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Hasta 6 años de prisión a quien simule ofrecer un programa del gobierno federal

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MANUEL MONROY

El diputado federal Gilberto Herrera Solórzano, de Morena, propuso una iniciativa para adicionar un artículo al Código Penal Federal y así poder sancionar desde seis meses y hasta seis años de prisión a quien simule ofrecer o afiliar a un programa del gobierno federal, y duplicarla cuando el afectado sea persona adulta mayor.

Recordó que con arduo trabajo se ha luchado por generar mejores condiciones para los grupos más vulnerables impulsando programas en materia de bienestar, vivienda y trabajo, tales como Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad, entre otros.

«Desafortunadamente existen personas que, sabiendo que muchos mexicanos se informan a través de redes sociales, difunden información en la cual simulan ofrecer, afiliar u otorgar programas federales, estatales o municipales utilizando logos, imágenes, símbolos y páginas web oficiales, para inducir en un error a la ciudadanía, cobrar una ‘cuota’ y así obtener un beneficio económico», dijo.

Lamentó que estos criminales, aprovechándose de la reputación de las instituciones públicas, de la confianza que la ciudadanía y de la necesidad de las personas más vulnerables, engañan, crean imágenes, mensajes de difusión o páginas web e incluso direcciones electrónicas idénticas a las oficiales.

El legislador recordó que durante la pandemia de Covid, entre los años 2020 y 2021, estos malhechores operaban a través de anuncios en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, donde ofrecían apoyos económicos de 25 mil pesos y falsas tarjetas alimentarias a cambio de depósitos en efectivo.

Herrera Solórzano detalló que la pena propuesta de 6 meses a 6 años es proporcional en comparación con otros delitos que protegen bienes jurídicos similares, además, la simulación de programas sociales y el uso indebido de logos oficiales agravan el daño patrimonial, pues se aprovecha de la confianza pública en las instituciones del Estado, lo que justifica una pena mayor.

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