Pie de Págna
En junio de 2022, el Congreso del estado de Sonora aprobó reformas a la ley para la creación del primer sistema de «servidumbres» del país para proteger áreas naturales de propiedad privada. Durante más de dos años, las reformas no se publicaron, por lo que no entraron en vigor. En ese tiempo, al menos dos áreas de conservación privadas se han visto amenazadas por proyectos de infraestructura y minería
Texto y foto: Daniel Shailer / Mongabay Latam
SONORA. – Donde los cactus saguaros dan paso a las palmeras, a unos 210 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos, un pequeño pueblo ganadero está obsesionado con los jaguares (Panthera onca).Murales que tienen como protagonistas a estos felinos adornan las paredes del lugar y los rancheros locales atesoran las imágenes de esos animales que han capturado con cámaras trampa.
Sahuaripa es la ciudad más cercana a la Reserva Jaguar del Norte: 22 600 hectáreas de tierra protegida de propiedad privada. Ahí, las cámaras de rastreo han capturado más de una docena de jaguares recorriendo el extremo norte del lugar. La reserva en sí se encuentra a varias horas en coche de Sahuaripa, algo que sorprendió al gestor de conservación Miguel Gómez Ramírez cuando llegó allí 16 años atrás. “Desde el principio, esto no me pareció a ningún lugar en el que hubiera estado antes, sobre todo por lo lejos que está la reserva y lo difícil que es llegar”.
Recientemente, la reserva ha captado otro tipo de atención. En un viaje en abril de 2024, Gómez Ramírez se detiene a un lado de un camino de tierra a mitad de recorrido entre Sahuaripa y el primer campamento y señala un tronco de palmera muerta rodeado de montículos de tierra ligeramente sulfurosos. “Todo lo amarillo es litio”, mezclado con arcilla, dice. A solo dos kilómetros del límite de la reserva de jaguares, este yacimiento ahora forma parte de la primera zona minera de litio del gobierno mexicano, según un decreto emitido en febrero de 2023. En México, la empresa estatal de litio espera comenzar la producción dentro de los próximos cuatro años.
El 7 de junio de 2022, el Congreso del estado de Sonora aprobó por unanimidad reformas a las leyes de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado de Sonora y de la Ley de Hacienda Municipal, lo que permite a las áreas de conservación de propiedad privada, como la Reserva Jaguar del Norte, solicitar protección legal contra la industria. Las reformas se diseñaron para que los propietarios de esas áreas podrían firmar un acuerdo de protección y ser recompensados con una reducción de impuestos municipales. Las semanas se convirtieron en meses a la espera de que las reformas de ley se publicaran en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, un requisito para su entrada en vigor.
Luego de más de dos años de incertidumbre, las reformas finalmente se publicaron en el Boletín Oficial el 1 de julio. Sin embargo, la primera designación no puede declararse hasta que las autoridades publiquen las directrices para utilizarla, lo que podría tomar hasta un año, de acuerdo con el texto de las reformas. Mientras tanto, el desarrollo industrial continúa en todo el estado a un ritmo vertiginoso.
Desde que se aprobaron las reformas a leyes, no solo la reserva del jaguar vio cómo se declaraba la reserva estatal de litio, sino que al menos otras dos áreas de conservación de propiedad privada, con el mayor nivel de protección estatal existente, están en la mira de la industria.
Wildlands Network, organización no gubernamental con sede en Utah, Estados Unidos, que abogó por las reformas de ley, celebró inicialmente la votación de 2022 como una victoria histórica. “Fue surrealista. Parecía que habíamos descubierto algo”, dice Juan Carlos Bravo, director de los programas de conservación de Wildlands Network y antiguo administrador de la Reserva Jaguar del Norte. “Cuando nos enteramos de que se había aprobado por unanimidad, hicimos una fiesta”, se ríe Bravo.
Ubicado en el punto de encuentro de los climas templado y tropical, el estado de Sonora posee una biodiversidad extraordinaria, que abarca desde antiguos bosques de pinos a gran altitud hasta manglares costeros y áreas de reproducción de ballenas, con un espectacular desierto en medio.
