Excelsior
Un total de 17 congresos estatales han aprobado la Reforma en materia de Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), cifra con la cual ya puede ser publicada por el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigencia, al tener el aval de, por lo menos, la mitad más uno de los Legislativos de las entidades federativas.
La Cámara alta informó, hasta el cierre de esta edición, que los congresos que han aprobado la enmienda constitucional son los de Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
La PPO, previamente aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, otorga facultades a la Fiscalía General de la República (FGR) y las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de Economía (SE) para solicitar la detención de toda persona sospechosa de delitos como contrabando y defraudación fiscal, entre otros.
A raíz de la decisión del gobierno federal de hacer frente al delito de contrabando, luego de las presiones de Donald Trump, para frenar la entrada ilegal de productos chinos a México, ya se cuenta con el andamiaje legal para enfrentar esta problemática.
De acuerdo con información del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en 2023, las aduanas y las actividades vinculadas al comercio exterior concentran el principal foco de evasión, contrabando y corrupción en materia fiscal.
El SAT reportó que el año pasado integró 77 expedientes administrativos por causa penal de contrabando y defraudación. El perjuicio al fisco, sólo en estos casos detectados, alcanzó 6 mil 71 millones de pesos, un aumento de 257.9% respecto a lo registrado en 2022.
Entre los productos e insumos que ingresan a México de forma ilegal están combustibles, medicamentos, cigarrillos, ropa, zapatos, aparatos electrónicos y prácticamente cualquier bien comercializable.
Ello resultó, de 2020 a 2023, en la denuncia de 732 personas, entre ellas funcionarios públicos e individuos que actúan de manera aislada o en favor de una empresa; de cada 100 acusados por el SAT, prácticamente 18 tienen que ver con contrabando.
La víspera, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, citando un estudio del Center for Anti-Counterfeiting and Product Protection de la Universidad Estatal de Michigan, señaló que en México 50% de los consumidores adquirieron voluntariamente algún tipo de producto a sabiendas de que era pirata o de contrabando.
Dentro del catálogo de delitos en los que el juez debe ordenar la PPO, de acuerdo con la reforma al artículo 19, están la extorsión, delitos relacionados con la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
DEFRAUDACIÓN FISCAL
Otorga facultades a la FGR y a las secretarías de Hacienda y de Economía para solicitar la detención de toda persona sospechosa de delitos como contrabando, defraudación fiscal, importación y exportación de precursores químicos, fentanilo, además de delitos contra la salud, entre otros.
En 2023, el SAT integró 77 expedientes administrativos por contrabando y defraudación en perjuicio al fisco por 6 mil 71 millones de pesos, un aumento de 257% respecto al 2022.
Los productos que ingresan a México de forma ilegal son combustibles, medicamentos, cigarrillos, ropa, zapatos y aparatos electrónicos, entre otros.
De 2020 a 2023 denunciaron a 732 personas, entre ellas funcionarios, que actúan de forma aislada o en favor de una empresa. De cada 100 acusados por el SAT, 18 tienen que ver con contrabando.
