La Jornada
Ciudad de México. Las Relatorías Especiales de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas expresaron al gobierno mexicano su preocupación por la presunta detención arbitraria, uso indebido del derecho penal e imposición de sentencias de forma desproporcionada contra 10 personas defensoras de comunidades originarias.
Por ello, instaron al gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de estas personas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a los responsables de las violaciones citadas.
La comunicación oficial fue enviada el 9 de octubre pasado, pero hoy se hizo pública ante la falta de respuesta del gobierno mexicano.
Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y José Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, manifestaron su “preocupación grave” ante el presunto uso indebido del derecho penal en contra de los defensores, “que parecerían ser represalias directas por sus actividades”.
Los afectados son Pablo López Alavez, indígena zapoteco detenido en 2010, internado en el reclusorio Villa de Elta, Oaxaca, y condenado a 30 años de prisión por presunto homicidio; Kenia Hernández Montalván, indígena amuzga coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, acusada por supuesto robo con violencia y sentenciada 20 años y nueve meses.
Tomás Martínez Mandujano, líder otomí de la comunicad Llano Grande Azcapotzaltongo, en Nicolás Romero, estado de México; Saúl Rosales Meléndez, de la comunidad nahua de San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcalaunidad; Versaín Velasco García, campesino indígena maya tzotzil en Nueva Palestina, Chiapas.
Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez, defensores indígenas tseltal de San Juan Cancuc, Chiapas; y David Hernández Salazar, líder comunitario de Binniza de Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca, con revocación de sentencia de 46 años y seis meses de prisión.
Los expertos de la ONU indicaron que en muchos de estos casos, las personas “parecen haber sido acusadas injustamente de delitos como el homicidio, incluso cuando no se encontraban en el lugar o la zona en que se produjo el delito, como medio de impedir sus actividades pacíficas y legitimas en defensa de los derechos humanos”.
Asimismo, según la información recibida, muchos de los procesos judiciales indican violaciones significativas al debido proceso. Lo anterior, afirmaron, “no sólo desacredita los esfuerzos de las personas defensoras de los derechos humanos y de los pueblos indígenas para denunciar las violaciones ocurridas, sino que también obra como intimidación contra los posibles esfuerzos que otras personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones puedan emprender”.
Enfatizaron que atacar a este sector con penas de prisión “destruye vidas, familias y comunidades”.
En la comunicación, los relatores especiales también solicitaron al gobierno mexicano proporcionar información sobre la base jurídica y actual de la condena y de la sentencia, incluyendo detalles sobre las pruebas, en contra de los defensores detenidos.
