y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estarían creando una fuerza policiaca comunitaria en Ayotitlán.
Al no encontrar elementos para culparlo, Gaudencio fue arrestado por porte ilegal de arma de fuego y trasladado primero a las oficinas de la policía investigadora de Cuautitlán para después ser llevado a la ciudad de Guadalajara, donde se le dio una sentencia de 1 año y tres meses de prisión. Sin pruebas para demostrar la culpabilidad de Gaudencio de las acusaciones y frente a la rapidita circulación de información en medios independientes de la desaparición y detención ilegal del representante nahua, Gaudencio fue liberado con el pago de una fianza menor.
El representante legal del Consejo de Mayores salió de la cárcel para regresar a su comunidad, dando antes una rueda de prensa en la que describió los hechos, exigió a las autoridades el “trato como personas” de los indígenas, declaró tratarse la acción contra su persona de un acto de intimidación por “un asunto de minas” y afirmó que lo más importante en el momento era regresar a las comunidades para saber si otros habían sido intimidados y mostrar que continuaba vivo para seguir enfrentado a autoridades, políticos e intereses económicos que buscan aprovecharse ilegal e ilegítimamente los recursos naturales del territorio indígena.
El líder nahua ha recibido amenazas de muerte desde 2008 por oponerse a la explotación de la zona. A pesar de los ataques y amenazas, Mancilla Roblada, sigue reiterando que está dispuesto a afrontar las consecuencias derivadas de su defensa de la tierra.
Cerro de San Pedro: origen de la lucha wixárica
El escudo de armas de San Luis Potosí nos muestra un cerro, el cerro de San Pedro, el cual en la actualidad ya no existe. La minera de New Gold extrajo de éste todo los minerales, aún con los amparos que interpuso la comunidad guachichil para prohibir la extracción de los minerales y para trabajar en su territorio. Toda la comunidad defendió hasta el final la protección del cerro de San Pedro, mas vivieron distintas etapas que hizo esta lucha imposible.
Cuando llegó la minera NewGold se dio una reacción fuerte y negativa sobre la presencia de esta empresa, sobre todo por parte de la presidenta municipal, María Rosaura Loredo Loredo, quien demandó que no se les otorgaran los permisos para el cambio del uso del suelo, requisito fundamental para la minería. La comunidad ganó los juicios siguientes, y la empresa se retiró por un tiempo.
Después de 10 años, y aún con el permiso vigente, volvieron a San Luis Potosí, pero ya no había quien defendiera las tierras o pudiera pararlos, extinguiendo el cerro.
Actualmente, se le conoce como un pueblo fantasma: todas las casas se encuentran cuarteadas por todas las explosiones, aún siendo patrimonios culturales e históricos por la antigüedad de sus iglesias y las grandes construcciones, donde todo terminó derrumbado. Después de todo esto se sigue viendo la explotación de esa tierra por parte de la empresa minera, extrayendo debajo del pueblo las enormes cantidades de oro que aún quedan.
La comunidad wixárica en el norte de Jalisco
Al inicio del siglo XXI, la comunidad oscilaba entre los 20,000 miembros, en un territorio que abarcaba, en aquel entonces, 50 mil kilómetros de Este a Oeste, y 75 mil de Norte a Sur. Este se ubica en dos municipios jaliscienses: Mezquitic y San Martín de Bolaños.
El presidente de la AJAGI, Carlos Chávez Reyes, relata que en el lugar donde residen los indígenas wixárikas hay un peñasco enorme y su labor es cuidarlo, ya que es un lugar sagrado para su cosmología. No se trata solo de las tierras, sino de todo un territorio en el que ejercen su cultura, su forma de ser, vivir y sentir. Ellos tienen otra forma de conectar con la naturaleza, considerándola parte de la esencia humana.
Ellas y ellos conciben al mundo desde cuatro puntos cardinales: al Norte, Wirikuta, definido como el primer camino al mundo y ubicado en Real de Catorce, San Luis Potosí; en el punto Sur mencionan a Nuestra Madre la Lluvia, la cual se encuentra en la isla Alacranes, Jalisco; al Oriente, está Hauxa Manaka, «el tronco petrificado» que habita en la cima del Cerro Gordo, en Durango; al punto Occidente corresponde Tatei Haramara, Nuestra Madre el Agua de Mar, al lado del puerto de San Blas.
