Óscar Gómez
San Cristóbal de La Casas.– Integrantes de la Colectiva Cereza han emitido han denunciando las irregularidades en la investigación del asesinato de Juan, un hombre conocido en su comunidad por su comportamiento violento.
Según Colectiva Cereza Juan tenía un historial de conflictos con sus vecinos y familiares, incluido el asesinato de uno de sus hermanos hace tres años. A pesar de su peligrosa reputación, la Fiscalía Indígena ha optado por acusar a Juana, su esposa, y a Ernesto, yerno de Juan, de su muerte, basándose en lo que la Colectiva considera una «teoría telenovelesca».
En conferencia de prensa, Patricia Aracil afirmó que en proximos días será la apelación, ya que ambos acusados fueron sentenciados a 25 años, por lo que piden su libertad, ya que aseguran la Fiscalía Indígena construyó su caso sobre estereotipos y prejuicios, afirmando que Juana y Ernesto mantenían una relación sentimental, lo cual habría sido el motivo del homicidio.
Además, acusa a la Fiscalía de manipular a los hijos adolescentes de Juan y Juana, identificados como ESS y CSS, forzándolos a testificar en contra de su madre y su tío bajo amenazas. Según la Colectiva, los derechos de los menores fueron vulnerados durante las entrevistas, que no siguieron los protocolos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar la protección de los derechos humanos de los niños y adolescentes.
La Colectiva también señala la falta de garantías procesales durante el juicio, donde los testimonios de los menores fueron presentados por lectura después de que la Fiscalía los declarara «no aptos» para testificar en audiencia. Esta evaluación se basó en una supuesta entrevista psicológica que examinaron, sin pruebas clínicas, que los adolescentes padecían trastorno de estrés postraumático. De manera polémica, la jueza concluyó que los menores sufrían un «trastorno mental transitorio».
Frente a estas irregularidades, la comunidad ha tomado medidas para proteger a los menores y ha impedido que los policías de investigación ingresen nuevamente al territorio. A pesar de esto, la Fiscalía ha argumentado que los niños no comparecen por miedo, lo que, según el comunicado de la Colectiva Cereza, es una distorsión de los hechos. La organización asegura que la verdadera razón es la defensa de los derechos de los menores y la manipulación ejercida por las autoridades
La Colectiva Cereza exige una investigación imparcial y el respeto de los derechos de Juana, Ernesto y los menores involucrados, cuestionando la legitimidad de un proceso judicial que considera viciado desde su origen. Según sus declaraciones, el caso no solo refleja el machismo y los prejuicios contra las mujeres indígenas, sino también un abuso de poder por parte de las autoridades.
