Proceso
OAXACA, Oax. .- A cinco años y cinco meses de que Diego Isaí López Montesinos, de escasos ocho años de edad, murió electrocutado por negligencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no hay justicia, por el contrario, la familia se ha tenido que enfrentar a la “delincuencia organizada institucional” que protege a la paraestatal.
Pese a que existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), han ganado un amparo y el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), las dependencias de gobierno federal y estatal han operado como “delincuencia organizada institucional” para no sancionar a la CFE con el argumento de que “las empresas del Estado no podían ser sujetas de persecución penal”.
Aunque la FGR tiene todas las pruebas que acreditan la responsabilidad del personal de la CFE, en lugar de solicitar la orden de aprehensión determinó de nueva cuenta el no ejercicio penal.
Fue el 11 de agosto de 2019, en la calle Camino Viejo a San Juan en la colonia Santa Teresa, perteneciente a Asunción Nochixtlán, Oaxaca, cuando Diego Isaí, ante los ojos de su hermana de cinco años de edad, se electrocutó al sufrir una descarga eléctrica que lo privó de la vida, al tocar un cercado de alambre de púas que se encontraba en contacto con un cable que, a su vez, se desprendía de un poste.
La CNDH acreditó que “una de las fases de baja tensión de la línea aérea de energía eléctrica, propiedad de CFE Distribución, se encontraba reventada y colgaba del poste a 1.50 metros del suelo, lo que provocó que la víctima se electrocutara, vulnerando los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica, acceso a la justicia y al principio del interés superior de la niñez.”
La familia narró: “La madre de Diego solicitó a la CFE el retiro de unos cables que se desprendían de un poste al predio de un vecino, sin embargo, su queja no fue escuchada. El encargado de distribución prometió hablar a CFE de Huajuapan para que autorizaran el retiro porque ese tipo de postes solamente podrían ser retirado por esos, esto nunca pasó”.
“Ese trágico día, Diego caminaba a su casa, tomó la cerca y se desmayó. Su mamá lo levantó palidecido después de que su hermana buscara ayuda, ella misma pudo sentir la corriente”.
A partir de entonces, comenzó un calvario para la familia que exige justicia porque “el caso ha estado plagado de inconsistencias palpables que apuntan a una complicidad entre instituciones de justicia y la CFE”.
Y enumeraron las irregularidades como el trámite de emisión del acta de defunción, la cual fue aplazado por más de un mes y solo se emitió después de la presentación de un amparo, siendo un trámite que tarda solamente 24 horas.
Aunado a ello, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, remitió la carpeta de investigación a su sede regional en Oaxaca, sin argumentos y sin avisar a las víctimas. Así mismo, se negó por dos años a declinar la competencia a la Federación aunque este caso claramente les correspondía.
Mientras que la CNDH emitió la recomendación 40/2021 donde responsabilizó al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Distribución, Guillermo Nevárez Elizondo, por la falta de supervisión y mantenimiento de las líneas de distribución eléctrica, que provocaron el fallecimiento de Diego. La recomendación de la CNDH hasta el momento no se ha cumplido.
Después de la declinación de competencia, la Fiscalía General de la República solicitó a llegar a una conciliación económica entre las partes, sin realizar hechos efectivos de investigación.
Sin embargo, la familia se ha negado a recibir ninguna suma de dinero a menos que se garantice la realización de una reparación integral que evite otras muertes como las de Diego.
El 2 de junio de 2023, la Fiscalía declaró el no ejercicio de la acción penal, al determinar que “las empresas del Estado no podían ser sujetas de persecución penal”, dejando en carta abierta su posición de impunidad en el caso. Siempre alineada a los intereses de CFE.
Un juez de Distrito revocó esta determinación y le exigió a la Fiscalía que realizara acciones concretas de investigación. La Fiscalía actualmente tiene todas las pruebas que acreditan la responsabilidad de personas dentro de la CFE, incluyendo nombres de personas responsables, pero días después de recibir la información decidió, en lugar de solicitar la orden de aprehensión, de nueva cuenta, el no ejercicio.
Por estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca inicio la carpeta de investigación número 27371/fmix/nochixtlan/2019, pero fue el día 3 de septiembre del año 2021, que declino competencia a la FGR, posterior a la recomendación 40/2021 de la CNDH. Tardaron dos años y 34 días dilatando la justicia y buscando la prescripción.
Sin embargo, pese a todos los obstáculos jurídicos, el 17 de diciembre del año 2024, la familia del niño decidió impugnar nuevamente, para robustecer su dicho en espera de justicia.
