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CIUDAD DE MÉXICO. – La comunidad nahua de Santa Maria Ostula, en Michoacán, obtuvo una sentencia a su favor que podría poner fin a la disputa legal que la ha sumergido en la violencia.
Se trata de la sentencia que deja sin efecto una resolución presidencial de 1967. En esa resolución, el Estado mexicano dotó de tierras ejidales al poblado vecino de La Placita, pero lo hizo sobre las tierras comunales de Santa María Ostula, lo que originó una cruenta disputa por el territorio que, hasta la fecha, ha derivado en el asesinato de 42 comuneros de Ostula, y la desaparición de otros 5.
No es la última batalla
En un comunicado emitido por la comunidad, los comuneros celebraron el fallo judicial, calificándolo como una «sentencia histórica para nuestra comunidad, y también para los pueblos originarios de este país, porque a lo largo del siglo XX una de las políticas coloniales más usadas por los gobierno en turno para despojar de sus territorios a las comunidades indígenas fue la ilegal creación e imposición de ejidos en sus antiguos territorios comunales, lo que provocó su pulverización y destrucción».
Pese a esto, advirtieron, la batalla jurídica aún no termina. Esto, porque el amparo que resolvió Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, bajo el expediente 463/2023, no es el único que se desahoga en tribunales nacionales, pues existe otro juicio en litigio.
Se trata del amparo directo 463/2023. Este juicio lo promovió la comunidad de Ostula ante una resolución emitida por el Tribunal Superior Agrario en la que reconoce a los pequeños propietarios de La Placita la posesión de una parte del territorio de Santa María Ostula. La resolución del Tribunal, a la vez, ratificó una sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, en Colima.
El territorio que las autoridades concedieron en ese entonces a los pequeños propietarios se encuentra en los parajes de Xayakalan, la Canahuancera y las Tres Majahuas, territorios que la comunidad recuperó en 2009, a través de su guardia comunitaria, reconocida por el el convenio número 169 de la OIT.
Ante esto, y con esta resolución a su favor, la comunidad lanza un llamado a las autoridades del municipio de Aquila, Michoacán, pero también al gobierno del Estado y la Federación, a que haga valer la sentencia histórica que acaban de adquirir. Su argumento:
«La problemática que nuestra comunidad confronta con estos pequeños propietarios tiene el mismo origen que la que se ha dado con el Ejido de La Placita, sin que puedan resolverse en forma separada uno y otro conflicto».
Llamado a la paz
Tras conocer el fallo a su favor, la comunidad de Santa Maria Ostula envió un mensaje a los pequeños propietarios de La Placita:
«Nuestra comunidad únicamente busca la protección de sus derechos, y está en la mejor disposición de entablar las pláticas que sean necesarias para que La Paz en la región no se afecte, y esta problemática, estrictamente agraria, se resuelva sin violencia y de manera definitiva.
«Es nuestra voluntad y decisión seguir manteniendo una relación fraterna y de cooperación con ustedes y con su pueblo; en consecuencia con lo anterior, nuestra asamblea ha dado la instrucción a todos los comuneros y comuneras que la integran, de seguir reforzando la buena vecindad con ustedes y su pueblo».
El mensaje es simple: caminar hacia la pacificación de la región, y no es menor, pues el pasado 3 de julio integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación atacaron con armas de grueso calibre a la comunidad.
Los intereses del gran capital
La violencia que se vive en la sierra-costa michoacana tiene un factor clave detrás: su posición estratégica para el trasiego de drogas, pero también, la abundancia de recursos naturales. En medio de esto, está la comunidad de Santa Maria Ostula, pero también la minera Ternium y su filial «Las Encinas».
La minera, que tenía concesiones en Huitzontla (un poblado vecino a Ostula) ha estado en el foco durante los últimos meses.
Primero, por su presunta relación en la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia, defensores del territorio en Aquila que se oponían a las actividades de la minera.
Así como a Eustacio Alcalá Díaz, quien fue uno de los firmantes en la demanda de amparo, interpuesta por Huizontla, en contra de la expansión de la minera Ternium. También se señala a esta empresa de contratar al grupo criminal para completar la eliminación de opositores a sus intereses, y en este sentido Ostula denuncia al CJNG como responsable en el asesinato de 6 comuneros entre enero de 2023 y mayo de 2024.
Pero también, por su relación en el asesinato de Higinio Cruz, un abogado defensor de una comunidad de Jalisco que también se oponía a una filial de la minera argentina que, según dijo el Consejo Coordinador Empresarial, prevé inversiones de más de 40 mil millones de dólares en México para 2025.
Hasta ahora, ninguno de éstos crímenes se ha esclarecido, y tampoco se han desmantelado los grupos del crimen organizado que, como acusan los comuneros de Ostula, trabajan al servicio de la minera para despojarlos de su territorio.
