La Jornada
Ciudad de México. El “campo de exterminio” hallado en el rancho Izaguirre, en Jalisco, así como los hornos clandestinos descubiertos en días recientes “no son “una novedad” en el país, “confirman las denuncias que todas las personas, colectivos y plataformas de lucha contra la desaparición han hecho desde hace más de 10 años”, aseveró el Movimiento por Nuestros Desaparecidos México, que aglutina a más de 85 grupos de familiares de personas en esta condición.
En un pronunciamiento difundido hoy, expresó que el movimiento acompaña las demandas de las familias buscadoras para que se realice una pronta investigación de estos sitios y se avance en los procesos de justicia.
“La gravedad de los patrones de violencia descubiertos en distintos predios en los días recientes obligan a establecer un compromiso de esclarecimiento de hechos que pueden constituir delitos de lesa humanidad”, subrayó.
Los colectivos también resaltaron que la naturaleza de los últimos hallazgos hace necesario que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones “sobre lo que sucede en estos espacios de exhumaciones clandestinas masivas”.
También se pronunciaron porque el Estado garantice la seguridad y protección de las familias buscadoras para mitigar los riesgos e incidentes derivados de hallazgos como estos.
“Instamos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que atiendan este problema tan doloroso que viven miles de persona” en el país.
A su vez, en un pronunciamiento aparte, Fundación para la Justicia, que acompaña a víctimas de masacres de migrantes, condenó que pese a los hallazgos de fosas clandestinas y centro de exterminio éstos estén en la impunidad.
“A cerca de 15 años de la masacre de los 72 migrantes, 14 del hallazgo de las fosas clandestinas de San Fernando, y 13 de la masacre de Cadereyta, no hay esclarecimiento de los hechos ni sanciones por los homicidios, tortura y desaparición de las víctimas”, afirmó.
Expuso que si bien se llevaron a cabo detenciones y juicios contra presuntos integrantes del Cártel de los Zetas, los procedimientos no han llevado a sentencias por las muertes de las víctimas sino por la pertenencia de los detenidos a la delincuencia organizada y delitos como la portación de armas prohibidas.
“Muchas de las imputaciones efectuadas derivaron de supuestas detenciones en flagrancia de portación de armas prohibidas y confesiones de los detenidos, mas no de investigaciones exhaustivas, eficientes y basadas en ‘informes precisos’ e ‘historias de los casos’, como ahora lo ofrece el Fiscal General para la tragedia de Teuchitlán”.
Indicó que los casos de San Fernando sirvieron para la cruzada contra las zetas y su judicialización, pero no para dar verdad, justicia y reparación a las familias de las decenas de víctimas, provenientes de México, Centroamérica y otros países de la región.
Hasta la fecha, agregó, la Comisión Forense creada en el 2013 para la identificación y revisión de los cuerpos de las 3 masacres señaladas, sigue realizando identificaciones y subsanando errores cometidos en su momento tanto por las autoridades locales como federales, cuidando la certeza técnica de los resultados y la dignificación de las víctimas.
