Milenio
La reforma constitucional al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, comienza a recibir la aprobación de diversos congresos estatales.
Este avance marca un paso clave en el proceso para que la enmienda sea declarada constitucional y posteriormente publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Para que esta reforma sea declarada constitucional, deberá ser aprobada por al menos 17 congresos.
¿Qué estados ya aprobaron la reforma?
A continuación, te compartimos los estados que ya aprobaron la modificación:
Ciudad de México
Oaxaca
Guerrero
Tabasco
Zacatecas
La reforma necesita al menos 17 congresos para poder ser publicada.
Avances en los congresos locales
A medida que se desarrolla el proceso de ratificación en los estados, se irá sumando la lista de aquellos que han apoyado la reforma.
Ciudad de México
En una sesión que culminó en la madrugada, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma con 43 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención.
La diputada morenista Yuriri Ayala Zúñiga defendió la medida como una herramienta para combatir delitos graves como el tráfico de fentanilo, señalando su impacto en adolescentes mexicanos.
Por otro lado, el diputado panista Ricardo Rubio Torres criticó la reforma, calificándola de regresiva y argumentando que podría ser utilizada para perseguir a opositores políticos.
El Congreso de Guerrero también aprobó la reforma, con el respaldo de Morena, PT y PVEM, mientras que los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
Los detractores, como la diputada panista María Irene Montiel Servín, argumentaron que esta reforma vulnera los derechos humanos y favorece tendencias autoritarias.
Desde la tribuna, representantes de MC y PRD señalaron que las poblaciones más vulnerables, incluidas mujeres indígenas y personas mayores, serán las más afectadas.
Por su parte, Morena defendió la medida como un avance en el combate a delitos como la extorsión y el narcotráfico.
Oaxaca
En una sesión extraordinaria, el Congreso de Oaxaca aprobó la reforma con 37 votos a favor y dos en contra.
La bancada de Morena justificó la medida como una respuesta a la creciente inseguridad y señaló que la prisión preventiva oficiosa es necesaria para proteger a las víctimas y garantizar la justicia.
Sin embargo, opositores como Dulce Alejandra García Morlán, de MC, criticaron que la medida viola la presunción de inocencia y afecta principalmente a quienes tienen menos recursos para defenderse.
Tabasco
En el caso de Tabasco, el Congreso local aprobó la reforma con 26 votos a favor y 7 en contra.
Durante una sesión ordinaria, los legisladores respaldaron la minuta enviada por el Congreso de la Unión, destacando su relevancia para combatir delitos graves como la extorsión y el tráfico de drogas sintéticas.
Zacatecas
En Zacatecas, la LXV Legislatura aprobó la reforma con 14 votos a favor y 10 en contra.
Durante la discusión, la diputada Maribel Villalpando Haro defendió la medida, argumentando su importancia para fortalecer la justicia.
Sin embargo, los legisladores Eleuterio Ramos Leal, Marco Vinicio Flores Guerrero y Ma. Teresa López García se posicionaron en contra, cuestionando las implicaciones de la reforma y su impacto en los derechos humanos.
¿Qué implica esta reforma?
El camino hacia esta reforma inició en el Senado, donde con 94 votos a favor, 34 en contra y tras seis horas de discusión, se aprobó la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Entre los nuevos delitos contemplados están la extorsión, el contrabando, la emisión de comprobantes fiscales falsos y actividades relacionadas con la producción, distribución y tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo.
La votación mostró fracturas en los bloques legislativos. Aunque la coalición de Morena, PT y PVEM respaldó la reforma, siete senadores del PAN también votaron a favor, incluyendo Guadalupe Murguía, Miguel Márquez y Mauricio Vila.
En contraste, la oposición argumentó que esta medida es violatoria de los derechos humanos, al afectar principios fundamentales como la presunción de inocencia.
