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Alrededor de 210 defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en Mesoamérica entre 2012 y 2023, período en el que se documentaron 35.077 ataques violentos contra activistas, cuyos principales agresores fueron actores estatales, según un informe divulgado este lunes (14.10.2024) en Honduras.
El documento Datos que nos duelen, redes que nos salvan de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) registra el asesinato de 210 activistas entre 2012 y 2023, lapso en el que se reportaron 275 intentos de homicidio. En el mismo período, la organización documentó al menos 35.077 agresiones contra 8.926 defensoras y 956 organizaciones.
Lydia Alpizar, de la IM-Defensoras, explicó que en los últimos años se ha registrado «un agravamiento de la violencia y distintas formas de agresión» contra las defensoras de derechos humanos en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.
Alpizar agregó que, desde el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, las muertes violentas de activistas «se dispararon» en Honduras, país que registra «el mayor porcentaje» de asesinatos de defensoras de la tierra.
La activista enfatizó que esta realidad de «mucha violencia hacia los territorios por parte de empresas, del crimen organizado, de las propias fuerzas del Estado» se observa, con «diferentes matices», en todas las naciones que analizaron. Mesoamérica es un terreno «hostil» para defender los derechos humanos, aseguró Alpizar.
Defensoras de la Justicia, de la tierra y de la libertad de expresión son las más agredidas
El informe de la IM-Defensoras revela que 23 % (6.629) de las agresiones documentadas son contra mujeres que defendían el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, mientras que la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales representa 15,6 % (4.504).
Por otra parte, las mujeres que defienden el derecho a informar y a la libertad de expresión fueron uno de los sectores más afectados, con 14,1 % (4.062), especialmente en El Salvador y Nicaragua.
En tanto, el 45 % de las agresiones contra las defensoras en Mesoamérica provienen de actores estatales, que incluyen a cuerpos policiales (22,9 %), autoridades locales, departamentales, provinciales, nacionales o federales (17,2 %) y fuerzas militares (4,9 %).
Otros agresores son personas desconocidas (20,4 %), empresas (5,3 %), grupos paramilitares (5,3 %), partidos políticos (4,7 %), la comunidad donde viven las defensoras (3 %), medios de comunicación (3 %), crimen organizado (2,9 %) y jerarquías religiosas (2,4 %), entre otros.
