Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fractura estaba anunciada: llegando al candente punto 16 del orden del día, los dos bloques de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrentaron en torno al proyecto de acuerdo, elaborado por seis consejerías, que insta a la Secretaría Ejecutiva del organismo autónomo a presentar una controversia constitucional para frenar una reforma impulsada por Morena, que concentra más poder en la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, en detrimento del Consejo General.
La propia Taddei tronó ante la iniciativa, que calificó como un “precedente muy negativo para la institución”, y recalcó de que “no es la primera vez que seis consejeros invaden temas que tienen que ver con el ejercicio de la responsabilidad de la presidencia”.
La presidenta del INE acusó a los seis disidentes de poner al instituto en la luz “de una manera totalmente incorrecta”, y deploró que hayan presentado el acuerdo ignorando su petición de no hacerlo. “Los convoqué a resolverlo aquí dentro, a primero escuchar, a tocar las puertas de la colegialidad interna, no buscarla en una resolución jurídica”, dijo.
A pesar de los reclamos de Morena, y de los votos en contra del grupo de consejeros afines a Taddei, el acuerdo fue aprobado con seis votos a favor y cinco votos en contra, que ordena a la Secretaría Ejecutiva del INE a presentar la controversia constitucional para revertir las reformas a los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIEP) a más tardar el próximo 19 de noviembre.
En una discusión tensa, que se extendió durante dos horas y media, los seis consejeros que promovieron el acuerdo –Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey Jordan, Dania Ravel Cuevas, Claudia Zavala Pérez, Martín Faz Mora y Jaime Rivera Velázquez– señalaron las fallas de la reforma y advirtieron que la concentración de facultades en la presidencia instituto abre la puerta a que intereses externos ejerzan influencias en el INE.
Taddei y sus tres consejeros cercanos –Jorge Montaño Ventura, Norma Irene de la Cruz Magaña y Rita Bell López Vences– alegaron por su parte que el INE no puede presentar una controversia constitucional en este caso; defendieron los alcances de la reforma, y acusaron a los seis consejeros de redactar y presentar el acuerdo sin consultarlos. Los cuatro presentaron votos particulares.
El consejero Uuc-Kib Espadas Ancona adoptó una postura intermedia: denunció una reforma “terriblemente antidemocrática y autoritaria”, aprobada con una “maniobra desaseada” por la mayoría de Morena en el Senado, pero criticó a los seis consejeros que elaboraron del acuerdo por no buscar el consenso en torno al documento. El consejero votó en contra del acuerdo.
Durante la discusión, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, se lanzó con vehemencia contra los promotores del acuerdo, a quienes acusó de obstaculizar la reforma al poder judicial. Las críticas del diputado, y su exigencia de que el acuerdo sea excluido del orden del día, fueron respaldadas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
