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En 2024, más de 7 mil niñas en México fueron forzadas a ser madres

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Proceso

XALAPA, Ver. (apro).- En 2024, más de 7 mil 855 niñas, de entre 10 y 14 años, en México fueron forzadas a convertirse en madres. Los estados con mayor incidencia son Chiapas, Estado de México, Veracruz y Puebla, donde, en promedio, 500 niñas dieron a luz durante el año, según datos de la Dirección General de Información en Salud.

Adriana Fuentes, representante de Equifonía A.C, señala que, en estos casos derivados de violencia sexual, las víctimas deberían tener acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), un derecho garantizado en cualquier momento de la gestación.

Las instituciones de salud y procuración de justicia están obligadas a garantizar la interrupción; sin embargo, se ha detectado que el 70 % de las niñas llegan a los servicios médicos en el primer trimestre de gestación sin que se les brinde esta opción. Aún persisten resistencias y posturas personales dentro del sistema, lo que dificulta que el personal notifique a la Fiscalía General de Veracruz y que se garantice el acceso de las menores a este derecho.

Además, muchas son obligadas a tener partos eutócicos (vaginales), lo que representa un acto de violencia y puede considerarse tortura.

En México el aborto es legal hasta la semana 12 de gestación en 20 estados, – incluidos los de mayor incidencia de casos de embarazos en niñas-, como Chiapas que registró 831 embarazos de niñas, Estado de México con 763, Veracruz con 625, Puebla con 565 y Jalisco con 405 casos.

Mientras que, en 12 estados del país, el procedimiento sólo es legal en caso de violación, inseminación artificial no consentida, riesgos para la salud de la mujer o malformaciones graves o congénitas en el feto.

Equifonía AC, una organización que acompaña en Veracruz estos casos advierte que aún cuando la evidencia científica ha confirmado que una menor de 14 años tiene cuatro veces más riesgo de muerte, en el estado se han registrado casos de menores de 13 años que son llevadas de urgencia al hospital y les es negado el acceso a la Interrupción Voluntaria Legal del Embarazo.

La normatividad obliga a los funcionarios del sector salud a dar aviso a la Fiscalía General de Estado en los casos cuando se trate de embarazos de niñas, pues se puede estar frente a un delito: “Muchas veces esa es la única oportunidad que hay para acceder a la menor y que pueda ser resguardada. Hay un camino muy claro de qué hacer en estos casos, el problema es que las instituciones y las autoridades no lo tienen claro, por eso las niñas siguen siendo madres”, señala.

Fuente ejemplifica que en el caso de Veracruz donde además existe una alerta por agravio comparado que obligó a la despenalización del aborto, el sector salud sólo reportó la práctica de 17 Interrupciones Legales del Embarazos, contra más de 600 nacimiento en madres de 10 a 14 años.

Araceli González, también miembro de equifonía, advierte que se necesita fortalecer a la política pública para generar las acciones para acceso a la IVE con énfasis en las niñas y adolescentes víctimas de violencia.

“Hemos documentado casos de maltrato en casos de niñas que solicitan una Interrupción Voluntaria y estamos asesorando a las familias en tres casos en donde valoramos interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Aquí tendría que haber una intervención de las comisiones de derechos de la infancia y salud del Congreso Local y llamar a cuentas al sector salud que niega el servicio”, señalaron.

Rebeca Ramos, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), destacó en una entrevista reciente que, aunque en la última década la despenalización del aborto ha avanzado en casi la mitad del país, aún persiste una fuerte resistencia por parte de las autoridades, sectores políticos y grupos religiosos que se oponen a que mujeres, adolescentes y niñas ejerzan plenamente sus derechos sobre sus propios cuerpos.

“La evidencia demuestra que la criminalización no ha frenado los abortos ni ha reducido las complicaciones médicas. Lo único que ha logrado es generar más obstáculos para que los servicios de salud brinden atención adecuada a quienes la necesitan”, afirma.

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