MANUEL MONROY
Por su lado, Verde, Morena y PT, avalaron la propuesta
La votación en el Congreso de Chiapas para avalar la reforma a los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política por la cual CFE y Pemex pasarán a ser empresas públicas, originó un debate entre siete diputados y diputadas de diferentes partidos políticos, la cual no obstante culminó con su aprobación por 25 votos a favor y cinco en contra.
Tras darse lectura al proyecto de decreto remitido por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la panista Jovannie Maricela Ibarra Gallardo fue la primera en subir a tribuna donde señaló que reformar la Carta Magna al antojo y capricho de una sola persona no es el camino correcto.
«Acción Nacional ha sabido ser oposición responsable y muestra de ello es el acompañamiento a la reforma en materia ferroviaria, pero eso no significa que debamos decir si a todo. Trasladar el concepto de empresas productivas del estado a empresas públicas, pudiera considerarse como un simple cambio de definiciones, pero no es así», dijo.
Añadió que lo que verdaderamente significa este trámite es convertir las deudas de dichas paraestatales en deudas públicas, lo cual traerá como consecuencia que todos los mexicanos y chiapanecos tendrán que pagar por la ineficiencia y corrupción de Pemex y de CFE.
En ese mismo tenor, el priísta Rubén Zuarth, hizo uso de la palabra para criticar esta acción. «Me llama la atención que un mismo artículo se tengan dos posturas distintas. En uno defendiendo la inversión privada y, en otro, desgarrándose las vestiduras por una falsa soberanía».
Señaló manifestarse en contra del Dictamen que modifica los Artículos 25, 27 y 28. «Si bien entendemos la importancia de fortalecer la soberanía energética, está reforma presenta múltiples fallas, que ponen en riesgo no solo la estabilidad del sector, sino también el desarrollo económico y el respeto a los compromisos internacionales que México ha asumido».
En su oportunidad, Andrea Negrón, de Movimiento Ciudadano, quien también voto en contra, refirió que la iniciativa plantea un retroceso significativo a la transición que se debería estar planeando hacia un futuro sostenible y limpio para México, pues en lugar de promover la innovación y competencia en el sector energético, se refuerza la dependencia a combustibles fósiles y limita las oportunidades para las energías renovables.
La legisladora hizo un llamado a la ciudadanía para que se informe. «No permitamos que nos engañen, Esta reforma no ayudará a reducir los costos de nuestros servicios de energía eléctrica, ya que la CFE no cuenta con viabilidad financiera y vale la pena puntualizar que esta paraestatal cerró 2023 con una deuda de 411 mil 946 millones de pesos, además de que la luz subió 25 por ciento».
PT, VERDE Y MORENA, A FAVOR
Elvira Catalina Aguiar, del Partido del Trabajo, fue la primera en defender la iniciativa y durante su intervención respaldó la iniciativa, pues aseguró marcará un antes y un después en la historia de México, solo equiparable con la nacionalización de la industria eléctrica efectuada por Adolfo López Mateos en 1960.
Aseguró que la falta de conciencia histórica para quienes condujeron la política energética en las últimas décadas, mermó las capacidades del pueblo, apalancando los recursos estratégicos de la nación a niveles v ateria de energía eléctrica prevaleció la política de saqueo y desmantelamiento.
Más tarde, la morenista María Mandiola, sostuvo ante el Pleno que el cambio a la Constitución busca poner a México a la vanguardia en las áreas estratégicas de la economía global, «un modelo que contribuya a la política nacional con planeación efectiva coordinado los esfuerzos del sector público con el privado».
Y añadió «Con todo respeto a mis compañeros de oposición, les quiero pedir que vean el Dictamen, pues parece que no lo leyeron, sin apasionamiento, pues es una reforma que expone las reglas claras y que no está en contra de que se hagan asociaciones públicas y privadas en algunas áreas».
De igual manera, la también moenista, María Isabel Rodríguez tomó la tribuna para igualmente apoyar el cambio al indicar que así el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas, es decir, el gobierno federal mantendrá siempre la propiedad de los dos organismos citados.
El último en participar fue el pevemista Jorge Luis Llaven Abarca, quien en una exposición de poco más de diez minutos, recordó que alguna vez México tuvo, a través del estado, a Ferrocarriles Nacionales, así como Teléfonos de México, aeropuertos, autotransportes Dina.
«Éramos un país con gran proyección a nivel internacional, pero después de cuatro décadas en que nos vendieron está política de reducir la intervención del Estado en la economía, lo único que se logró en 40 años, fue acumular la riqueza en unas cuentas manos y crecer la pobreza en la mayoría», subrayó.
Argumentó que hoy con el nuevo modelo económico de la Cuarta Transformación, se le da la importancia a la soberanía del pueblo. «El modelo anterior solo hizo más ricos a los ricos, pues cuando inició sólo habían menos de 10 familias millonarias, pero hoy hay muchísimas más».
