MANUEL MONROY
La reforma por la cual se eliminaron los organismos autónomos en México, misma que fue votada por Mayoría el pasado viernes en el Congreso de Chiapas, originó se manifestarán diversas voces, entre ellas la de la diputada Andrea Negrón, de MC, quien subrayó que «un Estado sin instituciones fuertes, es un Estado al borde del colapso».
«Estamos ante una reforma constitucional que, bajo el disfraz de una mal llamada «simplificación administrativa», elimina organismos autónomos esenciales como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de la Mejora Continua de la Educación, atentando contra los pilares del Estado de derecho y poniendo en grave riesgo los derechos humanos que estas instituciones protegen.
La legisladora consideró que la autonomía de los órganos que desaparecerán no es un capricho, sino un mandato constitucional diseñado para protegernos de los excesos del poder, garantizar el equilibrio de intereses y fomentar la rendición de cuentas.
«Con la aprobación de esta reforma, se violarán los principios básicos reconocidos tanto en nuestra Constitución como en tratados internacionales, tales como el acceso a la información y la transparencia, del cual el INAI al día de hoy es garante».
Sin embargo, con su desaparición, la ciudadanía no podrá exigir información pública a los gobiernos, generando desconfianza y dando espacio a la opacidad al delegar la labor a órganos de la Administración Pública que ya fungen otras funciones demandantes.
Hay que mencionar también el derecho a la competencia económica, que se vé violentado con la desaparición de la COFESE, quien actualmente se encarga de velar por la existencia de un mercado justo para los productos locales, dejando espacio a prácticas monopólicas y abusivas que afectarán tanto a productores como a consumidores.
«Con la desaparición de estos órganos autónomos tampoco tendremos evaluaciones técnicas sobre temas relevantes como la pobreza y desigualdad social por la extinción del CONEVAL, con lo cual se asegurará que todas las políticas públicas de desarrollo social son convenientes sin pasarlas por un análisis finito.
Enfatizó que tampoco habrá supervisión técnica sobre los recursos energéticos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, donde ahora el Ejecutivo será quien regulará la política energética, amenazando la sostenibilidad y permitiendo decisiones que podrían dañar irreversiblemente nuestro entorno y economía.
Contrario a lo que dice el partido oficial y sus aliados estas instituciones no son un gasto innecesario; son inversiones en un México más justo, transparente y competitivo. Dejar sus funciones en manos del Ejecutivo, no solo propicia el autoritarismo, la centralización y el desmantelamiento institucional, sino que aumenta prácticas como la corrupción y opacidad, pues el manejo de información y datos que reflejen la realidad de nuestro país, quedará en manos de personas que podrán modificarlos a su conveniencia.