La comunidad Wixárika concluyen que sus antepasados les han heredado esas fértiles y abundantes tierras no únicamente para proporcionarles el sustento, sino como un lugar de adoración, como «una gran catedral» ( De la Peña, 2006).
Desde que son pequeñas y pequeños, se les enseña a sentir la energía del mundo, a percibirlo como un recuerdo, el lugar en el que la historia humana está en curso. Además, aprenden las canciones sagradas que les une con el universo.
El caso de los wixáricas: la injusticia
Carlos Chávez Reyes, presidente de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Comunidades Indígenas (AJAGI), relata que él junto con un alópata y un curandero huichol recorrieron la sierra en busca de las enfermedades más comunes, dándose cuenta de la enorme tristeza de las personas.Además de que su dieta está conformada por únicamente frijol, huevo y tortillas, el acceso al agua es muy limitado y, ya que no hay caminos que conduzcan a ellos, el derecho a la salud es prácticamente inexistente.
Como si fuera poco, se encontraron con que había granaderos que arrojaban a las vacas a los cultivos de maíz de los huicholes con el propósito de hacer que abandonaran las tierras. Pero la comunidad indígena nunca lo hizo.
Ante la situación, contactaron a políticos, quienes dijeron «sí, lo vamos a ver», pero «solo se tomaron fotos con algunos miembros de la comunidad», detalló Chávez. Hecho completamente opuesto a lo que establece el artículo 10 del convenio 169 vinculante (una ley de este tipo hace obligatorio su cumplimiento) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el que establece que los gobiernos deben proporcionar a los pueblos protección contra la violación de sus derecho y bienestar.
Cuando Carlos y el resto del grupo de apoyo llegaron a la comunidad hicieron el compromiso de curar a la gente, pero se encontraron con casos de agresión por parte de los caciques, quienes decían castigar a los miembros de la comunidad. Eso los hizo entrar en ámbitos más amplios como, por ejemplo, el despojo de sus territorios.
Entrando en el tema de las minas y las concesiones de 50 o 60 años, Carlos menciona que son nada comparadas con los títulos virreinales que se remontan a 1725, y, cuando los conquistadores llegaron, los indígenas wixárikas ya ocupaban esas tierras, pero hacer valer sus derechos como dueños ancestrales de esas tierras es una realidad completamente opuesta: el artículo 14, del convenio 169, párrafo segundo, establece que los gobiernos deben definir las tierras que los pueblos ocupan tradicionalmente, para garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
A pesar de las denuncias por la sobreexplotación de recursos en el territorio del pueblo Wixárika, no basta con llegar hasta el juicio:
«la ley es elitista, gana quien tenga para pagar un abogado, pero un campesino que no tiene la suficiente solvencia económica para pagar el pasaje y ver si se ha avanzado en el caso es casi imposible. Además, si no te presentas en la fecha del citatorio, entonces, pierdes puntos procesales. Y, finalmente, te van a ganar», cometa el presidente de la AJAGI.
División en las comunidades
En la misma charla con Chávez Reyes, relató que la forma en cómo se aseguran los accionistas de las concesiones mineras de no perder su inversión –por motivos de la resistencia e inconformidad del pueblo Wixárika–. Estas personas se valen de «manuales hechos por cámaras de la industria minera, que son internacionales, donde les dan el camino a las minas sobre cómo vencer las resistencias populares». Los inversionistas, observan los conflictos internos en las comunidades, para causar división:
«No les interesa como aliados. Les importa que se debilite la sociedad, hasta la desaparición, hasta el asesinato de algún miembro».
Mientras los inversionistas compiten en la bolsa de valores desde otra parte del mundo, en las comunidades del norte de Jalisco los gobiernos olvidan lo establecido en el artículo 20 de la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Jalisco: si una persona ajena a la comunidad o pueblo comete hechos presuntamente delictivos, el Ministerio Público deberá hacer las averiguaciones correspondientes.
¿Por qué las minas se instalan en territorio indígena?
Chávez expresa que el 80% de los ambientalistas asesinados eran indígenas, lo cual nos permite notar que aproximadamente el 80% de los recursos naturales puros del planeta están en zonas indígenas.
Las y los indígenas habitan en zonas serranas, donde están los yacimientos minerales.
«Si hay pueblos indígenas se convierte en un problema para las empresas, no por su riqueza sino por su comunalidad».
