Milenio
Los procesos de investigación de las fiscalías estatales alcanzaron niveles de ineficacia alarmantes, a tal grado que en 10 estados no se logró enjuiciar ni el uno por ciento de las carpetas de investigación abiertas.
Estados con el menor registro de carpetas de investigación…
Nayarit y Baja California Sur, por ejemplo, no pudieron derivar ni un solo caso en juicio durante 2023, lo que evidencia una crisis en la impartición de justicia a nivel local.
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), este problema no es exclusivo de unas pocas entidades, pues en 26 demarcaciones se enjuició menos del 5 por ciento de los delitos denunciados, lo que refleja una tendencia preocupante donde las fiscalías se encuentran atrapadas en un cuello de botella que les impide transformar sus esfuerzos en resultados concretos.
El caso de Baja California Sur se ubica como el más preocupante, pues los investigadores y judiciales de la entidad iniciaron 22 mil 860 casos durante el 2023; sin embargo, solamente en el 3 por ciento de ellas los ministerios públicos dictaminaron que se podía ejercer la acción penal, pero tras preparar los casos en una etapa complementaria ninguna de esas carpetas llegó a la etapa de formular acusación penal, que es el inicio formal de un juicio.
En Nayarit, el cuello de botella fue diferente, pues de los 12 mil 599 crímenes analizados por las autoridades, en 53.3 por ciento de ellas se levantó un ejercicio de la acción penal; sin embargo, los fiscales del estado no pudieron iniciar un solo juicio contra los presuntos delincuentes al no tener pruebas contundentes o por presentar fallas administrativas durante el proceso judicial.
Para el especialista en temas de seguridad, David Saucedo, los mayores problemas de las fiscalías estatales radica en la falta de capacitación operativa que “los limita a poder crear expedientes contundentes y a respetar el derecho al debido proceso de los presuntos delincuentes” y a la falta de autonomía ante el poder Ejecutivo, lo que puede provocar casos a medida o trabas judiciales por diferencias personales.
Para mejorar el desempeño de las fiscalías estatales, David Saucedo propone quitar las limitaciones al momento de atraer investigaciones en delitos que son catalogados del fuero federal, y viceversa, para que se pueda hacer un frente común en la lucha contra el crimen organizado y se libere a las policías estatales de la pesada carga que representa investigar los delitos del fuero común.
“Las fiscalías estatales le tienen que entrar a la investigación y atención de delitos del fuero federal, no tiene ningún sentido mantener la división en los tres niveles de gobierno para seguir enfrentando al crimen organizado.
«Los criminales no tienen este problema, operan en el ámbito municipal, estatal y federal y no tienen ningún problema en saltar de un ámbito a otro, pero las policías sí”, explicó.
¿Qué otras entidades tuvieron menor nivel de eficacia?
Entre las entidades federativas donde las autoridades de procuración de justicia registran los menores niveles de eficacia se encuentran demarcaciones con altos índices de violencia como Guanajuato, que lidera la lista de muertes violentas, y Colima, quien ostenta la mayor tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Guanajuato, con 143 mil 334 carpetas de investigación iniciadas, es uno de los estados más violentos del país y a pesar de ser el epicentro de la guerra entre cárteles del narcotráfico, especialmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima, la fiscalía solo pudo formular acusación en 256 casos, alcanzando un porcentaje de 0.18 por ciento.
Dicha cifra resulta preocupante porque Guanajuato es el estado con más homicidios a nivel nacional como resultado de las disputas entre estas organizaciones criminales por el control del robo de combustible y el tráfico de drogas.
Ante este panorama, las autoridades judiciales no han podido lidiar con el volumen de crímenes que afectan diariamente a la población lo que únicamente alimenta la impunidad y perpetúa el ciclo de inseguridad.
Apenas el 30 de septiembre, Carlos Zamarripa Aguirre presentó su renuncia como fiscal del estado de Guanajuato, tras estar por 15 años al frente del cargo en los que estuvo envuelto en varias disputas políticas y señalamientos públicos por su gestión en la demarcación con más muertes violentas del país.
En Colima, la disputa por el control de los accesos al puerto de Manzanillo ha ocasionado que los grupos criminales incrementen la violencia en el estado a tal punto de que se cometen 108 asesinatos por cada 100 mil habitantes, la cifra más alta del país que contrasta con la impunidad que impera en la entidad al solo llegar a juicio el 0.46 por ciento de las 30 mil 673 carpetas iniciadas el año pasado.
Los demás estados que componen el top 10 de la ineficacia judicial son Oaxaca, donde solamente hubo 6 expedientes en los que se levantó acusación penal a los inculpados para tener un 0.001 por ciento de carpetas judicializadas; Sonora con 0.06 por ciento, Hidalgo con 0.07 por ciento, Querétaro con 0.61 por ciento, Tlaxcala con 0.72 por ciento y la Ciudad de México con 0.76 por ciento.
Estados con buena eficiencia en carpetas de investigación
En contraste, estados como Yucatán y Baja California destacan por su relativa eficiencia. El primer estado con 4 mil 772 carpetas logró formular acusación en 518 casos, lo que equivale a un 10.85 por ciento, mientras que el segundo, con 115 mil 272 carpetas, llevó a juicio el 10.21 por ciento de sus casos, mostrando que es posible tener un sistema judicial más efectivo en ciertas regiones del país.