Lo que se aprobó en las reformas de ley es lo que se denominó “derecho real de conservación”. La servidumbre no afecta a los derechos legales de los propietarios sobre sus terrenos, pero restringe de manera indefinida los tipos de usos del suelo permitidos. Las reformas a las leyes permite que determinados usos, como el pastoreo, el turismo y cierta caza sostenible, se acuerden en designaciones individuales. Las carreteras, los ferrocarriles, el desarrollo urbano e industrial y la agricultura intensiva quedarían prohibidos indefinidamente.
Las reformas a las leyes estatales representan la primera designación de servidumbre perpetua para extensiones individuales de tierra en México. Esto se inspiró en un sistema existente, con el mismo nombre, en Chile y se puso a prueba en otros cinco estados del país en 2017, bajo un préstamo de política pública de la Agencia Francesa de Desarrollo. Aunque Sonora no formó parte de ese ensayo original, es el único estado en México que, hasta ahora, ha aprobado reformas a la ley para crear la designación. Bravo espera que los estados de Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Jalisco y Chiapas sigan el mismo camino y legislen sus propias protecciones.
Al menos dos reservas naturales privadas tienen pensado solicitar la designación: la Reserva Jaguar del Norte y el Parque La Colorada, una selva tropical caducifolia de 112 hectáreas situada en Álamo, cerca de la frontera sur del estado. Ambos elaboraron contratos luego de que se aprobaran las reformas a la ley dos años atrás, pero ahora tienen que esperar a que el Congreso de Sonora publique las directrices para la designación. El texto oficial da un año a la Comisión de Medio Ambiente del estado para redactar esas directrices. Bravo espera que, con el impulso actual, la primera servidumbre de Sonora pueda tener lugar en cualquiera de las dos reservas antes de fin de año.
Sin embargo, la creación de la primera servidumbre en Sonora no debería haber tardado tanto. La mayoría de las leyes se publican a las pocas semanas de su aprobación, señala Erich Moncada Cota, director de Comunicación Social del Congreso de Sonora. Sin embargo, durante dos años, los funcionarios estatales han ofrecido varias explicaciones para la tardanza en la publicación de las reformas.
En junio, justo semanas antes de su publicación, funcionarios de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso dijeron a Bravo que las reformas a la ley estaban en revisión con el asesor jurídico del gobernador. La misma semana, Moncada Cota dijo a Mongabay que el proyecto de reformas a la ley estaba “en el congelador” hasta que el secretario de finanzas de Sonora escribiera una declaración de impacto presupuestario que describiera cómo afectarían las reformas a las arcas del Estado. Sin embargo, debido a que la protección solo viene con una reducción de impuestos a nivel municipal, no está claro cómo estas reformas afectarían al presupuesto estatal.
Días después de su publicación, Moncada Cota dijo que sospechaba que el proyecto de reformas a ley se retrasó en parte porque quedó olvidado, después de que el diputado que inicialmente lo impulsó declinó presentarse a la reelección en 2022. Antes de su publicación, el principal portavoz del gobernador, Sergio Pacillas Espinosa, dijo que no podía encontrar ninguna información relevante sobre el proyecto de ley; no respondió a Mongabay después de su publicación.
“Seguimos preguntando y nos seguían diciendo que está en la oficina adecuada o que está a punto de publicarse”, cuenta Bravo. “Luego de seis meses, fue como, bueno, no es solo alguien esperando la foto adecuada”. Su publicación después de dos años es una buena noticia, pero a Bravo le sigue preocupando que la espera sea una acción en contra el proceso legislativo y las prioridades de uso del suelo del Estado.
“El mejor escenario posible es que se olviden de la ley aprobada”, comenta Bravo. En el peor de los casos: “El hecho de que hayan sido capaces de retrasarla durante tanto tiempo implica una especie de poder de veto… Mientras nadie presione para que se apruebe una ley, pueden quedarse de brazos cruzados y no publicarla, lo que es indignante”, dice Bravo.