Las asambleas comunales son un gran problema para que el capital avance, ya que las y los indígenas no buscan la riqueza económica;
«tenemos fotos impresionantes donde se ve la línea divisoria entre un pastizal erosionado con ganado que antes era bosque y un pastizal sembrado para la comunidad», relata Carlos.
Cuando una comunidad conserva tradicionalmente su organización y conservan su cultura son muy fuertes, pero cuando entran en sus tierras internamente se quebrantan, o se ven obligadas y obligados a migrar del campo a la ciudad, lo que provoca que disminuya su comunalidad.
Miguel y Agustín Vázquez Torres eran líderes de la comunidad Wixárika. Ambos fueron asesinados el sábado 20 de mayo de 2017 en Tuxpan de San Martín de Bolaños, en la sierra norte de Jalisco.
Miguel, de 40 años, pertenecía al Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta (sitio sagrado wixárika en San Luis Potosí), era uno de los principales líderes indígenas que encabezó el movimiento de restitución de su territorio y el 22 de septiembre de 2016 logró la devolución de 184 mil hectáreas.
Entre varias cosas, impulsó la creación de la preparatoria Bicultural de la Universidad de Guadalajara. Además, impulsó la creación de una policía comunitaria wixárika para defender a la población.
Agustín, de 30 años, se había graduado recientemente de la escuela de derecho, con especialidad en derecho a humanos.
Las principales investigaciones señalaron que los hermanos fueron agredidos con armas de fuego. Herido, Agustín fue trasladado al centro de salud local donde, más tarde, falleció. Al salir de ese lugar, Miguel fue asesinado del mismo modo, señaló la Fiscalía de Estado de Jalisco.
La comunidad Wixárika de Tuxpan de Bolaños y San Sebastián exigen la restitución de más de 10 hectáreas de la localidad Huajimic, en Nayarit.
Diversos medios señalan que el responsable del doble asesinato es el Cártel Jalisco Nueva Generación. La comunidad a la que pertenecían los hermanos, meses antes de ser asesinados, había registrado agresiones por parte de los granaderos de Huajimic. El ex fiscal general de Nayarit, Edgar Veytia hizo acusaciones falsas contra los wixáricas por robo de ganado y siembra de amapola.
La Fiscalía del Estado de Jalisco, a las solicitudes de transparencia (Folios: 07233519 y 07233419), sobre el estado procesal de las investigaciones por el homicidio doloso de Miguel y Agustín, informó que por ahora no puede dar detalles públicos, ya que la carpeta de investigación sigue en trámite.
Marginación en Ayotitlán, sur de Jalisco
Y así como en el norte de Jalisco quebrantan las leyes y se violentan los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, en el sur del estado no es muy distinta la situación .
«La parte que están explotando lo hacen de forma ilegal, en un predio que, si bien fue desincorporado de la propiedad pública, no hubo un acuerdo por parte de la comunidad para que el predio fuera explotado», menciona Juan Manuel César Díaz Galván de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.
Volvemos a un punto primordial: el verdadero ser de la ley en México.
En el convenio 169, artículo 6, párrafo 1°, inciso A, establece que los pueblos deben ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas, las cuales atentan contra su bienestar. Un ejemplo de que esto no se cumple es la venta de la paraestatal Altos Hornos de México a empresarios extranjeros. Esta decisión del gobierno debió ser notificada a los terceros afectados, ósea, los habitantes del ejido, lo cual nunca sucedió y el negocio quedó entre el gobierno mexicano y los dueños de las empresas transnacionales.
El ejido resultó perjudicado con una extensión de 192 hectáreas donde se encuentra la veta principal de hierro. La denuncia del ejido continúa en un juicio:
«Tiene que ver con el conflicto interestatal entre Jalisco y Colima. Esta indefinición en los límites estatales permite que la empresa se aproveche y siga explotando los yacimientos de forma ilegal», explica César Díaz.
La demanda que nunca procedió (y tal vez nunca lo haga).
En 1997 se llevó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el conflicto limítrofe entre Colima y Jalisco. La Primer Sala de la SCJN admitió la demanda del gobierno de Jalisco contra el gobierno de Colima e hizo llegar los intereses de ambas partes hasta el desahogo de pruebas.
Cuando los colimenses se enteraron que el gobierno de Jalisco tenía un 80% de posibilidades de ganar decidieron pasar el asunto al Senado colimense en su parte priísta.
