MANUEL MONROY
Los resultados del Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria, efectuado en 2023 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a los 14 centros de reclusión en Chiapas, revela que apenas pasan de panzazo en cuanto a los servicios que prestan, pues obtienen una calificación promedio de 6.01.
El estudio califica aspectos como el trato a los internos, prevención a violación de derechos humanos, hacinamiento, condiciones de higiene, procedimientos para la imposición de sanciones, separación entre procesados y sentenciados, atención a menores que viven con sus madres, por citar algunos.
Así las cosas, el Centro peor evaluado fue el de Reinserción Social de Sentenciados No.15 (Copainalá), al alcanzar una puntuación de apenas 4.78, mientras que el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 4 Femenil de Tapachula, obtuvo la mejor calificación con 7.76. Por su lado, «El Amate», (Centro Estatal de Reinserción Social No. 14), alcanzó 6.10.
El informe subraya que durante la supervisión de la CNDH se detectaron aspectos negativos como: Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento, Deficiencias en los servicios de salud, Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección.
Asimismo, Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, Deficiencias en la alimentación y Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones.
No obstante, el organismo detectó una apropiada atención en aspectos como: Distribución de personas privadas de la libertad, Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro e, Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos).
Al cuanto al mejor evaluado por la Comisión (Centro Estatal de Reinserción Social No. 4 Femenil, en Tapachula), se enfatiza que debe prestar atención a aspectos entre los que sobresalen: Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección y Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones).
En cuanto a los puntos positivos, se da a conocer que fueron: Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento, Distribución de estas personas, Número de personas en relación a la capacidad del centro, Programas para la prevención y atención de incidentes violentos y Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular.