Zonas protegidas se enfrentan al “desarrollo”
Ya existen algunas protecciones para terrenos privados a nivel estatal y nacional, pero la historia reciente ha puesto en entredicho su eficacia. El parque La Colorada, por ejemplo, ya está protegido a nivel federal como una Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC). Los propietarios que soliciten la designación de ADVC deberían estar sujetos, una vez aprobada, a las mismas protecciones que un parque nacional o área protegida de titularidad pública.
En Sonora, al menos dos ADVC se han visto amenazadas por el desarrollo industrial. En octubre de 2023, El Bajío, un pueblo de propiedad comunitaria situado en el Golfo de California, cerca de Puerto Peñasco, obtuvo el estatus de ADVC para protegerse de una mina de oro que, según los líderes de la comunidad, invadía sus tierras. A pesar de la protección, la gente del lugar dice que una filial de la minera Fresnillo ha seguido extrayendo oro, mientras impugna la designación ante los tribunales.
Mientras tanto, en Ímuris, a 257 kilómetros al este de El Bajío, la construcción de un nuevo ferrocarril comenzó bajo la supervisión del Ejército a principios de 2023. De acuerdo con mapas del gobierno, el proyecto, rodeado de secretismo, atravesaría el rancho Aribabi, un ADVC desde 2011, en donde las cámaras trampa han capturado osos negros (Ursus americanus) y jaguares.
Si ya se está abusando de las designaciones existentes, dice Bravo, no hay garantía de que el derecho real de conservación resista por sí solo el desarrollo futuro. La política de la Wildland Network consiste en poner protecciones por capa con la esperanza de disuadir a los promotores. “Todo lo que hacemos en nuestro trabajo es intentar proteger lo que queda”, comenta. “Los dados están cargados, [así que] hay que ofrecer todas las protecciones posibles. Esa es la realidad en México”.
Poco más de una décima parte de Sonora en la actualidad está reservada para la naturaleza, en comparación con el 19,5 % nacional. El total incluye las dos ADVC ya en vías de desarrollo. Aunque en el sexenio pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declaró más áreas protegidas nuevas que ninguna otra administración anterior, los expertos han puesto en duda que todas ellas estén financiadas adecuadamente. En junio, las autoridades anunciaron planes para nueve áreas protegidas nacionales más, en un intento de cumplir el compromiso de México de proteger el 30 % de su territorio para 2030, de acuerdo con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.
Para Bravo, en Sonora no faltan cosas que merezcan la pena proteger. “La diversidad de este lugar es fenomenal”, dice. “Como es una zona de transición, terminas teniendo un surtido de especies un tanto extraño”. Las cámaras trampa han captado jaguares dando zarpazos en la nieve frente a osos negros hibernando, por ejemplo. “El águila calva, emblema de Estados Unidos, compartiendo el cielo con el guacamayo militar (Ara militaris)”, una especie que se encuentra hasta Bolivia, dice Bravo. “Definitivamente, no es solo un desierto”.
Sin embargo, la gestión de la reserva es costosa y Gómez Ramírez espera poder utilizar, con el tiempo, la reducción de impuestos de la designación para contratar personal y comprar equipo y un camión nuevo. Lo que es más importante, dice que podría ser la diferencia entre mantener la reserva en estado silvestre y un futuro radicalmente cambiado por la extracción de litio.
Ni las autoridades estatales ni la empresa estatal mexicana de litio respondieron a una solicitud de comentarios en cuanto a si respetarían el derecho real de designación de conservación en caso de aplicarse dentro de la reserva de litio.
“Depende de los intereses en juego, ¿no? Las minas, los gasoductos, los trenes….”, Gómez Ramírez se distrae, rodeado de dibujos, pinturas y fotos de grandes felinos en la oficina de la reserva en Sahuaripa. Mantiene la esperanza, pero espera que los intereses mineros empiecen a converger pronto. Se encoge de hombros. “El Gobierno dice que hay obras que se tienen que hacer y hay que hacerlas para el desarrollo del estado”.