Ante el cinismo de pasar el asunto de un lado al otro, la Red Jalisciense de Derechos Humanos y la Unión de Pueblos de la Sierra de Manantlánintrodujeron un amparo ante el juzgado de distrito en materia administrativa de Jalisco, ya que el amparo nunca procedió en el Poder Judicial de la Federación, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde lleva 10 años en estudio.
En octubre de 2012, la Corte abordó de nuevo el caso; sin embargo, los expedientes se quedaron en un archivo del Senado de la República, donde no han proseguido, pero hay otros interés que no son de las empresas ni del poder político. Díaz Galván dijo que:
«los grupos del crimen organizado también han explotado esa parte de la mina, en un predio llamado Cañada Verde, punto que está contiguo a la empresa Peña Colorada».
El amparo de 1968
En 1921, la comunidad Nahua de Ayotitlán hizo un reclamo para que por la vía legal les restituyeran el título virreinal de sus bienes comunales, el que reconoce que son poseedores de 440 mil hectáreas. No fue hasta 1963 que les concedieron una resolución presidencial, en la que se les adjudicó únicamente 50 mil hectáreas, es decir, sólo el 12% de su territorio total que por derecho les corresponde. Pero, aún con el 88% de su territorio en manos de particulares, dicha resolución sólo le entregó materialmente 34 mil hectáreas.
El juicio de amparo de 1968 se dio por el reclamo de esa devolución complementaria de su territorio. Sin embargo, a pesar que ganaron el juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nunca se ejecutó la entrega complementaria, adeudando al ejido 16 mil hectáreas.
¿Por qué la reposición de sus tierras comenzó en 1921 y se resolvió hasta 1963?
En este periodo fue cuando el general Marcelino García Barragán realizó contratos con empresas madereras para explotar la reserva: «Por eso Ayotitlán es dotado como ejido y no restituido como comunidad, como debió de haber sido».
La Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco es por completo ignorada y pasada por alto. La razón: el conflicto limítrofe que actualmente se gesta entre Jalisco y Colima; el gobierno jalisciense argumenta que la problemática está fuera de su jurisdicción, al estar fuera de su territorio.
Una segunda razón es que esta ley es para preservar y defender los derechos de pueblos y comunidades indígenas originarias de Jalisco. No obstante, sólo se especifica lo que se entiende por pueblo y comunidad indígena, en ningún momento se mencionan los derechos de los miembros de un ejido, tal y como se le dotó a Ayotitlán.
El investigador de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI), Alejandro Carrillo Ceballos, mencionó que una comunidad indígena tiene más peso para echar a andar los órganos jurisdiccionales que un ejido, tal y como se le reconoció a Ayotitlán, aunque en los hechos es una comunidad indígena por su organización social, motivo por el que entran en esta lógica de organización que violenta sus derechos, a pesar de tener a sus autoridades tradicionales. En el artículo 7, fracción III de la Ley de Derechos y Desarrollo Indígena, se específica qué es una comunidad indígena, características con las que claramente cuenta Ayotitlán.
En 2007, una resolución indica que hay imposibilidad material para completar el territorio que, por derecho, les corresponde a los miembros del ejido, es decir, ya no hay tierras y lo que queda ya tiene dueño. Entonces, lo que continúa buscando Ayotitlán, a más de 50 años de haber ganado el juicio de devolución complementaria, es una indemnización, esto es que el gobierno pague al ejido lo que valen las hectáreas que les deben. El juicio sigue en proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Como ya se mencionó, el convenio 169 es vinculante, por lo que es obligatorio su cumplimiento. México forma parte de él desde 1989 y en 1990 fue ratificado por el congreso, lo que lo volvió de rango constitucional. César Díaz puntualizó que, a pesar de ser vinculante, «sigue siendo letra muerta», ya que poco a servido para defender las tierras de los indígenas.
Tal es el caso del artículo 18, el que manifiesta el derecho que tienen los pueblos a preservar los recursos naturales que se encuentran en sus tierras. Pero en la realidad sucede que se explotan los cerros con un modelo extractivo que contamina la tierra y la deja estéril. O el artículo 7, párrafo 4°, sobre las medidas que debe tomar el gobierno en cooperación con los pueblos para proteger el medio ambiente.
