DW
Se acerca el día de la investidura del presidente electo estadounidense, Donald Trump, el 20 de enero de 2025 y, con ello, la posibilidad de alguna operación militar de Washington en suelo mexicano.
Este 22 de diciembre, el próximo mandatario prometió que una de sus primeras medidas consistirá en designar a los cárteles de la droga mexicanos como «organizaciones terroristas extranjeras». «Vamos a hacerlo inmediatamente», dijo en un mitín.
La respuesta de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no se hizo esperar. Con el fin de evitar una incursión estadounidense en el país latinoamericano para combatir a los narcotraficantes, la mandataria rechazó la iniciativa de declarar a los grupos del crimen organizado como terroristas:
«Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismos», subrayó Sheinbaum durante un acto público.
«Carta blanca para violar soberanía»
La catalogación que propone Donald Trump «supondría una carta blanca para Estados Unidos para violar, hipotéticamente, la soberanía mexicana», observa Jesús Pérez Caballero, profesor-investigador del Colegio de la Frontera Norte.
En el pasado, el Gobierno en Washington ha aplicado esta táctica «para ampliar sus blancos militares», explica a DW el doctor en Seguridad Internacional: EE. UU. ha usado la denominación de «organización terrorista» para justificar asesinatos extrajudiciales y secuestros extralegales, las llamadas rendiciones extraordinarias.
Asimismo, esta catalogación le ha servido para «tratar como una contraparte bélica a la organización terrorista, declarándose objetivo militar no solo facciones armadas, sino las ramas financiera, logística o, incluso, ideológica», agrega Pérez Caballero.
«Nadie ganaría con esto»
A juicio de Isidro Morales, del Centro de Estados Unidos-México de la Universidad de Rice, el anuncio del presidente electo norteamericano es ante todo «un mecanismo de presión para obligar a México a tomar medidas para desbaratar algunos laboratorios de fentanilo». Apunta en declaraciones a DW que «es lo que quiere Trump para venderlo políticamente al interior de Estados Unidos».
Si bien el doctor en Relaciones Internacionales duda que el Gobierno de Sheinbaum obtendría fondos de Washington para combatir el crimen organizado, no descarta la posibilidad de «una mínima cooperación en materia de inteligencia para desmantelar algunos laboratorios y recuperar una cierta estabilidad en Sinaloa y otros territorios de México donde también se produce droga y hay violencia».
Asimismo, Morales señala que, en caso de declarar a los cárteles como terroristas, Estados Unidos podría, por ejemplo, mandar drones para destruir laboratorios en el país vecino: «Sería un desastre, la presidenta ha declarado que no va a aceptar ninguna injerencia, hay un brote nacionalista en México que se puede exacerbar, y creo que nadie ganaría con esto, ni EE. UU. ni México».
Posicionarse para futuras negociaciones
Desde el punto de vista del analista político Carlos López Portillo, una intervención de Washington en México contradiría la postura de Estados Unidos en el ámbito internacional, donde se presenta como defensor de la democracia y critica la invasión rusa en Ucrania.
«Sin embargo, hemos visto en otros casos, como Afganistán, Irak o Vietnam, que cuando EE. UU. decide entrar en un país, tiene la capacidad para hacerlo», dice a DW.
«Los cárteles carecen de una ideología o de una causa profunda como la de los grupos terroristas tradicionales, pero sus capacidades armamentistas, de coordinación y de redes alrededor del mundo sí hablan de organizaciones con una fuerza importante», observa López Portillo.
Para el experto en relaciones internacionales y socio fundador de Crisol Consulting, mediante esta propuesta Trump busca posicionarse mejor para las futuras negociaciones con México sobre comercio y migración.
Con Trump, una incursión militar estadounidense en el país vecino «es un escenario viable», agrega, pero no necesariamente probable. El analista político incluso no descarta que el mismo Congreso, pese a su mayoría republicana, sirva de contrapeso y se oponga a una decisión de este tipo.
En materia de seguridad, López Portillo aboga por un «compromiso mutuo» que tome en cuenta la corresponsabilidad de Estados Unidos, como principal consumidor de drogas, suministrador de armas y receptor de dinero del crimen organizado, y una «colaboración real», que permita abrir un nuevo capítulo a nivel operativo entre los países vecinos.
