Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Este miércoles, mientras un grupo de senadores aprobaba, en comisiones, el texto de la reforma constitucional que desaparecerá al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Raquel Buenrostro Sánchez, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), afirmaba ante los integrantes de otras comisiones del Senado que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo transparentará “todos los datos” para inhibir la corrupción.
“El acceso a la transparencia no solo se preservará, sino que se fortalecerá: no nos conformaremos con publicar lo mínimo que marca la ley, al contrario, estamos trabajando para llevar cada vez más información pública al alcance de la mano en datos abiertos a la población en general”, sostuvo Buenrostro durante una reunión con las Comisiones Unidas de Gobernación y Anticorrupción y Transparencia en el Senado, en las cuales presentó un decálogo de “pilares” del gobierno entrante para combatir la corrupción.
Buenrostro, quien encabezará la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno cuando ésta sustituya a la SFP, prometió que el gobierno tendrá un sistema de contratación pública “transparente y justo”, que regulará el “cabildeo de la administración pública” y fomentará la “cultura de la denuncia” para luchar contra la corrupción; aparte, aseveró que su equipo llevará a cabo investigaciones, siguiendo el principio de “cero tolerancia contra los servidores públicos que se corrompan”.
A consecuencia de la reforma constitucional, las funciones del INAI pasarán a la secretaría que encabezará Buenrostro, a pesar de que el propio instituto y diversas organizaciones de la sociedad civil advirtieron que este traslado pondrá en riesgo el derecho a la información, pues entregará al Poder Ejecutivo un papel de juez y parte para determinar qué información hace pública y qué documentos mantiene fuera del escrutinio.
Buenrostro fue oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y secretaria de Economía durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el que se duplicó el número de impugnaciones y quejas por la negativa del gobierno en entregar información en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto, según un informe que la organización Artículo 19 publicó en julio pasado.