En la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se gesta en la actualidad un debate sobre la consulta a los pueblos indígenas para llevar a cabo megaproyectos de «desarrollo» en sus terrenos, ya que si los proyectos buscan «elevar el nivel de vida de la población», y un pueblo indígena se opone, la consulta no debe ser obligatoria. Situación contradictoria, ya que el artículo 7 del convenio 169 plantea que los pueblos tienen el derecho a decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo.
Además, el mismo artículo menciona que los gobiernos están en la obligación de cooperar con los pueblos para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. Curiosos adjetivos: proteger y preservar. Sin embargo, lo que se discute en la actualidad es que:
«cuando el daño sea irreversible y afecte profundamente las condiciones de vida de las personas, entonces, sólo entonces, la consulta debe ser obligatoria», comenta Carlos Chávez.
La ley minera en México
El primer artículo de la Ley Minera, que resalta para entender este tema de la «letra muerta», es el número 10, párrafo 1°, este aclara quiénes tienen el derecho de explotar los minerales: personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas; sin embargo, el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, que ha destruido la Sierra de Manantlán (Sur de Jalisco), pertenece a dos empresas: Arcelor Mittal, del hindú Laskshmi Mittal y la empresa italo–argentina, Ternium.
Pero, Peña Colorada no es la única en esta zona. La empresa china GanBo, tiene como principal accionista a uno de los hombres más ricos del mundo, el hindú Likshmi Mittal. Ésta ha estado involucrada en conflictos por las tierras el ejido de Tequequitlán en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, el tercero más pobre de Jalisco.
La Terronera, de capital canadiense, ubicada cerca de al municipio de San Sebastián del Oeste,también cuenta con un permiso vigente. Tres concesiones de capital extranjero arrasando con los recursos de México y con la vida de las comunidades indígenas que ahí residen.
El artículo 43, fracción III, aborda uno de los motivos de suspensión de una concesión: si se corre el riesgo de provocar daños a propiedad privada.
Un ejemplo notorio de la violación de estos artículos es lo que vivió Félix Monroy Rutilo, tío de Celedonio Monroy Prudencio. En la madrugada del 5 de enero de 2016 fue introducida maquinaria pesada, perteneciente a el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, a el predio de Los Potros, propiedad de la familia del campesino y habitante del ejido. Buscaban destruir los cultivos de maíz y jamaica, árboles y cercos colocados por Félix hace más de 40 años. Y, como si fuera poco, Peña Colorada ha cercado ilegalmente el terreno de cultivo de Félix.
Los recursos más abundantes se encuentran en zonas indígenas y el artículo 13, en su tercer párrafo, esclarece que si el pueblo o comunidad solicita el terreno que habita a la par de otra persona, se le dará preferencia a la solicitud del pueblo y/o comunidad. Es más que obvio que este artículo no se cumple.
El ejido de Ayotitlán en el municipio de Cuautitlán de García Barragán y el pueblo Wixárika en los municipios de Mezquitic y San Martín de Bolaños, han luchado por años para la restauración de sus tierras, entregadas a empresas mineras transnacionales (lo cual ya está violando el artículo 10 de la Ley Minera), que con el proceso de extracción a cielo abierto están causando un impacto ambiental y social irreparable.
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El caso de doña María
Doña María es habitante de una de las comunidades poseedoras de uno de los yacimientos más abundantes de hierro ubicada en el ejido de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. En 2009, debido a una detonación ilegal a cielo abierto de la mina El Pesar, Consorcio Benito Juárez Peña Colorada, no pudo refugiarse y fue así que cayó en su cabeza un trozo de hierro, el cual la dejó ciega permanentemente y le propició intensas migrañas.
La empresa responsable de la extracción a cielo abierto, El Pesar,nunca la indemnizó por el gran daño que le causó.
La Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas en El Estado de Jalisco, bajo el Artículo 35, establece que los habitantes de las comunidades indígenas tienen el derecho a recibir los beneficios de las actividades extractivas que se lleven a cabo en sus tierras, o en caso de sufrir algún daño recibir una indemnización equivalente a éste. Las autoridades responsables deberán asegurarse que dicha indemnización se acredite y cuantifique. Y aún así, a sus 87 años, doña María recuerda cuando llegaron las minas con la promesa de hacer prosperar al municipio de Cuautitlán de García Barragán, el tercer municipio más pobre de Jalisco.
El Pesar y Peña Colorada no dejan beneficios económicos para los habitantes de la región, quienes desde hace cuatro décadas esperan el progreso que se les prometió, argumento que no dejan de utilizar y mantener las mineras en sus discurso de desarrollo.
