Sin Embargo
Los Ángeles, 13 de marzo (LaOpinión).- En febrero pasado, el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, conocido como “El Diablo”, salió de prisión tras enfrentar cargos por narcotráfico, pero ahora lo persiguen acusaciones por tortura, como lo establece una nueva demanda civil ante la Corte de Distrito de Washington, D. C.
“Llevamos casi una década buscando justicia por lo que sufrimos y perdimos a manos de Veytia y personas bajo su mando”, señalaron los demandantes. “Buscamos que este recurso arroje luz sobre las terribles violaciones cometidas bajo el amparo de las autoridades nayaritas, establezca responsabilidades y que esto nunca vuelva a ocurrir”.
La demanda fue interpuesta por cinco familias de Nayarit, México, por casos de tortura perpetrados por Veytia y agentes estatales bajo su mando entre 2012 y 2017, un periodo conocido como “El Terror en Nayarit”, según la acusación de la que este diario tiene copia, pero fue presentada el 21 de febrero pasado.
“Los demandantes —antiguos agricultores, pequeños empresarios y residentes locales— lucharon por preservar su sustento y dignidad, y se convirtieron en blancos del sistema depredador de Veytia”, se mencionó en la demanda. “Sufrieron tortura, violencia sexual, secuestros, detenciones arbitrarias y transferencias forzadas de propiedad. El ambiente peligroso y hostil creado por el acusado y sus cómplices imposibilitó la búsqueda de justicia en México”.
Este caso, de resultar exitoso, podría sentar precedentes sobre narcotraficantes convictos en EU para que víctimas directas de sus actos puedan reclamar ante tribunales. En el caso de Veytia ha habido otras acusaciones incluso sobre desapariciones.
“Actuando en conjunto con una red de agentes armados, funcionarios cómplices y cárteles de la droga, el acusado dirigió y aprobó una campaña de terror contra ciudadanos contra sus propiedades, autonomía económica o la mera negativa a someterse a las demandas amenazaban su empresa ilícita”, indicó la acusación.
Veytia logró la libertad tras la reducción de una sentencia por cooperar en el caso del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, sentenciado a más de 38 años de prisión por narcotráfico.
Por el momento, el caso civil fue asignado al Juez Timothy J. Kelly y Veytia deberá conocer las acusaciones para enfrentarlas, aunque su situación resulta complicada, ya que su libertad condicional por cinco años le obliga a vivir cerca de la Corte de Distrito Este de Nueva York, donde enfrentó su caso de narcotráfico.
Veytia es ciudadano mexicano y estadounidense, y fue detenido en marzo de 2017 al cruzar la frontera entre México y EU, cuando aún se desempeñaba como Fiscal de Nayarit.
“Según las autoridades estadounidenses, Veytia usó su posición para cobijar la operación de organizaciones criminales en Nayarit, lo que facilitó la entrada de drogas a suelo estadounidense”, recordaron los asesores de los demandantes.
¿Cómo se armó la acusación?
Las personas que lo acusan civilmente son de origen mexicano y señalan que sufrieron tortura mientras se encontraban bajo custodia de diferentes cuerpos policiales y de seguridad, quienes seguían órdenes directas de Veytia.
“En alguno de los casos, Veytia participó directamente en la tortura”, se indicó. “Los demandantes están representados por la organización sin ánimo de lucro G37 Centre, con sede en San Francisco y parte del G37 Group, en colaboración con la firma internacional de abogados Baker McKenzie que actúa probono, y la Clínica Jurídica de la Universidad de California en Irvine dirigida por el abogado y profesor Paul L. Hoffman”.
El reporte sobre la demanda apuntó que el procedimiento fue activado al amparo de Ley para la Protección de Víctimas de Tortura (TVPA, por sus siglas en inglés) aprobada en 1992.
“Esta Ley permite la interposición de demandas civiles ante tribunales federales de EU en contra de personas que hayan perpetrado actos de tortura en cualquier lugar del mundo”, se expuso. “Los demandantes buscan establecer la responsabilidad de Veytia por la tortura sufrida, así como obtener una compensación por los daños sufridos”.
La organización G37 Centre lleva más de cuatro años trabajando en la investigación en México en coordinación con socios nacionales, incluyendo a la organización JT MX, Justicia Transicional en México, indicó el grupo.
“La tortura sufrida por nuestros representados denota abuso de autoridad extremo y expone peligrosas alianzas que se tejieron entre actores públicos y privados en Nayarit”, señaló Michael Reed, director de programas del Guernica 37 Centre. “En el desarrollo de esta demanda civil podremos demostrar, en un foro judicial, los actos de tortura cometidos bajo el amparo del poder público en Nayarit y avanzar en la rendición de cuentas que buscan nuestros representados”.