La relación entre mineros y Estado
Las concesiones y permisos mineros son otorgados por el Gobierno Federal, quienes justifican el daño ecológico y social con la entrada económica que dejan las inversiones extranjeras.
En junio pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con Lakshmi N. Mittal dueño de Arcelor Mittal, la mayor siderúrgica en el mundo. Además, Arcelor Mittal es una de las dos empresas que conforman el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, con quien acordó
«una inversión en proceso de mil millones de dólares […] ya se ha establecido parte de la inversión… 600 millones de dólares», expresó el presidente.
En la reunión, Mittal afirmó que están:
«comprometidos a invertir en México. Tenemos un plan de negocios que integra todos los procesos desde la minería a la producción de acero». Es curioso cómo es que Mittal dice que busca «mejorar la calidad de vida de los mexicanos»
Pero los vínculos no acaban ahí, el presidente designó a Francisco Quiroga Fernández como Subsecretario de Minería por ser ex-empleado de importantes empresas trasnacionales mineras, y a Laura Cristina Díaz Nieves como Directora General de Minas por tener una larga carrera en empresas trasnacionales; funcionarios que tienen un evidente «conflictos de interés».
Quiroga Fernández laboró en el Grupo Villacero como director de planificación internacional durante el periodo de 2004 a 2007. En abril de 2006 Arcelor Mittal compró Sicartsa a Grupo Villacero, que la convirtió en la siderúrgica más grande de México. El actual subsecretario de Minería ayudó a Arcelor Mittal a consolidarse en México, ya que trabajó para la compañía de 2007 a 2009, periodo en el que crecieron los números de ésta empresa, al grado de que actualmente tiene una participación estimada de 22% a 25% en el mercado nacional. De 2009 a 2012, Quiroga Fernández volvió a Villacero para hacerse cargo de la recién adquirida Coutinho & Ferrostaal.
Díaz Nieves tiene más de 22 años como asesora legal para múltiples empresas públicas de exploración y explotación en México con un historial exitoso en transacciones de recursos naturales. Fue abogada corporativa para empresas mineras canadienses que operan en México, y hasta mayo 2012 se desempeñó como directora de la compañía canadiense Marlin Gold Mining Ltd, que opera en el país a través de su filial Oro Gold de México.
En la Dirección General de Minas, Díaz Nieves tiene, entre otras atribuciones, expedir títulos de concesión, así como resolver la corrección administrativa, sustitución, prórroga, desistimiento, cancelación o nulidad de los permisos, conforme al marco normativo vigente según el artículo 32 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2016.
Muchas comunidades indígenas y defensores de derechos humanos, que se oponen a megaproyectos energéticos, expresaron preocupación por el nombramiento de Katya Puga Cornejo como Subsecretaria de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la Fiscalía General de la República (FGR), Felipe Muñoz Vázquez.
Puga Cornejo, después de trabajar en los sexenios de Fox y Calderón en 2013, se incorporó a la Secretaría de Energía (Sener) como directora de Vinculación Social en la Subsecretaría de Electricidad y, posteriormente, se unió a la Subsecretaría de Hidrocarburos. Ahora, como Subsecretaria de Planeación y Política Ambiental, se encarga de las políticas ambientales de los megaproyectos en toda la república mexicana.
Conforme a la Secretaría de Economía, México se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre; además es el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo de acuerdo con el reporte publicado por SNL Metals & Mining 2015, pero lo que más destaca es que es el quinto país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, los cuales son relevantes porque contribuyen con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. Por ello, quizá, no importan las consecuencias y daños colaterales de la instalación de las mineras.
Para 2030, el porcentaje estimado del territorio que se encontrará concesionado para la explotación minera en Jalisco será del 30%, aumentando las posibilidades de un deterioro ambiental y, seguramente, afectando a las comunidades indígenas más vulnerables, ya que es ahí donde se instalarán los megraproyectos extractivistas, y todo esto sucederá mientras se recrudece la impunidad y la injusticia en los casos de Celedonio Monroy Prudencio, Gaudencio Mancilla Roblada, Félix Monroy Rutilo, Miguel y Agustín Vázquez Torres, quienes eran y son imparables en la defensa de su territorio.
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Investigación realizada por alumnos de la Licenciatura en Comunicación Pública de la Universidad de Guadalajara en el marco de la asignatura de Investigación Periodística.
